La lucha contra los
trastornos de la conducta alimentaria (TCA)
vuelve a situarse en el centro del debate social en la
Comunitat Valenciana
y en el conjunto del paÃs. Varias familias
han iniciado una recogida de firmas
para exigir más recursos públicos y una atención digna que permita tratar a los pacientes sin depender de centros privados o desplazamientos fuera del territorio.
La iniciativa fue impulsada por la
familia de Isabel
, la joven de Requena cuyo caso acabó en suicidio, y que volvió a poner el foco en la necesidad de reforzar los servicios de salud mental. A esta campaña se ha sumado ahora RocÃo, una
madre de la comarca Utiel-Requena
, que junto a su familia ha decidido dar un paso más mientras su hija afronta un proceso de anorexia.
El objetivo de Rafa, padre de Isabel, y de RocÃo es llevar esta reivindicación al
Congreso de los Diputados
y visibilizar una realidad que, según denuncian,
"muchas familias están viviendo en silencio".
En la actualidad, tal y como señalan diferentes plataformas y fuentes del sector,
la Comunitat Valenciana cuenta con recursos muy limitados para el tratamiento de estos trastornos
, con apenas
11 camas hospitalarias especÃficas en unidades públicas como la del Hospital La Fe de València.
Una cifra que, según los afectados, resulta claramente insuficiente para atender la demanda existente, especialmente teniendo en cuenta que los ingresos suelen prolongarse durante meses.
En este sentido, las familias apuntan que, aunque existe una unidad especializada de referencia, el acceso es muy limitado y no cubre todas las necesidades asistenciales, especialmente en lo relativo al seguimiento psicológico y psiquiátrico fuera de los ingresos hospitalarios.
HAY FAMILIAS QUE NO PUEDEN ASUMIR EL COSTE DEL TRATAMIENTO
Ante la falta de plazas, muchos pacientes son derivados a centros especializados fuera de la Comunitat Valenciana, como el de Canet del Mar (Barcelona), lo que implica un
importante coste económico para las familias.
Según denuncia RocÃo, en muchos casos los tratamientos se interrumpen antes de tiempo por motivos económicos:
"Hay padres que no pueden costearlo y tienen que sacar a sus hijos sin haber terminado el proceso".
CASOS QUE EVIDENCIAN LA GRAVEDAD DEL PROBLEMA
Las familias advierten de que
las consecuencias pueden ser dramáticas si no se garantiza una atención continuada
. Como ejemplo, recuerdan el caso reciente de una joven de Navarra que, tras abandonar el tratamiento, se suicidó apenas dos meses después.
A esta situación se suma el impacto cercano del caso de Isabel, que ha sido el detonante de esta movilización y cuyo entorno familiar continúa implicado activamente en la reivindicación, junto a otras familias afectadas.
Además,
alertan de que los TCA afectan cada vez a edades más tempranas
, con ingresos de
menores de incluso 10 años
en centros especializados.
UN PROBLEMA CRECIENTE EN EL SISTEMA SANITARIO
Los datos reflejan un aumento de la presión asistencial en este ámbito. Se han registrado decenas de miles de consultas relacionadas con trastornos alimentarios en los últimos años, como
en 2022, que se registraron más de 46.000 consultas por TCA en la Comunitat Valenciana
lo que evidencia la dimensión del problema.
Sin embargo,
las familias denuncian que el incremento de casos no ha ido acompañado de una ampliación suficiente de los recursos públicos
, lo que genera listas de espera, derivaciones y desigualdad en el acceso al tratamiento.
REIVINDICACIÓN POR UNA SALUD MENTAL PÚBLICA DIGNA
con el objetivo de impulsar cambios estructurales en la atención a la salud mental. Entre las principales demandas,
reclaman más unidades especializadas, aumento de plazas públicas y una red que garantice tratamientos completos dentro del sistema sanitario público
, sin depender de la capacidad económica de las familias.
"Estamos hablando de vidas"
, resume RocÃo, que insiste en que la salud mental debe situarse como una prioridad dentro del sistema sanitario público.