En la foto adjunta Francisco García (presidente de VIUTUR saliente) en el centro, junto a Miguel Ángel Sotillos (presidente de APTUR CV), y Silvia Blasco (nueva presidenta de VIUTUR) /EPDA
La Asociación de Viviendas de Uso Turístico de Valencia, VIUTUR, ha
celebrado su Asamblea General Ordinaria para, entre otros asuntos,
aprobar la renovación de su Junta Directiva y adherirse a la nueva
plataforma autonómica APTUR CV, la patronal de las Viviendas
Turísticas de la Comunitat Valenciana integrada a su vez en la
Federación Nacional de Viviendas Turísticas (FEVITUR).
La
Asamblea, celebrada esta mañana en el CDT de Valencia, ha decidido
por unanimidad nombrar a la hasta ahora vicepresidenta de VIUTUR,
Silvia Blasco, como la nueva responsable de la Asociación de
Viviendas de Uso Turístico de Valencia. Además, se ha aprobado
también por unanimidad la adhesión de VIUTUR a APTUR CV en
presencia del presidente de la patronal autonómica, Miguel Ángel
Sotillos (responsable a la vez de la asociación de Apartamentos
Turísticos ARTUR), quien se ha mostrado confiado en que la patronal
autonómica siga sumando adhesiones de asociaciones, propietarios o
gestores de Viviendas Turísticas de toda la Comunitat para
fortalecer la interlocución con la Administración y conseguir
mejoras para el sector. Sotillos recordó que APTUR CV, por su
pertenencia a la Federación Nacional, está representada tanto en
CEOE, en la CEV y en el Consell de Turisme de la Generalitat
Valenciana.
Sotillos
también ha destacado la buena acogida que está teniendo la campaña
contra la Tasa Turística que, en apenas dos semanas, ha conseguido
la adhesión de casi de 2.500 firmantes,
entre los que se encuentra APTURCV y la propia Federación Nacional
de Viviendas Turísticas.
Silvia
Blasco, por su parte, ha informado sobre el proceso en el que se
encuentra el recurso judicial de VIUTUR contra el PEP (el
Plan Especial de Protección de Ciutat Vella aprobado por el
Ayuntamiento de Valencia) que, según sus palabras “define un nuevo
uso terciario para la vivienda turística con la única finalidad de
prohibir y/o limitar nuestra actividad, lo que en nuestra opinión es
contrario al ordenamiento jurídico español y de la Unión Europea,
y volverá a fomentar el intrusismo en el sector”.
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