Foto del coche de Policía Nacional- EPDALas investigaciones por parte de los agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Valencia se iniciaron el pasado 11 de noviembre, tras tener conocimiento de que cuatro ciudadanos extranjeros solicitantes de protección internacional, que carecían de permiso para trabajar, habrían recibido un salario muy por debajo del estipulado en el convenio colectivo del sector de la construcción donde habrían desarrollado diversos trabajos. Concretamente, habían realizado 157 horas de trabajo, por las que debían haber percibido 1.150 euros. Sin embargo, únicamente les abonaron 600 euros.
Asimismo, los investigadores averiguaron que las víctimas no habían recibido formación en prevención de riesgos laborales ni equipos de protección individual para el desarrollo de sus funciones, pese a estar ejecutando tareas en un entorno de obra con riesgo.
Los agentes comprobaron también que el responsable de la empresa era conocedor de que las víctimas carecían de autorización para trabajar en España y se aprovechaba de su vulnerabilidad y desconocimiento ofreciéndoles condiciones laborales precarias y sin darles de alta en la Seguridad Social.
Por todo ello, los policías lo detuvieron como presunto autor de un delito contra los derechos de los trabajadores. El arrestado ha sido puesto en libertad una vez oído en declaración tras ser advertido de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fuese requerido.
