El
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 7 de Valencia ha
anulado por ser contrario a derecho el decreto por el que se revocaba
la comisión de servicios de la interventora municipal firmado en el
año 2019 por la AlcaldÃa de Ayuntamiento del Puig. El
fallo judicial
supone la continuación de la comisión de servicios en la que estaba
la empleada pública "en el momento inmediatamente anterior al
dictado de la resolución declarada nula".
La
magistrada considera, una vez estudiado el expediente administrativo,
que "no
se justifica que concurra causa de revocación de la comisión ni se
ha acudido al procedimiento
previsto para ello, adoleciendo la resolución dictada de motivación
suficiente
que justifique la actuación administrativa recurrida". En su
momento, desde el Consistorio se justificó dicha resolución
argumentando que
en ningún momento se despidió a la interventora ni tampoco se
podrÃa hacer. Simplemente, aseguraron, la comisión de servicios en
la que estaba terminó, y decidieron
no renovarla,
cosa que sà depende del Consistorio.
Desde
el PP local lamentaron el "nuevo varapalo judicial" al
Ayuntamiento del Puig y recordaron la denuncia realizada por este
partido en su momento por los "perjuicios" de la actuación tanto
para "un trabajador del Consitorio" como para "todos los
vecinos", manifestaron.