Trasladan a Antifraude la concesión de la remodelación del campo de fútbol por el alcalde de Alfafar a Bertolín sin licitación pública un mes antes de las elecciones municipales de 2023

En la denuncia a Antifraude se adjunta toda la documentación, señalando que ''el alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara, la teniente de alcalde, la concejala de urbanismo en 2022 y el jefe de Urbanismo, adjudicaron el contrato de remodelación de vestuarios de fútbol de Alfafar a una empresa, Bertolín, sobre un proyecto que se adjudicó días después de la adjudicación del contrato de obra. Un procedimiento que ya se inició con el reparo del interventor por hacerse negociado sin publicidad, pese a que se tendría que haber licitado públicamente''.

Las prisas llegaron al filo del fin de la legislatura pasada. Apenas unas semanas antes de las elecciones municipales de mayo de 2023 y tras el fiasco anterior en las firmas adjudicatarias. El expediente 1818/2023 estaba relacionado con el expediente 802/2023 y el 2620/22. Todos ellos vinculados con la obra número 195-PID-20/21, esto es de los Planes de Inversiones Deportivas de la Diputación de Valencia del ejercicio 2020-2021 para la ''reforma y adaptación accesibilidad e instalaciones: vestuario campo de fútbol municipal'' emplazado en el Camino de Orba-Camino del Cementerio. Juan Ramón Adsuara aprobó por resolución de alcaldía decreto 2023-0842 de fecha 10 de marzo de 2023 el pliego de cláusula administrativas particulares y el ''inicio del procedimiento negociado sin publicidad'' justificando este hecho con ''el fin de posibilitar la final ejecución, tras la resolución del contrato público previo y dotar al citado equipamiento público de las condiciones técnicas y de sostenibilidad energética necesarias. Todo ello referido al procedimiento negociado sin publicidad, habida cuenta de la imperiosa necesidad en orden a colmatar definitivamente la obra, por los motivos de interés público''. Uno, se acercaban las elecciones. Dos, Diputación le iba a retirar la ayuda tras el fiasco de los dos últimos años.

El alcalde intentó justificar la aplicación del procedimiento negociado sin publicidad, aludiendo al artículo 168 de la LCSP: ''Los órganos de contratación podrán adjudicar contratos utilizando el procedimiento negociado sin la previa publicación de un anuncio de licitación únicamente en los siguientes casos: (…) b) En los contratos de obras, suministros y servicios, en los casos en que: 1.º Una imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo, demande una pronta ejecución del contrato que no pueda lograrse mediante la aplicación de la tramitación de urgencia regulada en el artículo 119.» En consecuencia, vistas las necesidades públicas; no existiendo medios propios que permitan la capacidad, solvencia técnica para la ejecución por administración; siendo imprescindible apelar a las empresas especializadas; procede en consecuencia la externalización de la obra pública, pero en las condiciones a que habilita la ley; al darse todos y cada uno de los supuestos de hechos previstos en el art. 168.b). 1º. LCSP, tal como se ha motivado''.

Dado que la intervención impuso un reparo , esto es, el alcalde omitió ''trámites esenciales en el procedimiento'', éste tuvo que hacer una ''justificación jurídica y motivación de interés público levantamiento reparo suspensivo informe intervención municipal de fondos'', respondiendo al mismo de la siguiente manera: ''considerando que se ha producido un incremento del precio de licitación sobre la anterior licitación declarada desierta, no procede el procedimiento negociado incumpliendo los principios y objetivos que se señalan en el artículo 1.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público -LCSP 2017-, como son el de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa''.

En este punto, la intervención hace una apreciación a continuación: ''no sólo no corresponde a esa Intervención valorar las razones de oportunidad que han llevado a esta situación, sino que le está vedado realizar apreciaciones de oportunidad o conveniencia de las actuaciones que fiscalice por disponerlo así expresamente el artículo 218.1 in fine del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLRHL”.

En definitiva, Bertolín se adjudicó este contrato de obras por 327.934,22 euros, IVA incluido (IVA. 68.866,19 euros). De esta manera, con los 274.938,86 euros del presupuesto adjudicado se terminarían las obras. Todo ello fue posible gracias a que la propia Diputación de Valencia permitió un aplazamiento: ''El plazo contractual inicialmente previsto ha sido suspendido según Resolución de la Diputación Provincial de València, nº 4075 de 4 de abril de 2023, notificada con fecha 5 de abril de 2023, y cuyo punto segundo dispositivo prescribe: “Segundo. Suspender el plazo de ejecución y justificación de la actuación “Reforma y adaptación accesibilidad e instalaciones: vestuarios campo de fútbol municipal, con emplazamiento en el camino de Orba, esquina camino del Cementerio, s/n” (PI 2020-2021/195), por un plazo de 6 meses, que finalizarán el 20 de noviembre de 2023 para la ejecución y el 19 de enero de 2024 para la total justificación de dicha ejecución a través de la aplicación telemática en “carpeta ayuntamiento”.