Pie de fotoEl expediente abierto por la Generalitat a la planta de reciclaje incendiada en San Antonio de Requena puede llevar a su cierre definitivo, según ha explicado este martes la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas.
La titular de Medio Ambiente ha destacado que, tras las irregularidades detectadas y la suspensión cautelar de esta planta, afectada por un incendio que comenzó el 15 de abril y aún no se ha extinguido, "se está recopilando la información en unas diligencias preliminares que pueden conllevar el cierre definitivo de la instalación".
Así lo ha señalado tras reunirse con la alcaldesa de Requena, Rocío Cortés, el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, y representantes de los vecinos afectados de ambas localidades, a quienes ha trasladado un "mensaje de tranquilidad", según han informado fuentes de la Generalitat.
Esta investigación, que finalizará una vez se recojan las últimas pruebas tras la extinción del incendio, se complementará con otros dos expedientes por parte de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental.
El primero será un nuevo expediente sancionador que se ha comenzado a tramitar, en el que se han incorporado los antecedentes de la empresa y se ha procedido a la apertura de la fase de actuaciones previas para recopilar todos los datos de la Conselleria de Medio Ambiente y de otros departamentos implicados.
Este proceso finalizará una vez se pueda incorporar toda la documentación relativa al incendio una vez esté extinguido, mientras que, por otro lado, se va a abrir otro expediente por incumplir la ley de Responsabilidad medioambiental.
La Generalitat "se ha adelantado y ha tomado estas medidas porque antepone los intereses de los vecinos de Requena y Utiel ante los de una empresa desaparecida", ha afirmado Pradas, que ha asegurado que el objetivo es "depurar al máximo las responsabilidades y determinar si se han hecho bien las cosas y se cumplía toda la normativa".
La consellera ha adelantado que se ha solicitado a la empresa que recoja todos los residuos de la planta una vez finalizada la extinción, y en caso de que no lo haga la Generalitat lo llevaría a cabo en ejecución subsidiaria, y ha reivindicado que se "ha tratado de respaldar a los vecinos en la medida de sus posibilidades y competencias" desde el primer momento.
Así, desde la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental, una vez confirmado que el incendio no se sofocaría de forma rápida, se procedió a instalar una unidad móvil para hacer un análisis continuo de la calidad del aire, cuyas muestras "siempre han confirmado que no hay un peligro para la población".
De forma paralela, se establecieron pautas de comportamiento para los colectivos más vulnerables, se solicitó la colaboración de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y se colaboró con las tareas de extinción con medidas como el suministro de 3.000 toneladas de tierra, ha señalado.
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