Una hija del ex secretario municipal de Canet d'En Berenguer, funcionaria en Contratación, 'clave' en la ''trama de las asesorías'' liderada por su padre

La mujer y dos hijas de Sancho en una rueda de prensa del padre en el salón de plenos de Canet en el año 2013. FOTO P. V.

Carmen S. G., funcionaria del Ayuntamiento de Canet d´en Berenguer en el departamento de contratación pública e hija de José Antonio Sancho Sempere, ex secretario general, ex interventor y ex jefe de los servicios jurídicos del consistorio, se erige en pieza clave en la “trama de las asesorías”, una red de corrupción que está nuevamente siendo investigada por la administración de justicia, dentro de la nueva causa instada contra el clan familiar compuesto por el propio Sancho, si hija Carmen y su esposa Amparo González Sanchis, en el mayor escándalo de corrupción en la administración local ocurrida en el ámbito de la comunidad valenciana.

La causa judicial que se sigue en el Juzgado de Instrucción de Valencia contra el que fuera secretario del Ayuntamiento de Canet va tomando cuerpo y ahora se ha sabido que, tanto la hija del varias veces condenado por corrupción, Carmen S., como su esposa Amparo González Sanchis, están también siendo investigadas por delitos de apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental, entre otros. Todo ello ha sido posible gracias a los exhaustivos informes que la Unidad de Delitos Económicos y Urbanísticos de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia ha ido elaborando con el tiempo en las distintas piezas judiciales de la trama, para desenmascarar una extensa red de corrupción que se inició en el Ayuntamiento de Canet, pero que luego se extendió con rapidez a otros ayuntamientos y entidades públicas.

Según las pruebas obrantes ya en la citada causa, cobra una relevancia inusitada la hija del corrupto funcionario y ello porque a pesar de que en su declaración en sede judicial realizada el pasado día 20 de mayo de 2025 el varias veces condenado ex secretario municipal negó que su hija Carmen tuviera nada que ver con la trama de las asesorías, ya se ha acreditado que no solo tuvo un papel fundamental en la citada trama, sino que además fue precisamente la funcionaria municipal de la Corporación municipal de Canet la que facilitó al máximo que su padre se embolsara decenas de miles de euros a costa de las arcas municipales.

Según refieren con detalle los informes elaborados por la Guardia Civil, Sancho Sempere creó un entramado empresarial estructurado para obtener fondos públicos de varios ayuntamientos y otras entidades del sector público, sirviéndose para ello de varias asociaciones privadas fundadas, gestionadas y dirigidas por Sancho para su propio beneficio personal y el de su familia. Y en esa magna red de corrupción aparece la figura de la hija de Sancho, Carmen, funcionaria municipal en un puesto clave en el ayuntamiento: el departamento de contratación pública.

Sancho Sempere niega toda vinculación entre su hija y la Academia Valenciana de Juristas, pero las pruebas conseguidas por la Comandancia de la Guardia Civil son demoledoras:

Así, la Policía Judicial a través de las investigaciones a instancias de la Fiscalía Provincial y el Juzgado de Instrucción 12 de Valencia, detectó que en el año 2011 fue precisamente Carmen la funcionaria designada al efecto para iniciar el expediente de contratación en el mes de marzo de 2011 que concluyó con la firma de una contrato de asesoramiento legal en la que resultó favorecida la empresa de su padre Academia Valenciana de Juristas.

Y así consta también probada con relación al contrato de servicio de asesoramiento jurídico de fecha 6 de mayo de 2011 que el día 1 de marzo de 2011, Carmen Sancho González inició el expediente 14/2011/CON, de contratación administrativa entre el Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer y la entidad Academia Valenciana de Juristas. En aquel momento era alcalde el socialista Octavio Herranz López, Secretario Interventor del Ayuntamiento José Antonio Sancho Sempere y funcionaria encargada de la tramitación Carmen Sancho González.

La policía judicial también ha probado que, en relación a tal expediente fue Carmen Sancho González la que realizó el informe de contratación el 25 de marzo de 2011, emitiéndose el correspondiente informe por parte del Secretario General (es decir su propio padre José Antonio Sancho Sempere) el 28 de marzo de 2011.

Igualmente, la Policía Judicial supo que se había solicitado la oferta de al menos tres empresas capacitadas para realizar el objeto del contrato, siendo la propia Carmen Sancho González la que firmó personalmente las cartas de invitación que se dirigieron a don José Antonio Yborra Limorte, (amigo personal de su padre) a “José Antonio Sancho Sempere SLP“ (empresa de su padre) con domicilio en la Calle Palau 13 puerta 10 -domicilio de sus padres y a “Academia Valenciana de Juristas“ empresa de su padre, con domicilio trasladado a la Calle Almirante 1 B 2º derecha.

La persona que cogió las notificaciones el 26 de abril de 2011 respecto a las dos últimas entidades fue la misma (M. A. Agelan).

El Bufete Yborra presentó escrito declinando la oferta y lo mismo hizo la entidad “José Antonio Sancho Abogados SLP”.

Fue la “Academia Valenciana de Juristas” la que finalmente logró la adjudicación del contrato.

Todo lo últimamente referido consta en el reiterado documento elaborado por la Unidad de Delitos Económicos y Urbanísticos de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia.

Y el informe policial concluyó respecto de este primer contrato que mediante Decreto del Alcalde de 4 de mayo de 2011 se adjudicó el contrato de asistencia jurídica a Academia Valenciana de Juristas siendo Carmen Sancho González la que firmó las correspondientes notificaciones a las entidades que habían licitado.

La policía tiene también probado la existencia de un segundo contrato suscrito en el año 2013. En este nuevo contrato Carmen Sancho González intervino también en el expediente de contratación que concluyó con la firma de contrato de asistencia jurídica de fecha 25 de mayo de 2013, y así consta su intervención en el procedimiento de incoación de firmado por el Alcalde.

Por todo lo cual la Fiscalía en fecha 23 de julio de 2021 y con respecto a Carmen Sancho González la consideró autora por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa y otro de abusos en el ejercicio de sus funciones.

Pero la Policía Judicial comprobó y tiene acreditado:

· Transferencias internas: 165.000 € de la Academia Valenciana de Juristas a la Federación Profesional Valenciana y en este última empresa consta como miembro casualmente la citada funcionaria Carmen Sancho.

· Trasferencia de 227.137 € de Academia a Millena III Milenio, ambas controladas por Sancho y su hija Carmen. Obra en las actuaciones judiciales de la trama documentación bancaria acreditativa de transferencias por más de 390.000 € a sociedades bajo su control: Federación Profesional Valenciana y Millena III Milenio.

· Cheque de fecha 15/04/2010, de 100.100 euros de AVJ en favor de Federación Profesional Valenciana prueba como Sancho Sempere ordenó una transferencia de 100.100 euros en favor de Federación Profesional Valenciana (entidad que también era controlada, dirigida y gestionaba por el Sancho Sempere). Siendo una mera maniobra de presunta distracción a fin de que finalmente todo el patrimonio de AVJ vaya a parar al patrimonio del ex secretario condenado por corrupción.

Los cinco informes de la Guardia Civil (2013-2015), obrantes en evidencian

- Existencia de transferencias AVJ → FPV y AVJ → Millena; Las órdenes de pago reproducidas muestran que los fondos salieron directamente de la cuenta xxxxxxxxxxxxxx222 de AVJ y se abonaron en las cuentas de FPV y de Millena. La suma coincide con las magnitudes señaladas (165 000 € y 227 137,11 €). Esta evidencia niega de plano la alegación de que “no existe transferencia”.

- Beneficio personal acreditado; Una parte del dinero transferido a Millena revierte al propio Sr. Sancho Sempere, inaugurando indicios sólidos de apropiación y administración desleal.

- Unidad de dirección y confusión patrimonial; El hecho de que el investigado actúe como gerente de Federación Profesional Valenciana, comparta domicilio social con la Academia y figure como administrador único de Millena III Milenio, sitúa todas las entidades bajo su dominio efectivo, reforzando la apariencia de uso instrumental de las mismas para desviar recursos en beneficio del clan familiar.

Pero ¿cómo fue posible que un secretario de un Ayuntamiento relativamente pequeño como Canet, acumulara tanto poder y lo usara en su beneficio y en el de su familia para amasar una fortuna de millones de euros en dinero y en otros bienes patrimoniales a costa del contribuyente y de las arcas públicas?

La respuesta a esa pregunta es bien simple.

Desde su cargo como secretario de la corporación, durante años con la inestimable ayuda de alcaldes proclives, concejales adictos, empresarios locales ambiciosos, interventores despistados, y sobre todo familiares cómplices, como su hija Carmen y su esposa Amparo, obtuvo unos enormes ingresos que fueron a parar al patrimonio personal.

El Periódico de Aquí, como fruto de una extensa y compleja investigación periodística, ha tenido acceso a la información contenida en las diversas causas judiciales habidas en relación con la trama de las asesorías.

A raíz de las informaciones obtenidas por la Comandancia de la Guardia Civil a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción 12 de Valencia, hemos sabido que durante más de quince años Sancho Sempere con la inestimable ayuda de su hija Carmen y de su esposa Amparo, usó a su antojo una serie de asociaciones privadas que él mismo había constituido para saquear fondos de diversos ayuntamientos y entidades públicas de la comunidad valenciana.

El ex secretario, como EL PERIODICO DE AQUÍ viene informando, se valió de varios de sus chiringuitos para tal fin:

-Academia Valenciana de Juristas

-José Antonio Sancho Abogados

-Asesores Profesionales

-Agropecuaria de la Serranía

-Millena III Milenio

-Federación Profesional Valenciana

En todas las citadas entidades había unas notas comunes:

1. Todas fueron creadas, controladas, gestionadas y dirigidas desde el primer momento por Sancho Sempere.

2. Todas estaban controladas por Sancho Sempere que puso al frente de las mismas como miembros de las juntas directivas a terceras personas (testaferros) para que hicieran los trabajos del objeto social de cada una de ellas, en general asesoramientos legales.

3. Todas tenían el mismo objetivo: conseguir contratos de prestación de servicios con el Ayuntamiento bien con adjudicaciones directas, bien con concursos amañados.

4. Todas generaban grandes beneficios a través de las facturas muchas de ellas manipuladas que emitían dichas entidades era el propio Sancho Sempere que ingresaba el dinero en alguna de las 57 cuentas bancarias que usaba para tal fin.

Cuando en el año 2013 la justicia tomó cartas en el asunto y por orden del Juzgado y de la Fiscalía, la comandancia de la Guardia Civil elaboró un exhaustivo informe sobre las actividades de Sancho Sempere en el periodo comprendido entre los años 2007 a 2013.

De dicho prolijo y extenso informe destacamos los siguientes hechos reveladores:

1. Solo en el periodo comprendió entre los años 2007 a 2011 la Academia Valenciana de Juristas obtuvo unos ingresos de 407.222,22 euros.

2. Según informó la Tesorería General de la Seguridad Social NO constaba inscrita en el sistema.

3. La Academia aparece vinculada según el informe policial con otras entidades, asociaciones y personas físicas del entorno o contraladas por Sancho Sempere como su mujer Amparo González y su hija Carmen.

4. El informe indica que Sancho Sempere creó una trama empresarial estructurada para obtener fondos públicos de varios ayuntamientos y otras entidades del sector público, sirviéndose para ello de varias asociaciones privadas fundadas, gestionadas y dirigidas por Sancho para su propio beneficio personal y el de su familia como la citada Academia Valenciana de Juristas.

La trama comenzó a tomar forma hacia el año 2000, cuando el ahora ex secretario del ayuntamiento trabajaba en la administración local. Aprovechando la falta de controles estrictos en el proceso de adjudicación de contratos menores, el funcionario ideó un plan para que alguno de sus chiringuitos se hiciera con el contrato de asesoramiento jurídico de la corporación municipal cuando la realidad era que tales empresas eran gestionadas por él y sus familiares.

Para lograrlo, se sirvió de varios mecanismos fraudulentos:

1. Adjudicación Directa de Contratos Menores: Los contratos menores, aquellos cuyo importe no superaba cierto umbral y que, por tanto, podían ser adjudicados sin necesidad de un proceso de licitación formal, eran su especialidad. Se detectaron contratos que eran siempre adjudicados a una empresa la Academia Valenciana de Juristas que no era sino una fachada porque esa entidad era controlada al cien por cien por Sancho y su familia.

2. Creación de Empresas de Familiares como Tapaderas: Las investigaciones han revelado que estas empresas "chiringuito" estaban a nombre de familiares cercanos, como su esposa, y sus hijos, quienes figuraban como propietarios o directores. Sin embargo, los verdaderos responsables de gestionar los fondos y decidir las operaciones eran el propio secretario.

Sancho Sempere siempre negó cualquier vinculación económica con la Academia, mintiendo alevosamente al manifestar que no trabajó nunca para dicha entidad, ni cobró nada de la misma ni formó parte de de su Junta directiva.

Pero el Juzgado de lo Penal 18 de Valencia, en fecha 28 de julio de 2022 condenó a Sancho Sempere por el delito continuado de prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos y otras actividades ilegales.

En España, según el censo oficial de municipios del Instituto Nacional de Estadística, hay un total de 8.132 Ayuntamientos.

Pues bien, en solo uno de ellos, el Ayuntamiento de Canet en poco tiempo, lograron obtener su plaza como funcionarios las siguientes personas:

- José Antonio Sancho Sempere como secretario del Ayuntamiento.

- José Antonio Sancho González (como jefe de la Policía Local.

- Carmen Sancho González como funcionaria del departamento de contratación.

- Amparo Elena Sancho González, como técnico de gestión local.

El acceso de los tres hijos citados en puestos de la administración pública local fue debido a la colaboración, entre otras, de las siguientes personas:

- Natividad García Castelar que junto a José Antonio Sancho Sempere fueron condenados por el Tribunal Supremo por el delito de cohecho.

- Rafael Parra Mateu y José Antonio Sancho Sempere fueron condenados por el Tribunal Supremo por el delito continuado de prevaricación.

- Ismael Asensio Aparicio que junto a José Antonio Sancho Sempere fueron acusados por varios delitos relacionados por la corrupción en la pieza de la trama de las asesorías por el caso de San Antonio de Benagéber.

Carmen Sancho González, obtuvo la plaza de técnico de gestión en el Consistorio y fue acusada también por la Fiscalía por autorizar la contratación de un chiringuito familiar la Academia, un ente credo por su padre para asesorar al Ayuntamiento y luego cobrar los servicios que iban a parar a una cuenta bancaria controlada por Sancho Sempere.

Para evitar una condena posiblemente dura de cárcel su padre se auto inculpó ante el Juez como verdadero autor de la corrupción al ser el verdadero dueño de la Academia.

La corrupción instalada por Sancho Sempere en el Ayuntamiento de Canet d´En Berenguer tuvo su final cuando, como queda dicho, el Juzgado de lo Penal 18 de Valencia dictó la sentencia de fecha 21 de julio de 2022, por la que condenó al ex secretario por delito continuado de prevaricación administrativa en concurso con otro delito continuado de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función.

La sentencia judicial que es firme dice:

“Que según se anticipó oralmente en el Juicio, debo CONDENAR Y CONDENO a José Antonio Sancho Sempere como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa del art. 404 y 74 CP, en su redacción original vigente en la fecha de los hechos en concurso medial con un delito continuado de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función del art. 439 CP y 74 CP, en su redacción dada por la LO 5/20, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, a la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN y ACCESORIA DE INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO AL DERECHO AL SUFRAGIO PASIVO DURANTE LA CONDENA, 6 MESES DE MULTA A RAZÓN DE UNA CUOTA DIARIA DE 10 EUROS CON RESPONSABILIDAD PERSONAL SUBSIDIARIA EN CASO DE IMPAGO de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa no satisfechas y 12 MESES DE INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL CARGO DE FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN NACIONAL; y abono de las costas procesales (incluidas las de la acusación particular

Pero lo relevante de esta última sentencia es que Sancho Sempere reconoció de forma expresa que era él el que dirigía, gestionaba y controlaba a la Academia Valenciana de Juristas (como también ocurría con las otras asociaciones creadas por Sancho Sempere como la FEDERACION PROFESIONASL VALENCIANA).

La sentencia dice también que:

“Para ocultar su condición de director de la Academia Valenciana de Juristas (AVJ) puso al frente de la misma a tres profesionales del derecho desconocedores de los términos en los que se formalizaban las contrataciones pactadas entre la AVJ con sus clientes se encargaron siguiendo las indicaciones del acusado de tramitar los pleitos que les eran encomendados a la AVJ. Estos tres profesionales así como otras personas ajenas fueron incluidas por el acusado como miembros de la junta de gobierno de la AVJ, pero lo cierto era que quien la dirigía y gestionaba era el acusado”.

Del texto de la citada sentencia se extraen varias conclusiones:

1. Que Sancho Sempere ha reconocido en el año 2022, es decir poco más de dos años que es el dueño de la citada Academia, lo cual es sorprendente, porque desde el año 2103, siempre negó tener vinculación alguna con la citada entidad más allá de ser un simple miembro de la misma.

2. Que lo mismo ocurre con todas las demás entidades que como la Academia fueron creadas por Sancho Sempere y su familia con el exclusivo fin de esquilmar fondos de varios ayuntamientos e instituciones públicas. Y ello porque todas esas entidades estaban creadas y utilizadas por Sancho del mismo modo que la referida Academia

3. Que siendo la última sentencia condenatoria del año 2022 la administración de justicia y la Fiscalía tienen abierto de nuevo el cauce para poder reclamar todas las cantidades que fueron saqueadas por Sancho y su familia durante años, y ello por tener ahora una reciente prueba directa por propia confesión de Sancho que afirma ser el verdadero dueño de todas las entidades que usó para saquear fondos públicos y quedarse con todo el dinero obtenido.

Estamos hablando de cantidades relevante porque la Guardia Civil hace constar en un informe que los ingresos/abonos/traspasos percibidos por Sancho Sempere a través de las citadas entidades y solo en el periodo 2007 a 2011 fueron los siguientes:

- Academia Valenciana de Juristas: 470.519,23 euros

- Asesores Profesionales:________: 347.013,08 euros

- José Antonio Sancho Abogado___: 201.491,12 euros

- Millena III Milenio_____________: 630.000 euros

- Federación Profesional Valenciana: 165.000 euros

- Pangea Arco Mediterráneo______: 282.500 euros

TOTAL_______________________2.096.523,43 euros

4. Que todas estas cantidades cobradas ilegal y delictivamente por Sancho Sempere y su familia constan expresamente probadas en el Informe que la Unidad de Delitos Económicos y Urbanísticos de la Comandancia de la Guardia Civil aportó en las diversas piezas que forma parte de la llamada “trama de las asesorías”.

5. Que también la Agencia Antifraude puede tomar cartas en el asunto, ya que la sentencia citada del año 2022 abre la posibilidad de hacerlo y dicho organismo público dispone de medios y de personal para hacerlo.

6. Lo mismo ocurre con la Sindicatura de Cuentas que es el órgano alque, con la máxima iniciativa y responsabilidad, corresponde el control externo económico y presupuestario de la actividad financiera del sector público valenciano, así como de lascuentas quela justifiquen. Y conviene recordar que el Ayuntamiento de Canet y las demás corporaciones afectadas por la trama de las asesorías son entidades públicas.

Un modus operandi sin precedentes

El secretario de la corporación local utilizó su posición de poder para crear un sistema de favores y manipulaciones que le permitió enriquecerse de forma acelerada. La trama comenzó a destaparse cuando varias irregularidades en los procedimientos de contratación y adjudicación de contratos salieron a la luz por El Periódico de Aquí, dando inicio a una investigación exhaustiva por parte de la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción 12 de Valencia.

Sancho Sempere tuvo un papel crucial para controlar procesos claves como las oposiciones para puestos de trabajo en la administración, la contratación de empresas afines propiedad del secretario y la recaudación de impuestos locales.

De esta manera, se aseguraba de tener bajo su dominio a gran parte de la maquinaria administrativa de los citados ayuntamientos, lo que le permitía dirigir el dinero público hacia sus propios intereses.

La trama de las asesorías ha afectado hasta el momento a 15 municipios valencianos, 3 empresas públicas, implicó como investigados a mas de 50 personas, pasaron por los Juzgados casi 100 testigos y peritos dentro de las 15 piezas judiciales que se incoaron. Ha durado hasta el momento 12 años de investigaciones. El informe de la Unidad de Delitos Económicos y Urbanísticos de la Comandancia de la Guardia Civil tiene 2 tomos y 2.480 páginas. Afectó a 3 Juzgados de Instrucción, 5 Juzgados de lo Penal, 3 Salas de la Audiencia Provincial de Valencia y a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Estuvieron investigando la causa 4 fiscales adscritos a la Fiscalía Provincial de Valencia. Se han dictado al menos 3 sentencias condenatorias contra Sancho Sempere por 3 delitos diferentes: delito continuado de prevaricación administrativa, delito continuado de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función y delito de cohecho.

La estructura de la trama estaba diseñada para dificultar el rastreo de los fondos, y su complejidad impidió que los investigadores pudieran identificar todos los activos a nombre de Sancho y su familia. Además, la familia se valió de mecanismos financieros y de múltiples fraudes, lo que contribuyó a enmascarar la procedencia de los ingresos ilegales. Aunque los procesos judiciales han avanzado y obtenido varias sentencias condenatorias, la realidad es que los obstáculos para ejecutar esta restitución han sido abrumadores.

A nivel interno, el sistema judicial español enfrenta sus propios problemas. La acumulación de casos de corrupción, la escasez de personal y los recursos limitados son factores que ralentizan las investigaciones y dificultan la ejecución de sentencias. En el caso de Sancho Sempere, la complejidad del entramado financiero y la multitud de actores implicados han saturado a la justicia española, que no cuenta con suficientes especialistas en delitos económicos y financieros para abordar un caso de estas características.

El proceso judicial en sí es otro obstáculo, ya que los abogados defensores de la familia Sancho Sempere han aprovechado todas las vías de apelación y revisión que les permite la ley. Esto ha alargado los plazos y retrasado las resoluciones judiciales, permitiendo que los activos ilegales continúen generando rendimientos a favor de los infractores. Además, la fragmentación de los procedimientos judiciales entre distintas instancias y la falta de comunicación entre instituciones han contribuido a la ineficacia en la ejecución de las sanciones.

La “trama de las asesorías” también ha puesto de manifiesto las debilidades en los órganos de control interno de la administración pública. La falta de transparencia en los procesos de contratación y la ausencia de controles efectivos han permitido que Sancho y su familia pudieran operar durante años sin ser detectados. En muchos casos, los procedimientos de adjudicación de contratos no cumplían con los estándares de transparencia necesarios, y las auditorías internas fueron insuficientes o inexistentes.

Además, la falta de personal en los órganos de control y la escasa inversión en herramientas tecnológicas para el análisis de datos han limitado la capacidad de estos organismos para identificar patrones de corrupción y desvío de fondos. Esta situación genera un círculo vicioso en el que la impunidad se perpetúa debido a la falta de control, y, a su vez, la ausencia de castigos efectivos fomenta la aparición de nuevos casos de corrupción.

La impunidad económica de Sancho Sempere y su familia también tiene una dimensión social. La percepción de que el sistema judicial y los organismos públicos no pueden recuperar los fondos sustraídos genera un sentimiento de frustración y desconfianza en la ciudadanía. Este caso pone en evidencia que, en muchos aspectos, las instituciones no han logrado estar a la altura de las expectativas de la sociedad, lo que mina la legitimidad del Estado y la confianza de los ciudadanos en la justicia.

Además, esta percepción de impunidad crea un efecto desmotivador entre los funcionarios públicos encargados de combatir la corrupción, quienes sienten que su trabajo es en vano ante un sistema que no ofrece los recursos necesarios para enfrentar a estructuras de corrupción sofisticadas. Sin un cambio cultural en las instituciones públicas, la corrupción y la impunidad económica seguirán siendo una constante en la sociedad.

PLATAFORMA AFECTADOS

La Plataforma de Afectados por las Actividades Ilícitas y delictivas de José Antonio Sancho Sempere (P.A.S.S.) ha señalado que consta ya probado en este momento tras el inicio de las nuevas investigaciones judiciales los entresijos de la trama de las asesorías y la comisión presunta de todos los delitos denunciados y además permite considerar que se pueden emprender nuevas acciones judiciales contra el clan familiar corrupto.

La P.A.S.S. ha logrado posicionarse como un actor clave en la lucha contra la corrupción en Canet inspirando a otros colectivos a organizarse contra casos similares. Su enfoque en la participación ciudadana, la recopilación de pruebas y el apoyo a acciones judiciales ha generado una ventana de esperanza para los afectados, que durante años se sintieron ignorados por las instituciones.

“Se siguen recibimiento informaciones relevantes sobre todo este gran escándalo de corrupción en el Ayuntamiento de Canet y miembros de la Plataforma estudian y analizan cada una de las informaciones que van llegando” – ha señalado el portavoz que agrega que en el futuro, la plataforma planea:

• Ampliar su alcance: Buscará incorporar a más afectados de otros municipios y entidades perjudicadas por la trama, como Egevasa y el Consorcio de Museos de la Generalitat Valencia

• Presionar por reformas estructurales: Abogará por cambios legislativos que fortalezcan la transparencia y los controles en la administración pública local.

• Fomentar la colaboración ciudadana: Con la apertura de canales de comunicación, la P.A.S.S. espera recibir más testimonios y pruebas que refuercen las investigaciones en curso.

Todo lo cual induce a pensar que el mayor escándalo de corrupción en la comunidad valenciana referida a la administración local lejos de concluir parece que se inicia a la espera de que las investigaciones judiciales avancen y de una vez por todas sepamos toda la verdad.

José Antonio Sancho Sempere, ex secretario del Ayuntamiento de Canet y cabeza visible de la llamada “trama de las asesorías”, se enriqueció durante años a costa de ayuntamientos y entidades públicas y consiguió ser titular de 57 cuentas bancarias, 4 inmuebles urbanos, 82 fincas rústicas, un yate privado y vehículos de alta gama que fueron a parar a su patrimonio personal y familiar, según descubrió la sección de delitos económicos de la Policía Judicial.