Imagen de archivo del exmarido de la exconcejala del Ayuntamiento de València MarÃa José Alcón, Vicente Burgos, a su llegada a la Ciudad de la Justicia de València para declarar en el caso Imelsa. EFE-Gustavo GrilloEl juez de Instrucción 18 de Valencia, que dirige la investigación del caso Imelsa, ha incluido en la lista de procesados de la pieza E al que fue gerente de la Fundación Jaume II el Just Vicente Burgos por un posible delito de malversación que pudo haber cometido al contratar al autodenominado "yonqui del dinero", Marcos Benavent, como director de actos institucionales en octubre de 2003.
Burgos, que fue marido de la difunta concejala del PP de València MarÃa José Alcón, estuvo investigado inicialmente en esta pieza, pero se sobreseyeron las actuaciones en lo relativo a su posible responsabilidad.
Su nueva imputación se produce tras admitir la Audiencia de Valencia el recurso de la FiscalÃa Anticorrupción contra el sobreseimiento, de modo que ahora se modifica el auto de procesamiento (de octubre de 2021) sobre el hecho investigado concerniente a la contratación del investigado Marcos Benavent Vicedo por la Fundació Jaume II el Just.
El posible delito de malversación de caudales públicos se imputa tanto a Burgos como a Benavent, que entre octubre de 2003 y julio de 2007 percibió de la referida fundación un salario bruto de 164.676,08 euros sin que realizase labor alguna en la misma, sino que en realidad "desempeñaba labores propias de asesor en la Conselleria de Cultura".
En la pieza E del conocido como caso Imelsa se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación de diversos contratos de la ConcejalÃa de Cultura del Ayuntamiento de València entre los años 2003 y 2007, cuando dirigÃa este departamento MarÃa José Alcón.
Los contratos investigados se centran en la ejecución de obras de limpieza, consolidación, restauración o mantenimiento de diversos monumentos de Valencia como la Lonja, las Torres de Quart y los puentes de Serranos y la Trinidad.
También se refieren a la construcción del Centro Cultural de la Rambleta y a la XXVII edición de la edición del festival de Mostra de València.
El magistrado expone en la resolución que los hechos investigados podrÃan revestir indiciariamente caracteres de delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios públicos. También aprecia un posible delito continuado de cohecho por el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de las adjudicaciones.
Según han dejado patente los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en uno de los informes que constan en el sumario del caso, Marcos Benavent, uno de los principales investigados del caso Imelsa, podrÃa haber recaudado al menos 83.000 euros en comisiones ilegales de contratos supuestamente amañados.
Los investigadores achacan a Benavent el doble papel de "intermediario" y "recaudador", mientras que Alcón "hacÃa valer su posición privilegiada" para "influir" en la adjudicación a determinadas empresas, según sus conclusiones.
Para los investigadores del caso, el contrato de limpieza y mantenimiento de las fachadas interiores y exteriores de La Lonja se adjudicó en noviembre de 2003 a Estudios Métodos de la Restauración (EMR) por algo más de un millón de euros, a los que se añadió en septiembre de 2005 una ampliación de 448.000 euros, adjudicada a la misma empresa.
En el caso de las obras de limpieza y consolidación de las Torres de Quart, el concurso fue adjudicado en marzo de 2006 a la UTE formada por CompañÃa Levantina de Edificación y Obras Públicas (Cleop) y Contratas y Obras Empresas Constructoras por 1,4 millones.
