Sergi
Campillo y Consol Castillo han calificado como “recurso de la
vergüenza” y “recurso maligno” el presentado por la
Delegación del Gobierno para anular el acuerdo de modificación de
plantilla que permitía al Ayuntamiento contratar, con la subvención
de 3.151.450 euros de la Consellería de Igualdad, personal para
llevar a la cabo la valoración de miles de ciudadanos y ciudadanas
en situación de dependencia. Los dos concejales del Govern de la Nau
han reclamado “a la Delegación del Gobierno, al gobierno de España
y al Partido Popular que retiren inmediatamente ese recurso porque
están poniendo en peligro el bienestar de esos miles de vecinos y
vecinas de València.”
“El
Partido Popular, en lo que nosotros consideramos el recurso de la
vergüenza, nos insta a anular ese acuerdo de modificación de
plantilla y con ello imposibilita la contratación de personas y la
valoración de los miles y miles de personas de nuestra ciudad que
están en situación de dependencia esperando a ser valoradas “, ha
afirmado el concejal de Gobierno Interior y Personal. “El recurso
de la vergüenza ataca a la autonomía local y nosotros no vamos a
aceptar que, en ningún caso, caso el gobierno Central en manos del
Partido Popular impida que atendamos a tantas personas que están
esperando a ser valoradas para acceder a su derecho a la Ley de
Dependencia.”
Campillo
ha recordado el trabajo “muy duro realizado durante estos meses en
el Servicio de Personal para poder tener a punto las bolsas. La
semana pasada constituimos la de trabajadores sociales y en los
próximos días s constituiremos la bolsa de educadores sociales. En
ningún caso vamos a consentir que el gobierno del Partido Popular
nos impida contratar a ese nuevo personal.”
Ha
calificado de “vergüenza mayúscula e indecencia” que el PP
quiera impedir que se valore la dependencia. Se les habría de caer
la cara de vergüenza por este recurso en el que la Delegación del
Gobierno pide al juzgado que suspenda cautelarmente el acuerdo
tomado por el Pleno el 30 de marzo pasado, con la intención de
impedir las nuevas contrataciones. Pero voy a ser muy claro: nosotros
vamos a seguir con nuestra hoja de ruta en defensa de los vecinos y
vecinas de nuestra ciudad que están en una situación complicada.
Vamos a oponernos y defenderemos absolutamente la autonomía
municipal y la decencia."
En
la rueda de prensa en la que han comparecido ambos miembros del
Govern de la Nau, Campillo ha hablado de “boicot del Partido
Popular” a la valoración para que las personas no puedan acceder
a las ayudas de la Ley de Dependencia. “Quieren ahogar el éxito de
las políticas sociales del Govern del Botànic y del Govern de la
Nau”. Ha recordado la “la reducción que ya han hecho de miles de
personas de la lista de espera”, y reiterado que “no lo vamos a
consentir. Nos pondremos del lado de los vecinos y de las vecinas,
que son lo más importante.”
Más
tarde ha señalado que “a quien ataca este recurso no es al
Govern de la Nau, es a las personas que están esperando ser
valoradas. El Partido Popular quiere dejarlas en la estacada, quiere
dejar en la cuneta a miles y miles de vecinos y vecinas que están
esperando su valoración para acceder a las ayudas”.
Esta
rueda de prensa ha sido convocada tras haber tenido conocimiento de
que “la Delegación del Gobierno, manos del Partido Popular, ha
impugnado vía judicial el acuerdo del Pleno del día 30 de marzo que
se refería a una modificación de la plantilla que teníamos que
hacer para asumir las competencias de valoración de la dependencia
que la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas ha
determinado que se haga a través de los ayuntamientos, y para eso
ha subvencionado con más de 3 millones de euros este año la
contratación del personal necesario”.
Con
ese dinero estaba y está previsto contratar a un total de 62
personas entre técnicos medios, técnicos auxiliares, subalternos,
personal administrativo, educadores sociales, sociólogos, psicólogos
o y agentes de desarrollo. En mayo de 2017, dos meses después del
acuerdo del Pleno, la Delegación del Gobierno ya instó a anularlo
vía administrativa argumentando la Ley Presupuestaria y el Estatuto
Básico del Empleo “con argumentos erróneos y en nuestra opinión
confundiendo los términos, porque si bien es cierto que las
administraciones no podemos aprobar incrementos retributivos por
encima de lo que marca la ley, en ningún caso la ley prohíbe
incrementos del Capítulo 1 y del gasto de personal, y más si
estábamos asumiendo una nueva competencia” y disponiendo de una
subvención finalista de la Consellería para contratar personal”
El
Ayuntamiento tiene el mandato de la Consellería de Igualdad para
valorar la dependencia, de “los miles de personas que hay en esta
ciudad esperando a ser valoradas y que no se puede hacer con la
plantilla actual, Por eso nos dan una subvención finalista para
contratar personal para esa valoración, y hemos de aprobar una
modificación de plantilla porque hemos de aumentar plazas de las
diferentes categorías laborales “
“EN
POLÍTICA NO VALE TODO”
Idéntico
malestar ante este recurso y firmeza para exigir su retirada ha
mostrado Consol Castillo, la concejala responsable del área de
Desarrollo Humano. “En política no vale todo- ha dicho- , y este
recurso que Sergi Campillo ha valorado como el de la vergüenza se ha
hecho desde la maldad y esconde un gran contenido de maldad, porque
detrás hay una gran cantidad de personas vulnerables
Ha
informado Castillo de que, según un informe realizado a finales de
2016, “detectamos que había valoradas en situación de
dependencia alrededor de 10.500 personas, de las que el 60% son
mujeres. Por otro lado, en torno al 60 % del total de personas con
algún grado de dependencia reconocido es mayor de 64 años, el
28’15% tiene entre 85 y 94 años, y el 19’22% entre 75 y 84
años. ”Esas personas son la foto fija de la ciudadanía a la que
va a afectar ese recurso si es admitido a trámite”. Castillo ha
precisado, por otro lado, que más del 98% delas personas
dependientes “tienen nacionalidad española, son personas de aquí
que viven aquí, de manera que los datos desactivan eventuales
discursos xenófobos“.
Ha
asegurado que “Este decreto lo que hace es actuar de forma maligna
porque pretende atacar al Govern de la Nau, que es el gobierno de la
ciudad de València y que en servicio sociales está haciendo una
tarea positiva e importante”. Ha recordado que “cuando llegamos
la Delegación estaba vacía, con una quinta parte del personal que
le correspondía por la ratio de los servicios sociales del Estado.
Estamos realizando un trabajo intenso y no vamos a consentir que ese
trabajo que hemos hecho quede parado por una decisión frívola y
quiero pensar que no suficientemente meditada por el Partido
Popular, ahora que está a punto de culminarse con la incorporación
de nuevo personal que nos ayudará a mejorar y a que el tiempo de
tramitación sea más breve.”
Después
de recordar que la plantilla de Servicios Sociales se ha incrementado
en 73 personas con el Govern de la Nau, Castillo ha afirmado que
“Vamos a intentar parar el recurso y a hacer un llamamiento para
que las asociaciones y entidades se opongan también a este recurso
que podría tener unas consecuencias dramáticas, porque si las
personas pendientes de esa valoración han de esperar dos años más,
es posible que algunas ya se hayan muerto, No nos merecemos este palo
que nos quiere colocar en las ruedas el Partido Popular”.
Castillo
ha contado que “en estos momentos tenemos cerca de 30.000
expedientes vivos (29.853) en los que intervenimos”. Ha señalado
que “la valoración de la dependencia es un proceso complejo. Una
persona demandante ha de presentar una documentación, se le ha de
hacer un estudio de entorno, una valoración social, una valoración
médica, visitar la vivienda de la personas valorada y después
hacer una propuesta individualizada de cada una”.
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