Ramón Orozco, portavoz de GuanyemSAB-Compromis. EPDA.El partido en la oposición de San Antonio de Benagéber, GuanyemSAB, ha criticado en un comunicado el rechazo por parte del Ayuntamiento a entregar un expediente sobre distintos anticipos de nóminas percibidos por el alcalde y concejales. Concretamente, el alcalde del municipio, Enrique Santafosta (AISAB), recibió un anticipo de 15.000 euros, y la teniente alcalde, Marta Retamosa (PSOE), de 1.000 euros. También inciden en que el concejal de Comercio, Fiestas e Impulso Local, Daniel Nieto, recibiera otro pago de 6.000 en febrero, entre otras cosas, "para pagar deudas municipales".
Ramón Orozco, portavoz del grupo Guanyem, subraya que hay varios errores en la petición del adelanto. Primeramente, que en lugar de un anticipo de dos mensualidades, que es lo máximo establecido, el alcalde superó esa cifra debido a un error administrativo. Y, por otra parte, que lo habitual en este tipo de procedimientos es la devolución en 24 meses, mientras que según Orozco en este caso se ha extendido a 36 y sin contar con intereses. "Como el alcalde no puede concederse a sí mismo el anticipo, delega a la concejala socialista, que es la que lo concede", añade el portavoz.
Según el portavoz de Guanyem, Ramón Orozco, su denuncia nació a partir de la publicación de la información en la página Sueldos Públicos. donde se advertía el movimiento en las remuneraciones públicas que se había producido en San Antonio de Benagéber. Asimismo, ha tachado de "poco ético" el comportamiento de los dirigentes. La reclamación, que lleva en vigor desde su emisión en noviembre de 2020, no ha tenido respuesta por parte del consistorio, que rechazó la petición en un pleno extraordinario convocado por este motivo.
No obstante, la concejala socialista Marta Retamosa, en declaraciones realizadas a este periódico, ha asegurado que la intención del Ayuntamiento es entregar la documentación correspondiente, pero alega que uno de los problemas para su publicación es la falta de pautas marcadas en materia de protección de datos para su presentación. "Una vez nos desbloqueen cómo se tienen que entregar esos datos y con qué advertencias, lo daremos, pero no podemos coger un expediente y darlo libremente, porque son datos sensibles. Mi número de cuenta y mi vivienda no son datos públicos", explica la concejala.
La política señala que desde el consistorio se realizó una contestación, "aunque no les gustase". "Ellos han acudido a tres organismos públicos a la vez, pero no podemos abarcarlo todo. Además, cuando uno acude al juzgado bloquea automáticamente un expediente, y no podemos entregar la documentación de cualquier manera. Necesitamos que los servicios jurídicos nos asesoren sobre lo que podemos entregar", añade Retamosa. Según la socialista, otro de los problemas que les impidió poder contestar en ese momento fue el atraso por parte del funcionariado, aunque recalca que las instituciones públicas "tienen las carencias que tienen". "No les dio tiempo a mandar la contestación, porque el mismo día llegaron todas las peticiones. Pero no les echo la culpa, porque pidieron desde seis administraciones lo mismo", critica.
Tras la denuncia de GuanyemSAB, el Síndic de Greuges procedió a exigir estos documentos. "Ahora es el Consell de Transparencia de la Generalitat el que estima la reclamación de Guanyem y le insta a que facilite el expediente", señalan desde la oposición. En la resolución del Consell, publicada el pasado 14 de mayo, defienden que el consistorio debe presentar la documentación en un plazo máximo de un mes, es decir, que se debería solucionar la reclamación antes del 14 de junio. "Asimismo no se aprecia que en la información solicitada pueda haber datos especialmente sensibles o protegidos del artículo 9 RGPD", señalan en la resolución, contradiciendo la versión municipal.
Por su parte, la concejal Retamosa también insiste en recalcar que no se trata de un pago ni crédito, sino un adelanto de nómina que forma parte de los procedimientos establecidos dentro de los Recursos Humanos. "Incluso una nómina de un funcionario normal lleva detrás un expediente administrativo, todo pago que hace la administración está fundamentado", argumenta la concejala. Así, señalan que una vez cuenten con la asesoría jurídica, los datos se harán públicos. El miembro de la corporación municipal GuanyemSAB Juan Braulio Aguilar ha defendido en la petición al Consell su derecho de acceso a la información pública como concejal, que "obtiene un reforzamiento expreso de lo establecido por el artículo 23.1 de la Constitución", por lo que continúa a la espera de que se proceda a la publicación. "Hay una negación al derecho de información", afirma Ramón Orozco. El portavoz de Guanyem lamenta que el Consell no tenga "capacidad ejecutiva ni sancionadora" en caso de que el Ayuntamiento no entregue la documentación en el plazo, aunque destaca la intención del grupo municipal por acudir a la Fiscalía si eso sucediese.
