Un palacio casi vacío para ver mascletaes: 24 millones de euros por el antiguo Correos de Valencia, hoy bajo sospecha

Más allá de servir como mirador privilegiado para presenciar las mascletaes en la plaza del Ayuntamiento durante las Fallas, el llamado Palacio de las Comunicaciones de Valencia apenas ha tenido uso efectivo desde que la Generalitat adquirió el histórico edificio de Correos por alrededor de 24 millones de euros. Lo que se presentó como una inversión estratégica para el futuro digital de la Comunitat se ha convertido, con el paso del tiempo, en un símbolo de infrautilización en pleno centro de la ciudad.

El inmueble, uno de los edificios más emblemáticos de València, fue comprado durante el mandato de Ximo Puig con la promesa de transformarlo en un gran espacio dedicado a la innovación, la digitalización y los nuevos servicios tecnológicos. Sin embargo, años después de la operación, el balance es pobre: ausencia de actividad permanente, programación escasa y un aprovechamiento limitado a actos institucionales puntuales.

Las dudas sobre el sentido y la oportunidad de destinar 24 millones de euros de dinero público a esta adquisición han cobrado nueva fuerza tras las informaciones publicadas por EL ESPAÑOL, que sitúan dentro de un entramado más amplio la venta de inmuebles de Correos presuntamente vinculado a una red de influencias políticas y empresariales en el entorno del PSOE.

Según el citado medio, altos cargos de Correos y de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) habrían actuado como intermediarios para ofrecer edificios históricos de la entidad postal —entre ellos el de Valencia— a empresarios privados, facilitando tanto el acceso a los inmuebles como la posterior financiación pública para su rehabilitación.

En estas negociaciones habrían participado Vicente Fernández Guerrero, entonces presidente de la SEPI, y Leire Díez, exdirectora de Relaciones Institucionales de Correos. Ambos presentaban los inmuebles a posibles inversores y, en una fase posterior, incorporaban a Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en la constructora Servinabar, con la intención de que esta empresa se hiciera cargo, directa o indirectamente, de las obras de reforma.

De acuerdo con EL ESPAÑOL, a los empresarios interesados se les ofrecía financiación pública a través de Sepides, filial de la SEPI, utilizando la influencia de Fernández como garantía de viabilidad. En muchos casos, el planteamiento pasaba por reconvertir los edificios en proyectos hoteleros, aprovechando su ubicación estratégica.

La investigación ha llevado a la Guardia Civil a registrar dependencias de la Dirección General de Patrimonio del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda. Aunque desde Correos se defiende que el interés por edificios emblemáticos es habitual, fuentes internas reconocen la complejidad extrema de estas operaciones, que requieren múltiples autorizaciones administrativas.

En València, el debate se intensifica por la falta de resultados tangibles del Palacio de las Comunicaciones. La escasa utilidad pública del edificio refuerza ahora la sospecha de que la compra, por un importe millonario, no estuvo suficientemente justificada desde el punto de vista del interés general.

Hoy, el antiguo edificio de Correos representa una paradoja urbana: un inmueble singular, adquirido con un fuerte respaldo político y 24 millones de euros de inversión pública, que permanece prácticamente vacío en uno de los enclaves más valiosos de la ciudad. Mientras tanto, la prometida referencia valenciana en innovación digital sigue sin materializarse y el edificio continúa siendo más un palco institucional durante las Fallas que el motor tecnológico que se anunció.

Las revelaciones de EL ESPAÑOL añaden presión para que se esclarezcan las circunstancias exactas de la compra y se determinen responsabilidades políticas si se confirma que la operación estuvo condicionada por intereses ajenos al interés público.