Un juzgado de Moncada mantiene paralizada desde hace más de dos años una macrocausa de fraude internacional superior al millón de euros

Una causa judicial por un presunto fraude internacional de más de un millón de euros permanece prácticamente paralizada desde hace más de dos años en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Moncada, pese a que existen resoluciones judiciales relevantes, entre ellas una orden europea de detención y entrega contra el principal investigado. El caso se ha convertido en un ejemplo de las dificultades que afronta el sistema judicial cuando concurren delitos económicos complejos, ramificaciones internacionales y la falta de colaboración de algunas de las personas implicadas.

El procedimiento se inició en 2020 tras la denuncia de una ciudadana china residente en Moncada junto a sus dos hijos menores, quien transfirió cerca de un millón de euros a la mercantil Iron Ring S.L. bajo la promesa de que los fondos serían custodiados e invertidos en operaciones inmobiliarias de bajo riesgo. Según la documentación incorporada a la causa, la denunciante fue inducida a vender varias propiedades en Australia y a transferir el capital convencida de que se destinaría a inversiones inmobiliarias en Barcelona con una rentabilidad garantizada.

La investigación judicial sostiene que, en lugar de ese destino, el dinero fue utilizado para la adquisición de al menos tres viviendas en España a nombre de terceras personas, sin vinculación con la denunciante, mediante un entramado de sociedades e intermediarios. El principal investigado, un ciudadano de nacionalidad taiwanesa identificado con múltiples identidades, habría actuado con la colaboración de otras personas de su entorno.

El juzgado aprecia indicios de un delito de estafa agravada, tipificado en los artículos 249 y 250 del Código Penal. En mayo de 2024, el juez acordó la emisión de una orden europea de detención y entrega con efectos internacionales contra el investigado principal, así como su puesta a disposición judicial. Sin embargo, el avance del procedimiento se ha visto obstaculizado por la falta de comparecencia de los titulares registrales de los inmuebles presuntamente adquiridos con el dinero estafado, quienes no han atendido los requerimientos judiciales.

Esta circunstancia ha impedido cerrar la fase de instrucción y avanzar hacia el enjuiciamiento, dejando en suspenso tanto la eventual responsabilidad penal como la civil. Mientras tanto, las viviendas continúan generando rentas de alquiler que no están siendo percibidas por la denunciante. Aunque el juzgado ha acordado medidas cautelares como la anotación preventiva en el registro para impedir su venta o gravamen, no se han adoptado otras fórmulas previstas en la ley —como la designación de un administrador judicial— que permitan preservar esos ingresos durante la tramitación del procedimiento.

La documentación judicial refleja que la cuenta bancaria de la mercantil receptora de los fondos apenas tenía saldo antes de recibir las transferencias, y que el dinero fue empleado de forma casi inmediata para cancelar hipotecas y formalizar compras inmobiliarias. La denunciante sostiene que firmó determinados poderes bajo engaño, creyendo que se trataba de trámites administrativos vinculados a la gestión de su inversión.

El caso presenta una clara dimensión internacional. Según consta en las actuaciones, el principal investigado ya era buscado en Taiwán desde 2018 por presuntos delitos de estafa y falsificación documental, lo que no impidió que desarrollara actividad empresarial en España. La investigación apunta, además, al uso de estructuras societarias para canalizar y mezclar fondos de distinto origen, una práctica habitual en fraudes económicos transnacionales.

Desde el entorno de la denunciante se subraya que la situación no responde a una actuación irregular concreta, sino a un problema estructural del procedimiento penal, que puede quedar bloqueado durante largos periodos cuando determinadas personas no comparecen o no colaboran, pese a existir mecanismos legales para avanzar. Esta realidad, advierten, no solo afecta a las víctimas directas, sino que plantea interrogantes sobre la seguridad jurídica de inversores extranjeros en España.

Antes de los hechos investigados, la afectada desarrolló su vida profesional en Pekín, donde contaba con formación universitaria y una trayectoria consolidada en el ámbito del marketing y el sector digital. El fraude sufrido en España supuso un punto de inflexión personal y vital, con un impacto emocional significativo. No obstante, su intención —según consta en la documentación aportada— no es permanecer en un rol exclusivamente victimista, sino contribuir a que el procedimiento pueda avanzar y a que se visibilicen los riesgos asociados a este tipo de delitos en un contexto económico globalizado.

El procedimiento continúa a la espera de impulso judicial en Moncada, mientras el caso pone de relieve los retos a los que se enfrenta la justicia ante fraudes económicos complejos, movilidad internacional y falta de cooperación procesal, un escenario en el que el paso del tiempo puede convertirse en un obstáculo añadido para la tutela judicial efectiva.