Un aluvión de multas de tráfico por saltarse un Stop en un cruce ha desatado la polémica en Vinalesa, un municipio de l'Horta Nord, con poco más de 3.500 habitantes. Algunos afectados hablan de miles de sanciones desde la instalación del sistema el pasado mes de marzo, una cifra que no confirman desde el Ayuntamiento, aunque hablan de "muchísimas".
El Stop se encuentra en un punto conflictivo de tráfico, en la calle Major, justo enfrente del ayuntamiento de la localidad, y muy cerca del acceso a dos colegios. Por esto mismo, la Policía Local recomendó al consistorio la instalación de las cámaras en este punto concreto para evitar accidentes, ya que la mayoría de vehículos que circulan por esta zona se saltan la señal y la convierten en un 'Ceda el paso'.
El objetivo es vigilar el cumplimiento de las normas de circulación y el tránsito de vehículos pesados, contribuyendo así a la protección de peatones y escolares. No obstante, el aluvión de sanciones que se han comenzado a notificar en estas últimas semanas ha creado crispación entre los vecinos, ya no tanto por la sanción económica que son 200 euros, 100 si se paga bonificada, sino por los cuatro puntos que conlleva del carné de conducir y que nadie quiere perder.
Muchos de los conductores son trabajadores de empresas o vecinos que pasan varias veces al día por la zona y que se han visto sorprendidos por las sanciones, a pesar de que la presencia de la cámara está señalizada como establece la normativa y el Stop cuenta con señalética vertical y horizontal.
Uno de los afectados explica que fue la propia policía la que lo desvió por allí, cuando fue a la población para hacer una compra habitual, porque hay un recorrido alternativo, y que semanas después le llegó la denuncia por "no detenerse en el lugar prescrito por la señal de Stop".
"Con las fotos en la mano, no queda claro cuánto tiempo hay que parar para mira a ambos lados, lo que tampoco establece la DGT", explica, ya que se trata de una secuencia de cuatro fotografías en la que se ve el vehículo sobrepasando la línea marcada.
Además, añade que en la señal que advierte la presencia de la cámara "no aparece la distancia en la que ubica el Stop que se sanciona" y añade que "la visibilidad es muy reducida y se requiere para una segunda vez para asegurarte de que no viene nadie".
Evitar accidentes
Para el alcalde, Javier Puchol, las cámaras han cumplido su función que es evitar los accidentes y hace referencia a un choque entre un vehículo y un patinete hace unas semanas en este mismo punto, con un herido. "Nuestro objetivo no es recaudar, sino que se cumplan las normas de circulación y más en este punto donde concurren dos colegios", explica.
"El ayuntamiento está enfrente y cuando te asomas en la ventana se puede ver como los vehículos no suelen paran en el Stop, este tipo de infracciones se tienen que penar", advierte y señala que también hay sanciones por exceso de carga, otra de las funciones de la cámara, "aunque son muchas menos".
Puchol comenta que las multas que se están comunicando ahora corresponden al mes de marzo, pero puntualiza que si algún conductor tiene más de una en este periodo "no cuentan hasta que le llegue la primera sanción", con el fin de que sirva la advertencia para cumplir con las normas de circulación.
Además, señala que la Policía Local advirtió de la instalación del sistema de vigilancia a las familias de los dos centros educativos, así como a las empresas del polígono industrial, y remarca que hay una ruta alternativa para no tener que pasar por esta zona en el centro de la población.
El alcalde añade que "estamos estudiando instalar más cámaras en otras zonas", aunque "sea una medida impopular".
Cámaras en l'Horta Sud
Este caso recuerda al de algunos municipios de l'Horta Sud como Catarroja, Beniparrell, Massanassa, Picanya y Sedaví, que instalaron fotorrrojos en 2015, a través de una empresa privada, para detectar a los conductores que se saltaban los semáforos en rojo.
El resultado fue el de 64.539 multas durante cuatro años que duró el contrato, 3.000 de ellas en los primeros meses, y una recaudación global que superó los 4,5 millones de euros, a pesar de las protestas de los sancionados que llegaron hasta el juzgado.
