Sancho Sempere presiona a una jueza de Valencia para que resuelva "de inmediato" un recurso clave en su batalla contra la AVJ

José Antonio Sancho Sempere, exsecretario municipal de Canet d’En Berenguer y actualmente abogado, vuelve a situarse en el centro de la polémica judicial. En esta ocasión, ha cargado contra una jueza civil de Valencia por la supuesta demora en resolver un recurso de aclaración que considera clave en su enfrentamiento con la Junta de Gobierno de la Academia Valenciana de Juristas (AVJ).

El nuevo escrito, de tono abiertamente desafiante, se suma a un largo historial de denuncias y querellas presentadas por Sancho contra magistrados, fiscales, periodistas y antiguos colaboradores que han cuestionado su conducta o investigado su trayectoria.

El origen del conflicto se remonta al procedimiento ordinario 140/2022, tramitado en el Juzgado de Primera Instancia número 18 de Valencia. En él, Sancho demandó a miembros de la Junta de Gobierno de la AVJ, a quienes acusaba de autoproclamarse directivos sin título válido y de protocolizar acuerdos para apropiarse de 218.820,66 euros, solicitando la nulidad absoluta de sus actuaciones.

Sin embargo, la defensa aportó sentencias penales firmes que apuntaban en sentido contrario: según dichas resoluciones, fue el propio Sancho quien creó y controló la AVJ para eludir las incompatibilidades derivadas de su cargo público y canalizar actividades privadas a través de un supuesto organismo jurídico “sin ánimo de lucro”.

El 8 de marzo de 2026, el juzgado dictó un auto en el que declaraba la pérdida sobrevenida de objeto y archivaba la demanda. Consideró que Sancho había perdido interés legítimo tras diversas suspensiones por prejudicialidad penal en causas como la conocida “trama de las asesorías” o el caso Egevasa.

La resolución, notificada el 9 de marzo, provocó una reacción inmediata. Un día después, el 10 de marzo, Sancho presentó un recurso de aclaración, subsanación y complemento al amparo de los artículos 214 y 215 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El recurso fue admitido el 12 de marzo y quedó pendiente de resolución.

Transcurrido algo más de un mes sin resolución, Sancho elevó el tono. En un escrito fechado el 15 de abril de 2026 y marcado como urgente, acusa de facto a la jueza de incumplir los plazos legales.

Recuerda que los artículos 214 y 215 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establecen un máximo de tres días para resolver aclaraciones, y subraya que ese plazo ha sido ampliamente superado. “No habiéndose producido ninguna resolución… venimos a impetrar que de inmediato se resuelva el recurso”, señala, insistiendo en que necesita esa decisión para poder interponer recurso de apelación.

El tono del escrito es claramente agresivo y refleja una relación de confrontación con el órgano judicial más que de respeto institucional.

Para la Plataforma de Afectados por las Actividades Ilícitas y Delictivas de José Antonio Sancho Sempere, este episodio no puede entenderse de forma aislada. A su juicio, forma parte de un contexto más amplio en el que la justicia ha ido desmontando la imagen de víctima que el exsecretario proyectaba, señalándolo como el “director de orquesta” de las tramas que trató de atribuir a terceros.

La trayectoria de Sancho está marcada por numerosos procedimientos relacionados con la corrupción en la administración local valenciana.

En 2016, la Audiencia de Valencia lo condenó a dos años de prisión por cohecho, condena confirmada posteriormente por el Tribunal Supremo. En 2022, el Juzgado de lo Penal número 18 de Valencia lo condenó por un delito continuado de prevaricación administrativa, en concurso con negociaciones prohibidas y abusos en el ejercicio de su función, reclamándole más de 150.000 euros por el perjuicio causado al Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer.

Las resoluciones judiciales describen un entramado en el que Sancho, desde la secretaría municipal, habría manipulado contratos, adjudicaciones y asesorías externas, desviando fondos públicos a través de la AVJ y sociedades instrumentales vinculadas a su entorno familiar y profesional.

La Fiscalía Anticorrupción llegó a solicitar hasta siete años de prisión por delitos de estafa, falsedad y blanqueo en el marco de la “trama de las asesorías”, señalándolo como principal acusado y destacando su enorme poder dentro del consistorio, hasta el punto de que “decidía casi todo en materia de política municipal”.

En paralelo, también fue investigado por falsedad documental en una causa civil de herencia, al presentar un documento con firmas presuntamente falsificadas de sus propias hermanas. De este caso surgiría años después la Plataforma de Afectados.

Este colectivo estima que las operaciones fraudulentas coordinadas por Sancho podrían haber desviado hasta siete millones de euros a través de la AVJ y asesorías ficticias, extremo recogido en un auto del Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia.

La Academia Valenciana de Juristas, constituida en el año 2000 como asociación sin ánimo de lucro, se convirtió —según diversas resoluciones— en el eje central del mecanismo diseñado por Sancho.

La Plataforma sostiene que el exsecretario utilizó la entidad para canalizar actividades privadas incompatibles con su cargo, colocando al frente a profesionales que actuaban como fiduciarios sin conocer el alcance real del plan.

Cuando perdió el control de la AVJ y sus antiguos colaboradores intentaron devolverla a la legalidad y recuperar fondos, Sancho respondió con una batería de demandas y querellas por falsedad y apropiación indebida.

El Juzgado de Instrucción número 19 de Valencia dictó un auto especialmente contundente: no solo rechazó sus acusaciones, sino que lo señaló como “verdadero director” de las actuaciones fraudulentas.

Lo que pretendía ser una querella contra terceros terminó convirtiéndose, según distintas crónicas judiciales, en el “acta notarial de su propio descrédito”, abriendo la puerta a posibles acciones contra él por denuncia falsa, estafa procesal y calumnias.

La estrategia de Sancho no se ha limitado a sus antiguos colaboradores. Según diversas informaciones y testimonios recopilados por la Plataforma, ha presentado denuncias y querellas contra magistrados y fiscales que han intervenido en sus causas, acusándolos de prevaricación cuando las resoluciones le han sido desfavorables.

Sus críticos consideran que esta estrategia busca invertir los papeles: quien ha sido condenado e investigado intenta situarse como víctima de una supuesta conspiración judicial.

Algo similar ha ocurrido con periodistas y medios que han informado sobre la corrupción local y la “trama de las asesorías”. Frente a reportajes documentados, Sancho ha respondido con demandas por injurias.

El Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer llegó a denunciar en un pleno extraordinario una “campaña de hostigamiento” vinculada a su entorno, mientras el consistorio y el Tribunal de Cuentas reclaman la devolución de importantes cantidades de dinero.

En el ámbito privado, la Plataforma recoge testimonios de ex trabajadores y ex socios que relatan presiones, manipulación de firmas, uso indebido de sellos profesionales, facturación ficticia y amenazas de acciones judiciales cuando se negaban a participar en estas prácticas.

Según este colectivo, Sancho habría convertido el derecho a acudir a los tribunales en un instrumento de intimidación.

El escrito dirigido contra la jueza civil encajaría, según la Plataforma, en este patrón de presión procesal. No se trataría solo de agilizar un trámite, sino de marcar territorio frente al órgano judicial.

Las resoluciones penales, autos de archivo e informes de control dibujan a Sancho como una figura central en la corrupción local: condenado por cohecho y prevaricación, investigado por falsedad y blanqueo, y señalado como cerebro de tramas que desviaron millones de euros.

Frente a ello, su reacción ha sido reiterada: denunciar, querellarse y acusar de persecución a jueces, fiscales, periodistas y antiguos colaboradores.

El “cazador cazado”, como lo han denominado algunas crónicas, se enfrenta a la paradoja de que la justicia que intentó instrumentalizar se ha convertido en el principal reflejo de su propia actividad.

La Plataforma de Afectados considera este nuevo episodio como un intento de presionar a la judicatura. A su juicio, resulta inaceptable que, tras décadas de procedimientos y condenas, Sancho continúe utilizando los tribunales como herramienta de intimidación.

Recuerdan que el auto del Juzgado de Instrucción número 19 ya desmontó su estrategia, situándolo en el centro de las operaciones fraudulentas. En ese contexto, interpretan su exigencia de resolución “de inmediato” como una advertencia implícita a la jueza.

“Lo hemos visto demasiadas veces: cuando un juez o fiscal no se pliega a sus intereses, responde con denuncias y campañas de difamación”, señalan fuentes del colectivo.

Para la Plataforma, intentar condicionar los tiempos judiciales mediante presión procesal no constituye una defensa legítima, sino un intento de chantaje institucional.

El colectivo subraya que Sancho no es un ciudadano cualquiera, sino un ex alto cargo condenado por corrupción y con causas abiertas en las que la Fiscalía ha solicitado penas de prisión relevantes.

Aseguran que la justicia ha acreditado que creó la AVJ para eludir incompatibilidades y desviar fondos mediante asesorías ficticias y contratos amañados.

“Que alguien con este historial pretenda dar lecciones de legalidad a los jueces es la prueba de que no ha entendido nada”, sostienen.

A su juicio, su conducta responde a un patrón clásico: primero se coloniza la administración y, cuando esta reacciona, se intenta presionar también a los tribunales.

La Plataforma lanza un mensaje de respaldo a jueces y fiscales, a quienes insta a seguir resolviendo con independencia.

Recuerda que diversas resoluciones judiciales han ido desmontando las maniobras de victimismo de Sancho, señalándolo como el “director de orquesta” de la trama.

Frente al nuevo episodio, reivindican el derecho de los jueces a trabajar sin presiones ni campañas de descrédito. “Quien ha utilizado los tribunales como un instrumento personal no tiene legitimidad para dar lecciones”, afirman.

Creada en 2025, la Plataforma agrupa a ciudadanos, juristas y funcionarios afectados por las prácticas atribuidas a Sancho, y ha recopilado decenas de testimonios.

Denuncian que durante años ha utilizado los tribunales para intimidar y destruir reputaciones, y advierten de que ahora intenta aplicar la misma estrategia contra los jueces.

Anuncian que seguirán impulsando acciones legales por denuncia falsa, estafa procesal, calumnias y daños morales, así como iniciativas para recuperar los fondos públicos presuntamente desviados.

Y concluyen con un mensaje directo: “Se ha acabado la época en la que el miedo a sus demandas silenciaba a funcionarios, periodistas y vecinos. Cada nuevo intento de presión solo reforzará la determinación de una ciudadanía que no está dispuesta a volver a someterse al dominio de un corrupto reincidente”.