¿A quiénes votamos el 23-J?

De nuevo hemos sido convocados los ciudadanos a las urnas el día 23 de julio próximo para elegir a los nuevos diputados y senadores, elecciones que traerán como consecuencia la elección de un nuevo gobierno en España.

Como ciudadanos de a pie, ante esta nueva convocatoria electoral, solamente, a nuestro juicio, tenemos ante nosotros dos opciones:

O votar y dar nuestra confianza a quienes han aumentado sensiblemente el salario mínimo interprofesional (1.080 euros mensuales para 2023) y las pensiones, estas, la útima vez, con el 8% y para el futuro de acuerdo con el I.P.C.; han aprobado la reforma laboral con un aumento de los derechos laborales; la Ley contra la Violencia de Género en favor de las mujeres maltratadas; la Ley de Muerte Digna; el Ingreso Mínimo Vital; la subida de impuestos para las entidades financieras y las grandes empresas energéticas; el incremento de becas de estudio para los más necesitados; la mayor inversión en la asistencia sanitaria pública; la lucha contra el cambio climático; el apoyo, en nuestro caso, a la promoción del valenciano; la no segregación por sexos en los centros escolares y la gratuidad de los libros de texto; el mayo reconocimiento de España a nivel internacional, sobre todo en la Unión Europea; la disminución del desempleo y el aumento de cotizaciones a la Seguridad Social; la no discriminación de nadie por su orientación sexual; la sanidad universal, etc.

O votar a quienes sin ofrecer hasta la fecha, que sepamos, un programa serio y coherente de gobierno, se han limitado a oponerse a casi todas todas las medidas antes aludidas, entre ellas, por citar solo unas pocas, a la reforma laboral, lo que supondría volver a la precariedad en el empleo de muchos trabajadores; al aumento del salario mínimo  y de las pensiones; al reconocimiento por algunos de la violencia de género, negando su existencia; al reconocimiento explícito del cambio climático, que siguen sin reconocer también algunos de ellos; a una mejor sanidad pública y sí, en cambio,  a favor de una mayor privatización de la misma; y, en el caso de los valencianos, a la protección de nuestra lengua, con la amenaza, también por algunos, la amenaza de la derogación de una institución tan importante para la promoción y defensa de la normativa lingüística del valenciano como la Academia Valenciana de la Lengua, etc.

Ambas opciones, en principio, nos pueden parecer legítimas, pero creemos que debemos actuar como personas adultas políticamente, sin creer en falsos temores y fantasmas, dando nuestra confianza a quienes defienden y promocionan mejor los derechos y libertades de los hombres y mujeres de este país.