Paula Llobet Quién le iba a decir a los hosteleros de
nuestra Comunitat que este enero iban a afrontar la cuesta más difícil de los
últimos tiempos. Y digo quién porque hasta el mismo lunes la Generalitat seguía
enviándoles mensajes tranquilizadores. Ese día, 18 de enero, el president del
Consell afirmó que el 56% de los contagios se producían en el ámbito
domiciliario o en la "estricta intimidad". 24 horas después anunció
el cierre total de la hostelería.
¿Qué pasó en esas 24 horas para un cambio
de rumbo tan drástico? La respuesta la dio el presidente de la Federación de Hostelería
Valenciana, Manuel Espinar: “Felicitamos a todos los políticos que nos
querían cerrar, mañana habrá más familias arruinadas, eso sí el Botánico estará
más unido que nunca”. Chapó.
La capacidad de resistencia de los
hosteleros sobrepasa todos los límites. Se han lanzado mensajes criminalizando
a un sector que ha hecho un esfuerzo enorme, que ha invertido para adaptarse a
las nuevas restricciones y que sólo ha recibido a cambio más y más golpes.
Después de diez meses sin apenas actividad,
los gastos se han mantenido intactos (impuestos y tasas, alquileres, nóminas,
seguros sociales, cuotas de autónomos) pero los ingresos han ido cayendo
progresivamente hasta alcanzar, en las últimas semanas, el 78% de su
facturación, lo que ha supuesto unas pérdidas acumuladas de 100.000 euros para
cada establecimiento desde el inicio de la pandemia.
A pesar de esta situación, el gobierno
municipal de Compromís y PSPV se ha dedicado a dar la espalda a un sector que
es motor fundamental de la economía de Valencia con más de un 20% de
afiliaciones a la Seguridad Social ligadas a este sector.
Esta pasividad del Gobierno de Ribó se
plasma en su incapacidad de aprobar un presupuesto para 2021 acorde a la dramática
situación económica sin precedentes que estamos viviendo y que sufre
especialmente la restauración, el ocio nocturno y el comercio.
Un presupuesto en el que se mantiene la
subida de impuestos de 30 millones de euros y desaparece inexplicablemente la
línea de ayudas directas a la hostelería. ¿En qué cabeza cabe que se puedan
seguir aplicando las mismas ordenanzas fiscales que las aprobadas en 2019 con
una situación económica que nada tiene que ver con la actual?
Tan sólo aplicando el sentido común,
cualquier ciudadano estará de acuerdo en que las empresas no pueden estar
obligadas a pagar los mismos tributos si se impone su cierre y no pueden
desempeñar su actividad alegando el bien común.
No es entendible que, obligados a cerrar, sigan
pagando los mismos impuestos relacionados con la actividad económica sin poder
desarrollarla. El principio de capacidad económica impide el gravamen de los
tributos cuyo objeto imponible no constituya una manifestación de riqueza real,
evidente ante la ausencia de ingresos por las restricciones a ejercer su
actividad.
Las medidas anunciadas recientemente por el
Ayuntamiento de Valencia las podemos calificar como ridículas. Tan sólo llegan al 0.6% de lo que se recauda
por tributos. Absolutamente insuficiente.
El supuesto “Gobierno del progreso” de
Compromís y PSPV que llegó prometiendo mejorar la vida de la clase trabajadora va
a dejar, tras su nefasta gestión económica de la pandemia, una ciudad de
parados. Un paisaje dantesco de negocios cerrados, bajos vacíos y familias
empobrecidas. Porque detrás de las empresas a las que este gobierno no quiere
apoyar hay miles de trabajadores a los que se les está dando la espalda.
El lema “No dejaremos a nadie
atrás” ha supuesto que el 88 % de los establecimientos de nuestra ciudad
aseguren que sin ayudas no podrán llegar a finales de marzo, que el 28% ya
hayan cerrado y que las plantillas se hayan visto reducidas al 40% .
Desde el Grupo Municipal Popular
tenemos claro que la solución pasa por aliviar la carga impositiva del sector y un plan
ambicioso de ayudas directas inmediatas acordes a las pérdidas sufridas por
cada establecimiento y al volumen de los mismos. Hemos presentado decenas de
iniciativas en el Ayuntamiento de Valencia en este sentido, todas rechazadas
por el equipo municipal, pero vamos a seguir insistiendo porque nosotros no os
vamos a dejar solos.
Por eso, este mismo jueves volveremos a
pedir en el Pleno que no se cobren impuestos y tasas a quienes se han visto
obligados a cerrar sus negocios, que se aprueben bonificaciones fiscales para
aquellos que puedan mantener el empleo y que se apruebe un paquete de ayudas
directas con los 12 millones de euros extra que acaba de ingresar el
Ayuntamiento por la liquidación del 2018. Un salvavidas necesario para un
sector que grita un SOS cargado de razones.
Lo que vote Compromís y PSPV marcará el
futuro de muchas familias de esta ciudad. El PP no va a cejar en su empeño de
ayudarlas.
Lo más grave de esta pandemia son, sin duda,
los más de 80.000 fallecidos en todo el país, de ellos más de 690 vecinos de la
ciudad de Valencia, pero también la peor crisis económica vivida en los últimos
tiempos y que continuará una vez superada la sanitaria.
La
política fiscal y las ayudas a la hostelería de nuestros socios europeos han
dejado en evidencia al Gobierno de Sánchez, al del Sr.Puig y al del Sr.Ribó por
mucho que ahora algunos hagan anuncios que no sabemos cuándo llegarán a las
cuentas de nuestros hosteleros. Vamos tarde y cortos. El verdadero salvavidas
no llega.
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