Valencia se abre ahora a una zona de bajas emisiones de mínimos con un informe favorable

El tráfico en Valencia parece más limpio de lo que indican los registros oficiales, y el Ayuntamiento aprovecha ese argumento para abrir la puerta a una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) “de mínimos”. Según un estudio elaborado a partir de las cámaras instaladas en el marco de la ZBE, solo el 6% de los vehículos que circulan por la ciudad carece de distintivo ambiental, frente al 26-29% que figura en los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT).

El análisis, financiado con fondos europeos Next-Generation EU, ofrece un retrato detallado del parque móvil de la ciudad: composición, procedencia, edad y tipo de etiqueta ambiental. La conclusión es clara: el tráfico real es más eficiente y joven de lo que sugerían los censos oficiales. Los turismos dominan la vía pública con un 83% de los movimientos, seguidos por camiones y furgonetas (7%) y motocicletas (4,5%). La edad media de los vehículos oscila entre 7 y 9 años.

En cuanto a las etiquetas ambientales, los coches con distintivo C representan el 48% del tráfico, la B un 19%, la ECO un 18% y la 0 emisiones un 5%. Las matrículas extranjeras o no reconocidas suponen un 4%, aunque el sistema de cámaras continúa ajustándose para mejorar el reconocimiento.

El concejal de Movilidad y Policía Local, Jesús Carbonell, subraya que los datos muestran un tráfico más eficiente de lo esperado y un crecimiento del uso de la motocicleta. “El tráfico interior se encuentra estabilizado o incluso a la baja respecto a 2025, mientras los accesos a la ciudad crecen ligeramente, reflejando tanto un aumento de la población como de los desplazamientos sostenibles a pie, en bicicleta o transporte público”, señala.

El informe también refleja que Valencia actúa como un imán para el tráfico metropolitano: el 65% de los vehículos que entran proviene de otros municipios, y más de la mitad del tráfico interior corresponde a coches externos. Carbonell insiste en la necesidad de reforzar el transporte público para reducir la dependencia del vehículo privado.

El Ayuntamiento estudia ahora una ZBE que, al estilo de la implantada en Castellón con el apoyo de Vox, podría limitarse a la monitorización informativa, sin prohibiciones ni sanciones, activándose solo si los niveles de contaminación lo exigen. Este diseño permitiría además mantener subvenciones vinculadas a la ZBE por más de cien millones de euros.

El informe llega en un contexto de caída del parque móvil: según el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), el número de vehículos registrados en Valencia descendió un 2,3% respecto a 2024, hasta 464.529 unidades, mientras las motocicletas aumentaron un 1,7%, consolidándose como una alternativa creciente para moverse por la ciudad.

En Compromís, el informe no convence. Papi Robles critica la gestión del gobierno local y alerta sobre las consecuencias económicas y sanitarias de retrasar la ZBE: “El Ayuntamiento ya ha perdido 18 millones de euros de la convocatoria de 2022 por no ejecutar proyectos vinculados a la ZBE, como carriles bici o zonas peatonales. Y siguen sin hacer nada. Las cámaras funcionan, la que no funciona es Catalá y su gobierno”, afirma.

Robles denuncia que, a este ritmo, Valencia podría llegar al verano sin una ZBE operativa y perder hasta 150 millones de euros, mientras la contaminación sigue afectando la salud de la ciudadanía. “Mucha propaganda y cero decisiones”, resume, en referencia a la infraestructura de cámaras que costó más de 10 millones de euros.

Por su parte, el PSPV-PSOE también critica la lectura que hace el gobierno municipal de los datos. La concejala Elisa Valía ha denunciado lo que califica de “triunfalismo insultante” de la alcaldesa María José Catalá y del concejal Carbonell, a quienes acusa de manipular cifras parciales para ocultar el aumento del tráfico y el deterioro de la movilidad en la ciudad. Según Valía, el modelo “procoche y excluyente” impulsado por el PP, junto con Vox, ha bloqueado una ZBE eficaz, empeorando la calidad del aire y la salud pública. “Moverse por València es cada vez más peligroso, caro y lento. 

Los vecinos perciben que la movilidad funciona peor, y Catalá nunca quiso una ZBE ambiciosa que realmente protegiera la ciudad”, ha asegurado. La edil socialista advierte que el actual diseño de mínimos responde a planteamientos “negacionistas” que vacían de contenido una herramienta clave para combatir la contaminación.