Cientos de personas se han manifestado este jueves en las calles de Valencia para protestar contra las diversas formas de exclusión que sufre la población migrante y en defensa de sus derechos.
La manifestación, convocada por medio centenar de entidades, ha partido de la plaza de toros y ha concluido en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores.
Los migrantes, según han defendido los convocantes, son "portadores de derechos fundamentales, que nadie concede ni puede arrebatar", y han citado el derecho a una vida plena, a la libertad de movimiento, a la salud, a la vivienda, al trabajo, a vivir sin miedo ni discriminación, y han añadido: "Son derechos que el Estado español vulnera, por lo que nos vemos en la obligación de reclamar en las calles que se garanticen".
A estas dificultades se suma el "racismo inmobiliario", una "violencia cotidiana que niega el derecho a la vivienda o impone condiciones abusivas por el color de la piel o el origen".
"Cuando una persona migrante acude a una inmobiliaria, sufre discriminación por su acento, porque se cree que no vamos a cumplir con el pago, y estamos malviviendo", ha denunciado Ángela Pedraza, portavoz de la Plataforma Por los Derechos de las Personas Migradas y presidenta de Valencia Acull.
Otra de las cuestiones en las que se ha centrado la protesta es el empadronamiento, que "es más que un trámite: es la llave de acceso a los derechos básicos y una forma de reconocimiento administrativo".
"Sin empadronamiento no hay sanidad, educación ni protección social. Por eso defendemos el empadronamiento universal, sin trabas ni requisitos arbitrarios. Queremos ciudades que acojan, no que expulsen", han reclamado los manifestantes.
Por otra parte, han insistido en que "las evidencias señalan que las personas migrantes no son las responsables de los problemas de seguridad. En cambio, sí las hay de que son quienes más sufren la precariedad, la exclusión y la violencia institucional".
"Las cifras demuestran que no se pueden crear ese tipo de estereotipos, como tampoco se puede generalizar por los casos de corrupción que estamos conociendo", ha añadido Pedraza.
Por último, ha denunciado "las medidas anunciadas por la Generalitat Valenciana, que alimentan la islamofobia y fomentan la división entre buenos y malos migrantes", y también el papel de Frontex, "una estructura que prioriza la impermeabilidad de las fronteras sobre los derechos humanos, que opera con opacidad y que ha sido cuestionada por prácticas ilegales y violentas"