El exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, en una imagen de archivo. EFE-Manuel Bruque
El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión por malversación de caudales públicos y al pago de una multa de 5 millones de euros por un delito continuado de cohecho, mientras que ha quedado absuelto del delito de falsedad documental.
Así consta en la sentencia de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia, a la que ha tenido acceso EFE, relativa la pieza A del caso Imelsa, en la que estaban procesados además de Grau, la exsecretaria del grupo municipal del PP Mari Carmen García Fuster, el exgerente de la Fundación Turismo Valencia José Salinas y el exdirector de la Asociación Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD) Juan Eduardo Santón.
La Sala considera a Grau autor de los delitos continuados de malversación y cohecho pasivos cometidos con motivo de la financiación de la campaña electoral del PP para los comicios municipales de 2007, aunque para ambos delitos, aprecia la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas.
Además, le condena a indemnizar al Ayuntamiento de Valencia con 388.150 euros.
José Salinas, por su parte, ha sido condenado a cuatro años de prisión como cooperador necesario de un delito continuado de malversación de caudales públicos, y deberá responder de forma solidaria al pago de 210.000 de los 388.150 euros de la responsabilidad civil a la que habrá de hacer frente el anterior penado.
En cambio, el Tribunal ha absuelto por falta de pruebas de los delitos de cohecho, malversación y falsedad documental a los otros dos acusados en este procedimiento.
La sentencia considera probado que el entonces concejal de Hacienda y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau (PP), desvió fondos de la fundación y la asociación mencionadas, que recibían aportaciones económicas del Consistorio, para sufragar gastos generados por la campaña electoral municipal del PP de 2007.
Según recoge la resolución, la Fundación Turismo Valencia, entidad de carácter privado financiada con aportaciones municipales y destinada a la promoción turística de la ciudad, abonó al menos 210.000 euros a la empresa que gestionaba la campaña electoral para el PP, Laterne Product Council (LPC).
Del mismo modo, CEyD, dedicada al desarrollo económico, cultural, social y tecnológico de València y financiada mayoritariamente con dinero municipal, pagó 178.150 euros a la misma empresa.
La sentencia, de 370 páginas, mantiene que dichos pagos se efectuaron por decisión de Alfonso Grau y que José Salinas colaboró en la ejecución de los mismos.
La resolución también considera probado que la empresa Laterne recibió aportaciones de diversas empresas contratistas con el Consistorio que se dedicaron a sufragar gastos de las actividades de la campaña electoral del PP de 2007 y que se efectuaron bajo la apariencia de pagos por prestaciones que realmente no se habían realizado.
Esos empresarios hicieron dichos pagos para "significarse ante quienes podían continuar siendo responsables del gobierno municipal", a fin de "apoyar que la candidatura del Partido Popular continuara gobernando (…) y poder, así, beneficiarse en el futuro de un trato favorable por parte del Ayuntamiento, de las empresas públicas municipales y de cualesquiera otras entidades en cuyas decisiones pudieran intervenir los gobernantes municipales", detalla la sentencia.
El Tribunal ha dictaminado que esos pagos se hicieron a petición de Alfonso Grau,"quien se prevalió de la posición que ocupaba como teniente de alcalde del Ayuntamiento para conseguir aportaciones económicas de las empresas que mantenían relaciones económicas con la Corporación local por importes relevantes o que podían tener interés en poder acceder a contratar con el Ayuntamiento".
En todo caso, lo hicieron -prosigue la Sala- "en atención a la posición de poder que él ocupaba y a la capacidad que podía haber desplegado o podía en el futuro desplegar para poder influir en la contratación municipal".
Según la Audiencia de Valencia, en esa acción, "cuanto menos colaboró en la comisión de los hechos" José Salinas, pues autorizó los pagos y "no cabe plantear como hipótesis razonable" que lo hiciera "por error o engañado", sino que su colaboración fue "necesariamente consciente de su finalidad".
Diferente conclusión alcanza el Tribunal respecto a la campaña de las municipales de 2011, que también eran objeto de acusación, pues entiende que no hay una prueba evidente del origen de los fondos utilizados por el PP para sufragar los gastos electorales.
"La prueba existente y analizada no permite descartar que las facturas analizadas se correspondieran con trabajos efectivamente realizados", precisan los magistrados.
Así, aunque el pago de gastos electorales con los saldos de la cuenta del Grupo Municipal Popular se efectuaron "al margen de la contabilidad del PP y con incumplimiento de las exigencias de la legislación sobre financiación de partidos políticos y de la legislación electoral", esos hechos, cuando se cometieron, no eran constitutivos del delito de financiación ilegal, añade el Tribunal.
La sentencia no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.
