Una presunta "oposición a medida" en el Ayuntamiento de Canet pone en jaque al hombre de confianza de Pilar Bernabé

El Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer se ha situado en el centro de la polémica en  el escándalo en torno a la carrera administrativa de José Rodríguez Jurado, actual subdelegado del Gobierno en Valencia. Según ha revelado el periódico digital The Objective, la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) dictaminó en 2022 que la promoción que permitió a Rodríguez pasar directamente del grupo C1 de la escala funcionarial al A1 (el de mayor reconocimiento salarial) de la administración era contraria al ordenamiento jurídico, aunque el Ejecutivo central lo mantiene en el cargo.

Tal y como revela The Objeticve, Rodríguez inició su trayectoria en 2009 como administrativo en el consistorio de Canet d’en Berenguer. Y tan sólo meses después de finalizar la carrera de Derecho en 2022, obtuvo por promoción interna una plaza de técnico de administración general A1. Dicho ascenso, que según Antifraude vulneraba la doctrina del Tribunal Supremo, resultó determinante para su posterior nombramiento como subdelegado del Gobierno en Valencia en enero de 2024, cargo para el que fue propuesto por Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

El informe de Antifraude calificó la promoción como nula de pleno derecho, al considerar que se trataba de un “fraude” que otorgaba derechos sin cumplir los requisitos establecidos, entre ellos el paso previo por el grupo A2. No obstante, el Ayuntamiento de Canet nunca revisó de oficio el procedimiento, lo que permitió consolidar el ascenso. La oposición municipal sostiene que la convocatoria estuvo diseñada a medida. 

Desde el consistorio, en su momento, se defendieron aludiendo a una sentencia autonómica que avalaba el proceso, aunque Antifraude recordó que la jurisprudencia del Tribunal Supremo prevalece sobre cualquier otro tribunal autonómico.

Pese al dictamen de la AVAF, el ascenso de Rodríguez Jurado no ha sido revisado y su permanencia al frente de la Subdelegación ha sido interpretada por la oposición como un ejemplo de “fidelidad política” frente a las dudas legales. La situación coloca tanto al Gobierno central como al Ayuntamiento de Canet en el punto de mira, al no haber adoptado medidas para corregir las irregularidades señaladas.

A día de hoy, y casi tres años después del informe de Antifraude, Rodríguez continúa ejerciendo como funcionario del grupo A1 y como subdelegado en Valencia. Ni la Delegación del Gobierno ni el Ejecutivo han ofrecido explicaciones públicas sobre el caso, mientras crece la controversia por el papel del Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer en el inicio de esta trayectoria administrativa.