El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de València, Juan Giner, ha reivindicado este viernes que la nueva normativa para regular los alojamientos turísticos en esta ciudad será la más restrictiva de España, e implicará que el 98 % de los inmuebles de la ciudad sean de uso residencial y comercial.
Así lo ha señalado tras la reunión de la Junta de Gobierno Local, que ha aprobado el borrador de la normativa que sólo permitirá en los barrios que el 2 % de las viviendas se destine a alojamientos turísticos, y que recoge hasta cinco mecanismos para restringir la proliferación de alojamientos turísticos en la ciudad.
El edil ha precisado que, para conseguir una licencia, se deberán superar hasta cinco filtros o "candados limitaciones" para que su implantación "sea sostenible y evitar una saturación a la que se ha llegado en algunos barrios por los más de ocho años sin control ni normativa del anterior gobierno de Compromís y PSOE".
Con la nueva norma no se podrá destinar a apartamento turístico un piso en una comunidad de vecinos, y los bajos tampoco se podrán utilizar si la comunidad de vecinos los rechaza y así lo registra en sus estatutos.
Además, los alojamientos turísticos deberán estar siempre por debajo de viviendas de uso residencial -por tanto, en la primera planta o en bajos-, o en edificios completos. Los que estén en primera planta deberán tener un acceso independiente de la finca.
Las cinco limitaciones
Para proteger a los vecinos y mantener una implantación equilibrada se establecen hasta cinco candados, limitaciones o controles, como prohibir la implantación de nuevas plazas turísticas de todo tipo en los distritos que superen el 8 % de número de plazas turísticas (hoteles y apartamentos) respecto al número de vecinos empadronados en el distrito.
El segundo nivel prohibirá nuevas plazas en aquellos barrios que superen el 8 % de número de plazas turísticas (hoteles y apartamentos) respecto el número de vecinos y vecinas (empadronados) en el distrito.
Además, para evitar la pérdida del uso residencial en la ciudad y su sustitución por el uso turístico de forma generalizada, el número de viviendas turísticas y apartamentos turísticos no podrá superar el 2 % del número de viviendas residenciales de cada uno de los barrios.
"La única limitación que hizo el anterior gobierno fue del 10 % en el Cabanyal, ocho puntos por encima de la nueva limitación, que afectará a toda la ciudad a excepción de Ciutat Vella, que tiene su propia regulación" aprobada por el actual gobierno, ha recordado Giner.
Para evitar que las viviendas turísticas se concentren en una determinada zona de los barrios, se establece que las viviendas turísticas no pueden superar el 5 % del total de las viviendas de una manzana de viviendas.
Asimismo, se limita al 15 % de locales existentes en cada manzana de viviendas donde se puede desarrollar una vivienda turística, de forma que el 85 % de los locales estará destinado a otros usos terciarios, como oficinas, restaurantes, bares, peluquerías, ópticas, farmacias o clínicas.
Blindar que los pisos turísticos no vayan a más
Con la combinación de estas limitaciones "se blinda definitivamente que los apartamentos turísticos ya no puedan ir a más en nuestra ciudad", ha afirmado Giner, quien ha destacado que además se incluye la reversión de las viviendas turísticas a viviendas de uso residencial siempre que cumplan las condiciones de habitabilidad establecidas.
Esta normativa "busca proteger al vecino, priorizar el uso residencial (la vivienda) y el comercio de proximidad, apostando por un modelo turístico sostenible y de calidad", ha resaltado el concejal, quien ha afirmado que los ocho años de gobierno de la izquierda han dejado "una herencia caótica por falta de control".
Según Giner,"más de 10.000 viviendas turísticas ilegales están registradas en las plataformas de alquiler turístico", a lo que se va a "poner freno con la primera normativa municipal para regular el alojamiento turístico".
El edil ha explicado que, hasta ahora, no había límites para el alojamiento turístico por barrios y distritos, donde podían llegar "hasta el 50 %" y se permitían las viviendas turísticas "sin límites máximos, salvo en el Cabanyal, donde a finales de 2023 se fijó en el 10 %".
Ha señalado finalmente que las órdenes municipales de cierre de viviendas turísticas ilegales "se han disparado en el último año, con más de 500 órdenes de cierre frente a la media anual de 70 del mandato anterior".