Imagen de archivo de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. EFE/Biel Aliño /Archivo
La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha anunciado la presentación en el Congreso de los Diputados de seis iniciativas parlamentarias con el objetivo de desbloquear el soterramiento de las vías de Serrerías y la prolongación sur del túnel, un proyecto que, según ha denunciado, lleva más de cuatro años paralizado por el Ministerio de Transportes.
Las propuestas, firmadas por la diputada valenciana del Partido Popular Alma Alfonso, incluyen dos solicitudes de documentación dirigidas al Ministerio y a ADIF, así como cuatro baterías de preguntas escritas para exigir explicaciones sobre la situación del proyecto.
Cuatro frentes para exigir respuestas
Las iniciativas planteadas por el consistorio buscan aclarar diferentes aspectos clave del bloqueo. Entre ellos, destacan la situación contractual del Estudio Informativo, el uso del Estudio de Viabilidad de 2015, el cumplimiento de resoluciones del Consejo de Transparencia y la relación institucional entre el Ministerio y el Ayuntamiento.
Catalá ha sido contundente al respecto: “Valencia lleva más de cuatro años esperando explicaciones sobre un estudio pagado con dinero público y ejecutado al 76 %”, ha afirmado.
Más de 600.000 euros invertidos
El Ayuntamiento también pone el foco en el impacto económico de la paralización. Según los datos aportados, se han invertido ya más de 635.000 euros en dos contratos vinculados al proyecto:
El Estudio de Viabilidad técnico-económica (2015)
El Estudio Informativo, parcialmente ejecutado antes de su suspensión en 2021
Para el consistorio, esta situación evidencia una gestión ineficiente de recursos públicos y una falta de compromiso con una infraestructura considerada clave para el desarrollo urbano.
La polémica del túnel pasante
Uno de los argumentos del Ministerio para justificar el retraso ha sido la incompatibilidad de las obras con el Corredor Mediterráneo y el túnel pasante. Sin embargo, el Ayuntamiento rechaza esta explicación y la califica de “excusa técnicamente insostenible”.
Según Catalá, el propio contrato del estudio contemplaba soluciones para compatibilizar las obras con el tráfico ferroviario, lo que desmontaría el argumento ministerial.
Además, el consistorio denuncia contradicciones en la versión del Ministerio sobre la recepción de documentación municipal, asegurando que sí se remitieron informes técnicos en septiembre de 2024.
Para la alcaldesa, la situación va más allá de un simple retraso administrativo: “Esto no es un retraso, es un desprecio institucional”, ha concluido.
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