Un juzgado de Gandia abre diligencias contra Morant y Prieto por el caso Perú 57

El caso Perú 57 vuelve a los juzgados, tras la denuncia presentada por el exalcalde popular de Gandia, Arturo Torró, y la empresa concesionaria de la gestión de los alquiles asequibles, el pasado mes de julio. Ahora, el Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia ha abierto diligencias previas contra el actual alcalde socialista de la ciudad, José Manuel Prieto; la exalcaldesa y ministra de Ciencia en funciones, Diana Morant; y la letrada Jefe del Servicio Jurídico Municipal, María Isabel Santapau.

 

En este sentido, la Justicia ha iniciado una investigación por un presunto delito de prevaricación, fraude contra la administración, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, y ha dado cuenta al fiscal y al Ayuntamiento de Gandia para que entregue copias de todas las sentencias y resoluciones judiciales adoptadas en relación con este asunto, según figura en la notificación del juzgado, facilitada por el propio Torró. Y es que el caso Perú 57 ya ha pasado por los juzgados hasta en cuatro ocasiones, en las que la Justicia le ha dado la razón al Ayuntamiento de Gandia.

El caso del edificio de Viviendas de Protección Oficial (VPO) de la calle Perú, 57, de Gandia, se remonta al año 2015, durante el mandato de Diana Morant. Poco después de acceder al cargo de primera edil, la socialista acudió al edificio, en una protesta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que logró paralizar un desahucio. Un hecho que provocó, según denuncia la empresa concesionaria, Inmuebles Reunits de Catarroja, así como la oposición del Consistorio, todavía más okupaciones y la degradación del edificio público. Motivo por el que la empresa renunció a la explotación del bloque de viviendas de VPO.

El Ayuntamiento tuvo que resolver el contrato con esta empresa por incumplimiento del contrato y la Justicia ya le ha dado la razón en cuatro procesos judiciales. Queda pendiente de pronunciamiento un quinto, por el cual se discute la liquidación de la concesión, donde el Ayuntamiento ha valorado el edificio de acuerdo con el criterio técnico de los funcionarios, manifestado en el expediente y descontado las deudas que esta mercantil tiene con el Consistorio.

En el primero de los cuatro procesos judiciales ya cerrados, la empresa pedía un rescate de la concesión para que se hiciera cargo el Ayuntamiento y una indemnización. En este proceso, el juzgado dictó sentencia favorable al Ayuntamiento de Gandia.

El segundo fue un proceso en el que se impugnaba la reclamación del Ayuntamiento contra la empresa para que satisficiera la deuda pendiente y reparara el edificio, la Justicia consideró que la deuda tenía que pagarse por parte de la empresa y que la reparación no procedía.

El tercer proceso tenía por objeto una reclamación de la mercantil, que no estaba conforme con la incautación de la garantía que el Ayuntamiento había llevado a cabo. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana consideró que la actuación municipal fue correcta y que la incautación era procedente, porque la resolución del contrato fue por culpa del contratista.

El cuarto proceso fue una reclamación judicial con la cual la empresa pretendía derivar responsabilidad a Diana Morant por los hechos ocurridos en 2015, ya mencionados. La respuesta a la reclamación fue mediante informe emitido por la letrada municipal, que después fue defendido ante el juzgado, obteniendo resolución judicial favorable en el Ayuntamiento. Esta sentencia ha sido mostrada a los medios de comunicación y exime a Diana Morant de la responsabilidad civil que la empresa pretendía y al Ayuntamiento de derivar cualquier acción contra ella.

Finalmente, el quinto contencioso es el que se encuentra en trámite y, por lo tanto, pendiente de sentencia donde está discutiéndose la liquidación de la concesión.

Tras hacerse públicas las últimas diligencias, el Ayuntamiento de Gandia ha emitido un comunicado a los medios en el que explica que “la apertura de diligencias previas es un paso habitual de una denuncia absolutamente política, sin fundamento e interesada, interpuesta por el exalcalde de Gandia del PP, Arturo Torró, condenado a tres años y medio de cárcel por corrupción”. Una denuncia que se anunció, precisamente, a cuatro días de las elecciones generales.

El Consistorio insiste, además, en su absolución en los diferentes procesos judiciales que han envuelto antes al caso y se ha remitido a las declaraciones hechas por José Manuel Prieto el pasado 19 de julio de 2023, cuando se conocía la denuncia de Torró, en las que el alcalde mostró su cansancio por el hecho de que “se nos denuncie por hacer nuestro trabajo, que no es otro que defender el dinero de los ciudadanos. Que me denuncien todas las veces que haga falta porque este es mi trabajo, velar por los intereses de Gandia”, concluía Prieto.