Javier Berasaluce y Mario SánchezLa red de corrupción que puso patas arriba al PP valenciano en 2016 y que ha llevado a más de 100 personas ante la justicia en el conocido como 'caso Taula' entre políticos y empresarios por presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude y falsedad ha extendido sus tentáculos hasta llegar a Requena.
El pasado 18 de febrero, el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJ) informó de que la jueza que instruye el caso Imelsa, empresa pública de la Diputación de Valencia -actual Divalterra-, está investigando, en una nueva pieza separada (la K), supuestas irregularidades en contrataciones del ayuntamiento de Requena durante 2013 por servicios que al parecer no fueron prestados y ha imputado al actual alcalde de Requena, Mario Sánchez y al exalcalde, y actual portavoz popular, Javier Berasaluce.
La instructora entiende que nuevos hechos aparecidos en una nueva línea de investigación, derivada de la pieza D, pueden ser constitutivos de delitos.
La pieza D investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación con cargo al presupuesto de Imelsa de un servicio denominado 'call center' a la empresa Servimun, relacionada con el exsuegro de Marcos Benavent (conocido como 'El Yonki del dinero'), Mariano López. Este último, según la Fiscalía, recibió cerca de 200.000 euros de forma velada (que blanqueó) por mediar en la contratación fraudulenta. La investigación de la nueva pieza que afecta al ayuntamiento de Requena, se centra en el abono de tres facturas entre marzo y agosto de 2014 a la firma Técnicas Legales Administrativas, en contra del informe de la interventora municipal, por supuestos trabajos de los que no existiría constancia en ningún expediente administrativo.
Igualmente, el juzgado investiga la adjudicación a Servimun por el procedimiento negociado sin publicidad en octubre de 2013 de un contrato de un valor estimado de 50.000 euros por el que el Consistorio acabó pagando, entre 2015 y 2016, facturas por más de 178.000 euros, "sin que existan evidencias que determinen la realidad de los servicios prestados", según se recoge en el auto.
Ambos representantes han mantenido una misma versión de los hechos y han defendido su inociencia de forma recíproca. Preguntados por este medio, Berasaluce no quiso hablar sobre el tema señalando que "estoy muy tranquilo pero por prudencia jurídica, prefiero no hacer declaraciones de momento, no sea que luego resulte contraproducente". Por su parte, el actual alcalde, se remitió al comunicado que hizo público en sus redes en el que lamentaba haberse enterado de la investigación por los medios. "Cuando uno accede a un cargo público está preparado para que pueda ocurrir algo así y, en la desagradable situación de que te acusen de algo de lo que te sabes inocente, piensas qué harías para defenderte -explica el alcalde de Requena en dicho comunicado-; siempre he pensado que lo haría de una forma, de la forma en que lo voy a hacer ahora: con transparencia. Por lo cual manifiesto mi absoluta inocencia ante los hechos que se imputan, y que por otro lado sólo conozco por la prensa, ya que de forma oficial el juzgado no me ha notificado nada. No hay derecho a que pase algo así".
Según indicó Sánchez, el contrato de Servicio de Apoyo al Ayuntamiento en actividad inspectora al objeto de aflorar deuda oculta relacionada con los ingresos de derecho público relativos al ICIO (Impuesto de Construcciones) e IAE (Impuesto de Actividades Económicas) se firmó en 2013 por Javier Berasaluce, como alcalde entonces de Requena, con la única empresa que presentó oferta, Servimun, después de seguir un procedimiento negociado sin publicidad. Así, la empresa se encargaría de trabajar para investigar posibles impagos al Ayuntamiento en diferentes impuestos y, una vez que el Ayuntamiento hubiera efectivamente recaudado estos impuestos (esta deuda oculta), le pagaba un 24,5%+IVA a la empresa, de la deuda que aflorara por su trabajo de inspección.
En total se le pagó a la empresa 178.300,87€, el 24,5%+IVA de lo efectivamente recaudado. Es decir, que supuestamente la empresa afloró más de 600.000 euros de impuestos que se habían evadido en Requena. El alcalde ha asegurado que todos los ingresos y los gastos constan en la contabilidad municipal. "Siendo yo alcalde se pagaron las dos últimas facturas, correspondientes al IAE de las cooperativas. Del total de 178.300,87€, en mi mandato se pagaron 65.057,50€, con la firma de la técnico responsable del contrato en la factura de la empresa y todos los informes favorables", añade el dirigente socialista quien intercede por su predecesor: "Sería cómodo para mí echar balones fuera, pero no tengo ningún indicio para dudar de la honorabilidad de Javier Berasaluce en la ejecución de este contrato".
Las facturas a las que ha tenido acceso este periódico, responden únicamente a este período -el presidido por Mario Sánchez- y, efectivamente se corresponden con servicios valorados en 219.455 euros por los que la empresa Servimun habría cobrado un 24,5%, es decir, los 65.057 euros abonados por el Ayuntamiento en dos facturas: una de 5.539 euros y otra de 59.518. En el primer caso, el detalle de lo aflorado se desprende de importes recaudados a Energía España SAU, Gas Natural, Bodega Nuestra Señora del Milagro y a Olioli Biodinámico SL. En el segundo, el más importante, se aportan 5 facturas de un importe casi idéntico -unos 40.000 euros cada una- que se certifican en la contabilidad de ingresos del ayuntamiento -todas ellas- el 19 de febrero de 2016.
Por último, Mario Sánchez manifestó su desconcierto ante el hecho de haberse enterado de este asunto por la prensa, no habiendo sido notificado formalmente de nada. "El sentimiento de indefensión y de no vivir en un Estado de Derecho es total. Cuento los días para poder defender mi honorabilidad. Además, anuncio que tomaré las medidas legales oportunas para defender mi honorabilidad ante las filtraciones o acusaciones infundadas que se viertan sobre mi persona".
Las muestras públicas de respaldo a la gestión de los dos representantes han sido unánimes. Tanto las personas que han comentado las publicaciones del actual alcalde (más de 50) como del exalcalde de Requena han coincidido en confiar en su inocencia y, en algunos casos incluso, han calificado la investigación de "caza de brujas". También han compartido la opinión de Sánchez respecto a "lo injusto" de tener que enterarse por la prensa de una acusación así y, en general, han destacado la transparencia con la que ha actuado. Compañeros de partido, alcaldes de localidades limítrofes y cargos socialistas han expresado su "total confianza" en el actual primer edil y han lamentado el daño que este proceso le está haciendo reconociendo que "no hay derecho al linchamiento público que producen estas filtraciones".
