Sancho y su hija, funcionaria en Contratación en el Ayuntamiento de Canet, validaban las facturas que presentaba la Academia Valenciana de Juristas, el chiringuito que el secretario municipal creó para esquilmar arcas públicas

Sancho, junto a su mujer, en la presentación del libro de Camps en Valencia en febrero.EPDA

El ex secretario, ex interventor y ex jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Canet d´En Berenguer, José Antonio Sancho Sempere, está involucrado ahora junto con su hija Carmen Sancho González, técnico de administración de la Corporación, en un nuevo escándalo de corrupción, al descubrirse recientemente que, tanto el propio Sancho como su hija, conformaban (validaban) facturas de la empresa particular del ex secretario municipal, la Academia Valenciana de Juristas (AVJ), para que fueran abonadas a costa de los arcas municipales con el dinero de todos los contribuyentes. La Guardia Civil descubre que sólo en el año 2012 el saldo de una cuenta de Sancho Sempere era de 3.926.279,78 euros, una cantidad incompatible con un funcionario con un sueldo de 70.000 euros brutos al año.

El nombre del Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer se ve de nuevo envuelto en las tramas de corrupción creadas por el que fuera funcionario municipal y que en esta ocasión involucra, tanto al propio José Antonio Sancho Sempere, como a una de sus hijas, María del Carmen Sancho González, funcionaria del mismo consistorio adscrita al Departamento de Contratación Pública del Ayuntamiento como Técnico de Administración General.

Como El Periódico de Aquí viene informando puntualmente, este siniestro personaje diseñó un plan con el que obtuvo cientos de miles de euros a base de lograr contratos amañados, oposiciones trucadas y desvío de dinero hacia sus cuentas particulares, como ha quedado también recogido en la obra de investigación El zorro en el gallinero.

El saqueo de los fondos públicos que durante años perpetró Sancho Sempere, como capo de la denominada “trama de las asesorías”, tenía como objetivo esquilmar dinero público de diversos ayuntamientos y otras entidades públicas de la Comunitat Valenciana con la colaboración, en mayor o menor grado, de todos los miembros de su familia, funcionarios del Ayuntamiento de Canet, empresarios y políticos.

La trama de las asesorías ha afectado hasta el momento a 15 municipios valencianos, 3 empresas públicas, implicó como investigados a mas de 50 personas, pasaron por los Juzgados casi 100 testigos y peritos dentro de las 15 piezas judiciales que se incoaron. Ha durado hasta el momento 12 años de investigaciones. El informe de la Unidad de Delitos Económicos y Urbanísticos de la Comandancia de la Guardia Civil tiene 2 tomos y 2.480 páginas. Afectó a 3 Juzgados de Instrucción, 5 Juzgados de lo Penal, 3 Salas de la Audiencia Provincial de Valencia y a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Estuvieron investigando la causa 4 fiscales adscritos a la Fiscalía Provincial de Valencia. Se han dictado al menos 3 sentencias condenatorias contra Sancho Sempere por 3 delitos diferentes: delito continuado de prevaricación administrativa, delito continuado de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función y delito de cohecho.

La citada familia, según los informes elaborados por el Equipo de Delitos Económicos y Urbanísticos de la Comandancia de Valencia, de la Dirección General de la Guardia Civil, está compuesta por las siguientes personas:

-JOSE ANTONIO SANCHO SEMPERE

-AMPARO GONZALEZ SANCHIS

-JOSE ANTONIO SANCHO GONZALEZ

-AMPARO SANCHO GONZALEZ

-MARIA INDA SANCHO GONZALEZ

- CARMEN SANCHO GONZALEZ

De alguna u otra forma y en mayor o menor medida, todos los miembros de la familia tuvieron relación con el entramado de la trama de las asesorías.

Sancho Sempere para obtener ilícitamente dinero público de varias entidades creó, dirigió y administró los siguientes chiringuitos particulares:

-ACADEMIA VALENCIANA DE JURISTAS

-ASESORES PROFESIONALES

-MILLENA III MILENIO

-FEDERACION PROFESIONAL VALENCIANA

-JOSE ANTONIO SANCHO ABOGADOS SLP

-ASOCIACION AGROPECUARIA DE LA SERRANIA

En todas las citadas entidades había unas notas comunes:

1. Todas ellas fueron creadas, controladas, gestionadas y dirigidas desde el primer momento por Sancho Sempere con el solo propósito de ser sociedades instrumentales para generar ingresos de empresas y corporaciones públicas

2. En todas puso al frente como miembros de las juntas directivas a terceras personas (testaferros, mandatarios e intermediarios) y en algunas ocasiones a su mujer y a sus propios hijos, para que hicieran los trabajos del objeto social de cada una de ellas, en general asesoramientos jurídicos o participasen en la actividad o representación de los referidos chiringuitos corruptos.

3. Todas tenían como objetivo primordial conseguir dinero público por lo general a base de contratos de prestación de servicios con Ayuntamientos y otras entidades públicas, bien con adjudicaciones directas ilegales, bien con concursos amañados.

4. Todas generaban ingresos que iban a parar a las diferentes cuentas bancarias creadas al efecto por Sancho Sempere hasta un total de 57 cuentas bancarias que usaba específicamente para tal fin.

En definitiva la trama ha supuesto un enorme coste económico para los contribuyentes y el causante no ha sido otro que el corrupto José Antonio Sancho Sempere y varios miembros de su corrompida familia.

Cuando en el año 2013 la justicia tomó cartas en el asunto y por orden del Juzgado y de la Fiscalía Anticorrupción, el Equipo de Delitos Económicos y Urbanísticos de la Comandancia de Valencia, de la Dirección General de la Guardia Civil la comandancia de la Guardia Civil, elaboró un exhaustivo y detallado informe sobre las actividades de Sancho Sempere en el periodo comprendido entre los años 2007 a 2015.

En dicho informe se afirma que la trama afectó, entre otras, a las siguientes entidades públicas:

-Canet d'En Berenguer.

-Cheste

-San Antonio de Benagéber

-Real de Gandia

-Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana

-Junta de Andalucía

-Egevasa

Por lo que respecta a Canet y con la necesaria colaboración de su hija Carmen Sancho González en el departamento de Conttratación, el ex secretario logró hasta en dos ocasiones que el contrato de asesoramiento jurídico de Canet acabara siendo adjudicado a la empresa privada de su padre, es decir, la Academia Valenciana de Juristas.

Según fuentes judiciales y policiales, Sancho Sempere, funcionario de la Administración Local con habilitación nacional, accedió de forma provisional al puesto de Secretario General del Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer en el año 1989, accediendo posteriormente mediante concurso estatal a dicha plaza en propiedad.

Sancho Sempere era entonces, además, abogado en ejercicio adscrito a los Ilustres Colegios de Abogados de Valencia y Alcoi.

Paralelamente al desempeño de su cargo funcionarial, el ex secretario el 27 de noviembre de 2000 decidió fundar una organización empresarial denominada Academia Valenciana de Juristas (AVJ).

Inicialmente, el ámbito profesional de la AVJ quedó delimitado a las personas que se dedicasen profesionalmente al derecho, y su objeto estuvo dirigido a la promoción y defensa de cuantas actuaciones afectasen de cualquier forma a sus asociados, a la profesión de jurista o al derecho.

La Academia se constituyó como una asociación sin ánimo de lucro. Sin embargo, fue aprovechada por Sancho Sempere para canalizar su actividad profesional de carácter privado, manteniendo relaciones profesionales con distintas administraciones públicas, entre las que se encontraba el propio Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer. Él siempre negó que tuviera nada que ver con la AVJ, pero El Periódico de Aquí empezó a publicar sus vinculaciones a partir del año 2011. Para ocultar maliciosa y deliberadamente su condición de director y gestor de la AVJ puso formalmente al frente de la misma a tres profesionales del derecho que, desconocedores de los términos en los que se formalizaban las contrataciones pactadas entre la Academia con sus clientes, se encargaron, siguiendo las instrucciones de Sancho Sempere, de tramitar los pleitos que le eran encomendados a la AVJ.

Estos tres profesionales engañados, así como otras personas ajenas al procedimiento, fueron incluidas por Sancho Sempere como miembros de la Junta de Gobierno de la AVJ, pero lo cierto era que quien la dirigía y gestionaba era el propio Sancho Sempere.

Respecto a las relaciones mercantiles que mantuvo con el Ayuntamiento de Canet, en el año 2007, con ocasión del cambio de gobierno municipal, Sancho Sempere, haciendo uso de sus funciones de asesoramiento legal que le atribuye la ley respecto a la alcaldesa de la Corporación en aquel momento, Amparo Mañó Canet, le explicó que la Academia era la empresa que venía prestando para el Ayuntamiento las labores de defensa y asistencia en juicio era la AVJ, omitiendo deliberadamente su vinculación personal y profesional con dicha asociación.

Asimismo, le explicó la contratación formalizada con la Academia por el anterior alcalde, Enrique Altabella, ambos de Esquerra Unida, indicándole que debía continuar prestando estos mismos servicios para la corporación y en idénticas condiciones.

De esta forma, la alcaldesa, en la errónea creencia de que la contratación se ajustaba a las prescripciones legales, el día 10 de agosto de 2007, siguiendo las instrucciones dadas por el entonces Secretario General, acordó encomendar a la AVJ la defensa y representación del Ayuntamiento en los pleitos en los que pudiera verse implicado. Para ello, confirió poderes procesales a uno de los colaboradores de la AVJ y subordinado de Sancho Sempere.

Gracias a estas decisiones de la regidora, el ex secretario se procuró la continuación de la relación profesional de su sociedad particular, la Academia Valenciana de Juristas, con el Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer.

Asegurada la continuación de la contratación, Sancho Sempere, aprovechando nuevamente su condición de Secretario General del Ayuntamiento, se constituyó en el interlocutor entre la AVJ y la Corporación, decidiendo los pleitos que debían derivarse a dicha asociación profesional, fijando las minutas correspondientes y manteniendo como forma de contratación pública la sucesión de contratos menores por una cuantía que sobrepasaba el límite legalmente establecido.

Según indica el informe elaborado por la Guardia Civil, esta contratación menor fraudulenta se sucedió desde el año 2007 hasta el año 2011, formalizada con la simple emisión de una factura de carácter mensual, siempre por los mismos servicios de asesoramiento y asistencia legal, necesidad recurrente del Ayuntamiento que hubiera precisado de la convocatoria de un proceso de contratación pública, que respetase los principios de publicidad y concurrencia, básicos en los procedimientos de contratación administrativos. En ejecución de este plan ilícito, entre los años 2007 a 2011 la AVJ emitió una serie de facturas mensuales por un importe aproximado de 2.800 euros. En 2011 irrumpe El Periódico de Aquí y el sistema queda al descubierto poco a poco.

El importe total del servicio facturado ascendió a 151.735,52 € (IVA incluido), habiendo sido satisfecho en su integridad por el Ayuntamiento de Canet.

LA HIJA, CÓMPLICE

En el año 2011 con ocasión de un nuevo cambio de alcaldía, Sancho Sempere dio instrucciones para la convocatoria de un concurso público para la licitación del servicio de defensa y asistencia jurídica. Siguiendo las indicaciones anteriores, se tramitó el expediente n.° 14/2011, incoado por Providencia de Incoación de Alcaldía de 1 de marzo de 2011. El expediente fue tramitado por la Dependencia de Contratación del Ayuntamiento, en la que ejercía las funciones de Técnico de la Administración General la hija de Sancho, Carmen Sancho González, que fue designada por el Alcalde como la funcionaria encargada de la tramitación del expediente.

En el ejercicio de las funciones que le fueron encomendadas, la señora Sancho González el 25 de marzo de 2011 emitió una Circular Interna por la que solicitó a la Secretaría la emisión de un informe sobre los Pliegos y demás temas considerados como preceptivos, así como una Circular Interna dirigida a la Intervención para que evacuase un informe relativo a la fiscalización del gasto. En la misma fecha la señora Sancho González emitió un Informe de Contratación, acordando la tramitación del expediente y especificando los trámites que debían seguirse. Hija y padre conchavados por un solo objetivo: que la empresa del padre siguiera con los asuntos jurídicos del Ayuntamiento.

Tras la redacción del Pliego de Prescripciones Técnicas y de Cláusulas Administrativas Particulares, el 28 de marzo de 2011 Sancho Sempere, en su condición de Secretario del Ayuntamiento, emitió un Informe fijando la normativa de aplicación al expediente, concluyendo que la Alcaldía podía proceder a la adjudicación del contrato con arreglo al expediente tramitado por su hija.

Y así por Decreto de la Alcaldía de 18 de abril de 2011 se acordó tramitar el expediente por medio de un procedimiento negociado sin publicidad, con un presupuesto máximo de 60.000 euros más el 18% de IVA, con una duración de dos años. Asimismo, acordó aprobar el expediente de contratación, autorizar y disponer del gasto, y la aprobación de los Pliegos de condiciones administrativas. La resolución adoptada por el alcalde de la Corporación se fundó en los informes técnicos elaborados por la señora Sancho González.

Para asegurarse la adjudicación del contrato de asistencia jurídica, limitando la concurrencia de otros profesionales, Sancho Sempere decidió enviar las invitaciones a dos asociaciones gestionadas por el propio secretario municipal, estas fueron, la AVJ y la sociedad profesional José Antonio Sancho Sempere SLP, así como a un despacho de abogados ajeno al mismo. La única sociedad que presentó oferta fue la AVJ por un precio de 57.600 euros más el IVA correspondiente. Al tratarse de la única ofertante, por Decreto d la Alcaldía de 4 de mayo de 2011, se acordó adjudicar el contrato de asistencia jurídica a la AVJ por el precio ofertado. Dicha resolución se adoptó en atención a la tramitación del expediente dirigida por la hija de Sancho.

Tras la adjudicación del contrato, se procedió a la firma el día 6 de mayo de 2011, en cuya firma intervinieron Gabino, el Alcalde del Ayuntamiento, y un abogado empleado de Sancho en representación de la AVJ. Desde la firma del contrato, la AVJ comenzó a facturar al Ayuntamiento el servicio contratado desde el mes de mayo de 2011 hasta el mes de mayo de 2013, ajustando las minutas al precio del contrato firmado.

La Fiscalía, al tener conocimiento de tamañas corruptelas, acusó del delito de prevaricación y de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tanto al padre como a la hija. Como quiera que Sancho Sempere ya había sido condenado en dos sentencias judiciales firmes dictadas por el Tribunal Supremo, una por cohecho, y la otra por prevaricación por lo que esta reincidencia podía ser considerada como una circunstancia agravante, decidió inculparse en la pieza judicial de Canet, una de las causas que formaban partes de la trama de las asesorías.

Y ello también con el objeto de evitar que su hija, Carmen, pudiera ser condenada por los delitos referidos, con riesgo de ingresar en prisión y terminar de esa forma bruscamente su carrera dentro de la administración pública municipal.

Y por esas razones, Sancho Sempere se autoinculpó y fue condenado por el Juzgado de lo Penal 18 de Valencia que en virtud de sentencia de fecha 21 de julio de 2022 por delito continuado de prevaricación administrativa en concurso con otro delito también continuado de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y actividades prohibidas. Una sentencia que destapó en exclusiva en septiembre de 2024 El Periódico de Aquí, tras tener conocimiento de su existencia y solicitar al TSJCV el contenido de la misma.

La sentencia judicial que es firme y fue aceptada por Sancho, dice:

“Que según se anticipó oralmente en el Juicio, debo CONDENAR Y CONDENO a José Antonio Sancho Sempere como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa del art. 404 y 74 CP, en su redacción original vigente en la fecha de los hechos en concurso medial con un delito continuado de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función del art. 439 CP y 74 CP, en su redacción dada por la LO 5/20, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, a la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN y ACCESORIA DE INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO AL DERECHO AL SUFRAGIO PASIVO DURANTE LA CONDENA, 6 MESES DE MULTA A RAZÓN DE UNA CUOTA DIARIA DE 10 EUROS CON RESPONSABILIDAD PERSONAL SUBSIDIARIA EN CASO DE IMPAGO de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa no satisfechas y 12 MESES DE INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL CARGO DE FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN NACIONAL; y abono de las costas procesales (incluidas las de la acusación particular

Pero lo relevante de esta última sentencia es que Sancho Sempere reconoció de forma expresa que era él el que dirigía, gestionaba y controlaba a la ACADEMIA VALENCIANA DE JURISTAS (como también ocurría con las otras asociaciones creadas por Sancho Sempere como la FEDERACION PROFESIONASL VALENCIANA).

Una historia repleta de cómplices, entre políticos, funcionarios y empresarios, que ha quedado plasmada en el libro El zorro en el gallinero.

Pues bien, la autoinculpación judicial de Sancho Sempere en el año 2022 ante el Juzgado de lo Penal 18 de Valencia para salvar a su hija en la causa judicial de Canet puede no haber servido para nada. Y ello porque ahora se ha sabido que, tanto el padre como la hija, conformaban, es decir validaban para su pago algunas de las facturas que la Academia Valenciana de Juristas (empresa privada de Sancho Sempere) presentaba al cobro al Ayuntamiento de Canet.

Es decir que ambos están involucrados en otros delitos diferentes a los enjuiciados en la pieza de Canet.

Porque resulta del todo fraudulento que el padre, Sancho Sempere, siendo funcionario público y secretario municipal valide una factura de una de sus empresas particulares para que sea abonada e ingresada en una de sus cuentas privadas por el Ayuntamiento de Canet.

Por su parte, Carmen Sancho González, delinque presuntamente, al validar como funcionaria al frente de la contratación, facturas de una empresa particular de su padre, habiendo ella favorecido con su actuación pública la contratación de dicha empresa privada de su progenitor.

En un ayuntamiento en España, según la normativa vigente, el funcionario encargado de validar las facturas de una empresa privada de servicios es el Interventor o un miembro del departamento de Intervención. Esta área se encarga de la fiscalización y control de los aspectos económicos y financieros del ayuntamiento, incluyendo la verificación de facturas para asegurar que cumplen con la legalidad, que los servicios han sido efectivamente prestados y que los importes son correctos antes de proceder a su pago.

Pero claro Canet no es un Ayuntamiento normal. Aquí la familia Sancho reinaba a sus anchas como si de un cortijo propio se tratase. Por eso el secretario (Sancho Sempere) y la responsable de contracción /Sancho González) hacían y deshacían a su antojo validando facturas de sus propias empresas como si tal cosa.

Lo alarmante de este asunto en que ni el interventor, ni el alcalde de turno, ni ninguno de los concejales supiesen tales abusos delictivos.

Puede que la razón estuviera, como señala la sentencia de 21 de julio de 2022, en el hecho de que Sancho ocultara a todo el mundo que era el único y exclusivo dueño de la AVJ y obviamente esa tapadera no tenía otro motivo de cobrar ilegalmente facturas de sus empresas particulares pese a su condición de secretario municipal y funcionario público.

Pero claro en un caso de corrupción de tal calado siempre hay muchos beneficiados pero también hay algún que otro perjudicado.

Y fue uno de estos últimos el que, mediante una denuncia anónima presentada ante la Fiscalía, reveló algunas de estas maniobras delictivas y del hilo se llegó al ovillo.

Fuentes jurídicas consultadas por El Periódico de Aquí han señalado que la citada sentencia de conformidad penal dictada en la pieza judicial de Canet, como otras anteriores y posteriores podría ser anulada como consecuencia de estas nuevas revelaciones que ahora han sido conocidas por este medio de comunicación.

En concreto pudiera suceder que concurriendo el delito de estafa procesal dichas sentencias serían nulas.

El citado delito de estafa procesal consiste en engañar al Juez en un juicio con alguna prueba o algún otro mecanismo fraudulento que induce al error al Juzgador que dicta una resolución favorable al falseador sin saber que está siendo engañado por este.

Por otra parte y también recientes investigaciones realizadas por la Guardia Civil han revelado que solo en el año 2012 el saldo de una de las cuentas de Sancho Sempere ascendía a 3.926.279, 78 euros, absolutamente incompatible con un funcionario que, según los datos que constan en el informe aportado por la Comandancia a las piezas de la trama, percibía 70.000 euros brutos al año.

Esta astronómica cantidad podría también ser objeto de investigación por la Fiscalía de la Provincia de Valencia y también por la Agencia Anti Fraude de la Comunitat Valencia, así como por los numerosos afectados por la trama delictiva creada por el corrupto ex secretario municipal como por ejemplo el propio Ayuntamiento de Canet. Incluso la Agencia Tributaria podría entrar también a investigar semejantes incrementos de patrimonio en la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas de Sancho Sempere.

El Periódic ode Aquí ha sabido igualmente que ya constan presentadas en los Juzgados de Instrucción de Valencia varias querellas criminales contra Sancho Sempere y su familia por las actividades delictivas cometidas en la trama de las asesorías que contempla la comisión de numerosos delitos tipificados en el Código Penal como apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales, estafa procesal, falsedad documental y delito contable, entre otros.

Aunque está por determinar el importe total de la trama de las asesorías hasta el momento podría alcanzar ya la cantidad de SIETE MILLONES DE EUROS en el periodo temporal comprendido entre los años 2007 a 2015.

Este medio sigue la pista a esta información y pondrá en conocimiento de la opinión pública los datos precisos en cuanto tenga la información contrastada.

En todo caso conviene recordar aquí que Sancho Sempere como consecuencia de las graves irregularidades observadas fue encausado judicialmente y posteriormente condenado también por otras causas judiciales a pena de prisión, como este medio periodístico ha informado anteriormente.

Fue condenado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, que también condenó a la ex alcaldesa de La Pobla de Farnals, Natividad García Castellar.

Ambos fueron condenados por el delito de cohecho.

Esta sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia fue recurrida por vía de recurso de Casación ante el Tribunal Supremo que resolvió de forma definitiva la cuestión en la

Sentencia de fecha 18 de noviembre de 2016, desestimando el recurso de casación interpuesto por Sancho Sempere y ratificando la sentencia de la Audiencia que decía:

“Debemos condenar y condenamos a José Antonio Sancho Sempere y Natividad García Castellar, como responsables criminalmente en concepto de autores de sendos delitos de cohecho, sin la concurrencia de circunstancias modificativas, a las penas de 2 años de prisión, multa de 13 meses a razón de 20 euros diarios e inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante la condena para José Antonio Sancho Sempere, y a las penas de 2 años de prisión, multa de 13 meses a razón de 20 euros diarios e inhabilitación especial de empleo y cargo público y derecho de sufragio pasivo durante 4 años para Natividad García Castellar; imponiendo a ambos el pago de costas procesales proporcionalmente devengadas”.

Fue condenado también por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la pieza judicial del CONSORCIO DE MUSEOS DE LA GENERALIDAD VALENCIANA que vuelve a condenar a José Antonio Sancho Sempere por el delito de prevaricación en los siguientes términos:

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

Condenar a JOSE ANTONIO SANCHO SEMPERE y a RAFAEL PARRA MATEU por un delito continuado de prevaricación de los arts. 404 y 74 CP a las penas de cuatro años y seis meses y nueve años respectivamente de inhabilitación especial para el ejercicio de todo cargo o función pública que comporten manejo de fondos públicos o decisiones o intervención en contratación.

José Antonio Sancho Sempere, ex secretario del Ayuntamiento de Canet y capo de la llamada “trama de las asesorías”, se enriqueció durante años a costa de ayuntamientos y entidades públicas y consiguió crear 7 chiringuitos jurídicos, ser titular de 57 cuentas bancarias, 4 inmuebles urbanos, (uno de ellos en Canet) 82 fincas rústicas, un yate privado (Millena) y vehículos de alta gama que fueron a parar a su patrimonio personal y al de su familia.

La trama de las asesorías: un escándalo que no cesa de indignar

En los últimos años, España ha sido testigo de una serie de escándalos políticos y económicos que han erosionado la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Uno de los casos que sigue resonando con fuerza, alimentando titulares y desatando oleadas de indignación, es el de la trama de las asesorías que pese al tiempo trascurrido desde que se hizo público el escándalo no deja de indignar a la opinión pública valenciana.

Este caso de la trama de las asesorías perpetrado por José Antonio Sancho Sempere en colaboración con varios miembros de su propia familia como su esposa Amparo González Sanchis y su hija Carmen Sancho González, y que combina corrupción, opacidad en la gestión pública y el uso cuestionable de recursos, no solo se resiste a desaparecer del foco mediático, sino que continúa destapando nuevas ramificaciones que mantienen el debate vivo y la frustración ciudadana en notable aumento.

Como decimos se acaba de conocer que con relación al año 2012 la Guardia Civil ha encontrado una cuenta privada de Sancho Sempere con un saldo de casi CUATRO MILLONES DE EUROS.

La génesis de esta trama, como este medio viene publicando desde hace tiempo, se remonta a una serie de contratos y asesorías otorgados por diversas administraciones públicas a empresas o individuos cercanos a las áreas de poder de varios consistorios valencianos. Lo que inicialmente parecía un caso aislado de mala praxis administrativa pronto se reveló como un entramado mucho más complejo y sobre todo mucho más grave.

Investigaciones periodísticas, policiales y judiciales han puesto al descubierto pagos millonarios por servicios realizados por empresas privadas de un señor que abusa de su posición en un cargo para enriquecerse a costa del erario público.

Informes falsos, facturas manipuladas y una red de relaciones personales entre contratantes y contratados han sido el combustible de esta polémica trama que no deja de proporcionar episodios lamentables de corrupción en la administración pública valenciana.

El papel que los medios de comunicación han tenido para destapar todo este corrupto engranaje ha sido esencial.

El PERIODICO DE AQUÍ ha sido en este sentido un referente en la búsqueda de la limpieza ética y jurídica publicando documentos, informes y testimonios que señalaban a funcionarios corrompidos, figuras políticas implicadas y empresarios contaminados.

Aunque las acusaciones iníciales se centraron en el ámbito local, pronto se extendieron a niveles autonómicos, salpicando incluso a partidos de distinto signo político. Este carácter transversal ha complicado el discurso de unos y otros, que han intentado desmarcarse del escándalo mientras señalaban con el dedo a sus adversarios. Sin embargo, para la opinión pública, el mensaje es claro: nadie parece estar libre de sospecha.

A día de hoy, la trama de las asesorías sigue generando noticias y casi todas ellas de enorme calado informativo.

Esta semana un nuevo informe de la Guardia Civil ha sacado a la juez nuevas arbitrariedades y abusos de Sancho Sempere que este medio de comunicación está estudiando para poner los hechos que se han destapado ahora en conocimiento público tan pronto como finalice la investigación periodística.

Todo lo cual ha reavivado la indignación de muchos ciudadanos especialmente en Canet, el municipio más afectado por el caso de la trama corrupta de las asesorías.

“¿Hasta cuándo vamos a seguir pagando los platos rotos de esta vergüenza?”, se preguntaba un vecino, resumiendo el sentir de muchos.

Pero la trama no solo indigna por su magnitud económica, sino también por lo que representa: un sistema que, para amplios sectores de la población, parece diseñado para perpetuar privilegios y proteger a los responsables.

Pero nadie parece mover un dedo para reparar los enormes daños y perjuicios que ha irrogado el caso.

Solo los artículos que viene publicadnos este medio de comunicación alimenta la percepción de que algo está sucediendo y que ya es hora de conocer todos los hechos y reparar todas las injusticias.

El impacto social de este escándalo es innegable. En un contexto de inflación persistente, precariedad laboral y recortes en servicios públicos, saber que millones de euros han terminado en manos de funcionarios corruptos resulta intolerable para muchos.

Las protestas, aunque no masivas, siguen proliferando.

¿Qué nos dice este escándalo sobre el estado de nuestra democracia? Para algunos analistas, la trama de las asesorías es un síntoma de problemas estructurales más profundos: la falta de mecanismos efectivos de control, el clientelismo enquistado en la política y una cultura de tolerancia hacia la corrupción que se resiste a desaparecer. Para otros, es una oportunidad para impulsar reformas profundas, desde una mayor transparencia en la contratación pública hasta sanciones más duras para los corruptos.

La ciudadanía sigue esperando respuestas. La trama de las asesorías, lejos de ser un capítulo cerrado, parece destinada a seguir dando que hablar. Cada nuevo dato que sale a la luz es un recordatorio de que el problema no está solo en los hechos concretos, sino en un sistema que los permite. Y aunque la indignación es un motor poderoso, el desafío está en transformarla en algo más: en un cambio real que devuelva la confianza perdida. Por ahora, el eco de este escándalo sigue resonando, y no parece que vaya a apagarse pronto.

Mientras tanto, la sombra de José Antonio Sancho Sempere y de algunos miembros de su familia sigue planeando sobre Canet de Berenguer, un municipio que lucha por dejar atrás un pasado marcado por la codicia desaforada, la ambición desmedida y el abuso descomunal de poder.

La pregunta que queda en el aire es clara: ¿hasta dónde llegó realmente esta red de corrupción y quiénes más podrían estar implicados?

Solo el tiempo, las nuevas investigaciones periodísticas y las futuras diligencias judiciales tendrán la última palabra.