Sancho, el ex alcalde Leandro Benito y el ex concejal Carlos Julián, en un pleno municipal del año 2011. EPDALa alargada sombra de la corrupción del ex secretario de Canet, José Antonio Sancho Sempere, salpica al anterior alcalde del PP y se prolonga durante el gobierno de Pere Antoni. Y es que ambos, el del PP y el actual socialista, pueden acabar siendo investigados por la Fiscalía Provincial de Valencia y la administración de justicia por haber colaborado en mayor o menor medida y tanto de forma activa como por omisión, en la trama de las asesorías que durante años campó a sus anchas en el municipio de Canet d'En Berenguer que estuvo capitaneaba por el que fuera secretario, interventor y jefe de los servicios jurídicos de la corporación, José Antonio Sancho Sempere. La Plataforma de Afectados por las Actividades Ilícitas y Delictivas de José Antonio Sancho Sempere (PASS), gracias a la colaboración ciudadana, sigue recibiendo documentos e informaciones relevantes sobre la trama de las asesorías, una red corrupta creada por la José Antonio Sancho Sempere su esposa, Amparo González Sanchis y su hija Carmen Sancho González para saquear las arcas públicas del Ayuntamiento de Canet.
Pero los documentos que se van recibiendo ponen cada vez en alza la participación, colaboración e incluso la ayuda que el clan Sancho obtuvo por parte de todos los alcaldes que desde el año 2007 hasta hoy han estado al frente del Consistorio municipal.
Porque, según se deriva de la lectura de tales documentos del año 2018 y referidos a la aprobación de las facturas emitidas por el chiringuito de Sancho, la Academia Valenciana de Juristas, acreditan que los munícipes, por acción o por omisión, no solo han conocido los entresijos y trayectoria delictiva de los Sancho en la trama de las asesorías, sino que también han mirado para otra parte antes la magnitud de las ilegalidades y tropelías perpetradas por el clan.
Lo que ha quedado sobradamente probado hasta el momento es que la red corrupta de los Sancho tenía un control total sobre los departamentos y funcionarios de la Corporación entre los que se encontraban los alcaldes y los concejales, es decir, los que tenían que tomar las decisiones y votarlas en las sesiones de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, así como en los plenos municipales.
La "trama de las asesorías" denominada así por los medios de comunicación inicialmente fue una red corrupción que involucró principalmente al ex secretario municipal José Antonio Sancho Sempere, quien orquestó un entramado de empresas y asociaciones, como la Academia Valenciana de Juristas (AVJ), para desviar fondos públicos a través de contratos de asesoramiento jurídico sospechosos.
Tan sospechosos eran los citados contratos que, tanto el ex secretario general como su hija Carmen Sancho González, fueron acusados por la Fiscalía de la Provincia de Valencia por los delitos de prevaricación continuada y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.
Fue en el año 2022 cuando Sancho Sempere, cuando para evitar que su hija funcionaria del Ayuntamiento en el departamento de contratación pública fuera condenada por los referidos delitos, se auto inculpó resultando condenado por sentencia de conformidad dictada por el Juzgado de lo Penal 18 de Valencia en fecha 21 de julio de 2022, estando ya en el gobierno Pere Antoni.
La citada sentencia dice: "Que según se anticipó oralmente en el Juicio, debo CONDENAR Y CONDENO a José Antonio Sancho Sempere como autor de undelito continuado de prevaricación administrativa del art. 404 y 74 CP, en su redacción original vigente en la fecha de los hechos en concurso medial con un delito continuado de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su funcióndel art. 439 CP y 74 CP, en su redacción dada por la LO 5/20, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, a la pena de SEIS MESES DE PRISIÓN y ACCESORIA DE INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL EJERCICIO AL DERECHO AL SUFRAGIO PASIVO DURANTE LA CONDENA, 6 MESES DE MULTA A RAZÓN DE UNA CUOTA DIARIA DE 10 EUROS CON RESPONSABILIDAD PERSONAL SUBSIDIARIA EN CASO DE IMPAGO de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa no satisfechas y 12 MESES DE INHABILITACIÓN ESPECIAL PARA EL CARGO DE FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN NACIONAL; y abono de las costas procesales (incluidas las de la acusación particular
Sin embargo, con el paso del tiempo la situación ha ido evolucionando y ahora se ha conocido que funcionarios clave en la gestión diaria del consistorio estaban metidos en la trama con conocimiento general.
Así, CARMEN SANCHO GONZALEZ, hija de Sancho Sempere y figura clave en la trama pues fue ella como técnico de administración general en el Ayuntamiento de Canet la que facilitó al máximo la contratación de la empresa de su padre es decir, la Academia Valenciana de Juristas para hacerse con los contratos de asesoramiento jurídico de la corporación municipal de Canet.
Así también SALVADOR VIDAL TORTOSA que dentro del departamento de contratación conformó multitud de facturas emitidas por la Academia para que fueran abonadas por el Ayuntamiento.
Así igualmente CARLOS JULIAN ZAHERA, concejal y teniente de Alcalde del municipio con vínculos personales con Sancho Sempere y que incluso compartió banquillo con Sancho en una de las piezas judiciales de la trama de las asesorías la denominada como PIEZA DE PANGEA.
Así VICTOR ALMOR MARZAL que igualmente como concejal del Ayuntamiento validó numerosos facturas de la empresa particular de Sancho para que tras ser abonadas por el Ayuntamiento acabaran en las cuentas bancarias controladas por el ex secretario.
Leandro Benito, ex alcalde de Canet d'en Berenguer (PP) entre 2011 y 2019, tuvo una clara vinculación con la trama de las asesorías y por el tiempo que estuvo al frente del consistorio municipal tuvo perfecto conocimiento de lo que pasaba dentro del Ayuntamiento con los manejos del clan Sancho, si bien fue él y su gobierno el que acabó rompiendo todos los vínculos con el secretario corrupto, especialmente tras las investigaciones de El Periódico de Aquí y las imputaciones que acabaron con Sancho en la cárcel.
Veamos los hechos según las investigaciones de la Plataforma:
Investigación por presunta prevaricación en un nombramiento (2018):
Durante su mandato en concreto en el año 2018, Leandro Benito fue investigado por un presunto delito de prevaricación relacionado con el nombramiento interino de Mar Antoni como técnica de gestión en el Ayuntamiento de Canet, decretado el 1 de octubre de 2013.
Como se ha publicado en diversos medios de comunicación, una de las tramas más desconocidas del clan Sancho fue la de las oposiciones amañadas.
Toda la información que durante años fue apareciendo sobre este asunto aparece referida con detalle en el libro "El zorro en el gallinero", que es el fruto de años de investigación periodística realizada por El Periódico de Aquí.
Se da la circunstancia de que en el periodo investigado por la Unidad de Delitos Económicos y Urbanísticos de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, era precisamente Leandro Benito el que se encontraba al frente del consistorio.
Sin embargo, nada hizo al respecto. Se dedicó a contemplar los hechos de las oposiciones trucadas y de la trama de las asesorías, como un espectador contempla una película en la pantalla de un cine.
Pero la cuestión no acabó ahí.
En febrero de 2020, fue condenado a dos años de inhabilitación por prevaricación, ya que la jueza consideró que había designado "a dedo" a su prima para el puesto. Aunque fue absuelto quedó patenta a juicio de la PLATAFORMA de afectados que no se trataba de un hecho puntual de presunto delito de prevaricación, sino que ya había dentro del sistema controlado por Sancho un habito repleto de actividades ilícitas.
Relación con la Academia Valenciana de Juristas:
Durante su mandato, Leandro Benito suscribió dos contratos con la Academia Valenciana de Juristas.
El primero en el mes de mayo de 2011 con una duración de dos años y un importe de 56.700 euros
Y el segundo también con una duración de dos años en el mes de mayo de 2015 y por el mismo importe que en el caso anterior.
Ambos contratos fueron instados, tramitados durante su mandato y firmados por Leandro Benito.
Resulta sorprendente la pasividad que Benito demostró cuando en el año 2013 firmó el segundo contrato de asesoramiento con la Academia Valenciana de Juristas y ello porque en dicho año saltó el escándalo de la trama de las asesorías por una denuncia anónima de un ciudadano de la localidad vecina de La Pobla de Farnals.
La citada denuncia conllevo primero la interposición por la Fiscalía de una querella criminal contra el clan Sancho e inmediatamente la intervención de la Unidad citada de la Guardia Civil.
Las preguntas que cabe hacerse so:
¿Qué estaba haciendo Leandro Benito en ese momento para atajar la trama corrupta perpetrada por Sancho Sempere desde dentro del Ayuntamiento?
¿Por qué no fue el propio Benito el que presentara la denuncia contra Sancho si ya sabía le existencia de investigaciones judiciales y policiales?
Y además hay un indicio más que relevante que delate la postura de Benito y es que el equipo de gobierno posterior (PSPV-PSOE) liderado por el actual alcalde criticó públicamente la pasividad de Leandro Benito con respecto a la trama de las asesorías y la multitud de ilegalidades y delitos cometidos por Sancho durante la gestión del ex alcalde. Pero es que, además, Antoni y su partido alertó sobre presuntas irregularidades, como el pago de seguros privados a funcionarios y familiares de la etapa de gestión de Benito, considerados parte de una "mala gestión".
En 2015, cuando el escándalo de la trama de las asesorías estaba ya en pleno auge mediático y jurídico, Leandro Benito tomó la decisión rescindir el contrato con la AVJ, calificándola como un "chiringuito" de Sancho, solo que en ese momento Sancho ya se había llevado a su casa la cantidad de 115.000 € por los dos años de contrato que había firmado Benito con la Academia Valenciana de Juristas
José Antonio Sancho, en su defensa, intentó implicar a Benito y otros ex alcaldes (como Amparo Mañó y Octavio Herranz) en la validación de facturas de la AVJ, argumentando que él, como secretario, no podía prevaricar y que las decisiones recaían en los alcaldes.
Impacto político
La sentencia inicial de inhabilitación en 2020 llevó a la Junta Electoral a retirarle su acta de concejal a Benito, pero su absolución posterior le permitió reclamar su reincorporación.
Este episodio generó tensiones con el gobierno de Pere Antoni Chordá, quien pidió aclaraciones al Tribunal Supremo sobre la reincorporación de Benito.
Las acusaciones y procesos judiciales afectaron su imagen pública, aunque Benito mantuvo su candidatura en las elecciones de 2019 y 2023, obteniendo cuatro y tres concejales, respectivamente, pero perdiendo la alcaldía frente a
Pere Antoni Chordá
Pere Antoni, alcalde de Canet d'en Berenguer, desde 2019 (PSPV-PSOE), hasta el mes de marzo de 2015, no aparecía directamente implicado en la trama de las asesorías, ya que esta se destapó y desarrolló principalmente durante mandatos anteriores, especialmente bajo la gestión del PP y con José Antonio Sancho como secretario municipal. Su relación con el caso era indirecta y se centraba en su rol como líder del gobierno municipal tras la salida de Benito.
El equipo de gobierno de Pere Antoni, al asumir la alcaldía en 2019, acusó a Leandro Benito y al PP de "mala gestión" durante sus ocho años de mandato. Entre las irregularidades señaladas, destacaron el pago de seguros privados a funcionarios y familiares (150.000 euros) y problemas con pagos excesivos a la mercantil Rambla-Panach CB, que el gobierno de Pere Antoni afirmó haber corregido. Estas críticas se enmarcan en un intento de diferenciar su gestión de la anterior, asociada a las polémicas de la trama de las asesorías
No obstante desde el punto de vista de la Plataforma según refiere un portavoz de la misma, "ambos son presuntamente responsables por acción y/o por omisión de los desmanes y tropelías perpetradas por el clan Sancho". De hecho, ésta ha remitido dos misivas a Pere Antoni, según ha podido saber El Periódico de Aquí
Tras la absolución de Benito en 2020, Pere Antoni y su gobierno enfrentaron un conflicto legal sobre la reincorporación de Benito como concejal. El secretario municipal y el equipo jurídico del Ayuntamiento pidieron al Tribunal Supremo aclaraciones sobre la resolución que suspendía la sustitución de Benito por otro edil, argumentando que no ordenaba explícitamente su reincorporación inmediata. Pere Antoni defendió esta postura como un acto de "transparencia" y pulcritud administrativa, aunque Benito lo acusó de usar "estrategias" para retrasar su retorno.
Este episodio generó tensiones políticas, pero no estaba directamente relacionado con la trama de las asesorías, sino con las consecuencias administrativas de los procesos judiciales de Benito.
El actual alcalde de Canet siempre ha defendió que nada tuvo que ver con la trama de las asesorías, ni con las actividades ilícitas de José Antonio Sancho. Su mandato comenzó después de que Sancho fuera destituido y encarcelado (2015), y la mayoría de las investigaciones policiales y judiciales sobre la trama se centraron en períodos anteriores.
Y aunque sea cierto que bajo su alcaldía y hasta el momento Canet ha impulsado iniciativas de transparencia, como el Pla Urbà d'Actuació Municipal (PUAM) y talleres de participación ciudadana, además de proyectos de sostenibilidad y turismo, las nuevas investigaciones que han llegado a la Plataforma lo aproximan cada vez más a la trama de Sancho Sempere:
1.- La primera es que nada se ha sabido hasta el momento con relación a las gestiones que ha realizado la corporación relacionadas con la condena de Sancho Sempere en el año 2022, en la que ya ejercía su cargo Pere Antoni. "No estamos refiriendo -dice un miembro de la Plataforma- a la restitución de todos los pagos indebidamente satisfechos por el Ayuntamiento a la empresa privada de Sancho, a los intereses legales, a las costas procesales y a los daños generados".
En este sentido indica el portavoz la Plataforma que se le han preguntado al alcalde por la cuestión en varias ocasiones y de forma escrita, pero hasta el momento no ha habido respuesta ni pública, ni particular por el máximo representante de la corporación municipal.
2. Y la segunda tiene que ver con una sentencia de fecha 31 de marzo de 2025 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que anula el contrato de gestión y explotación del servicio municipal de agua potable y alcantarillado de Canet d'En Berenguer, 21 años después de su firma, por haberse suscrito sin el adecuado procedimiento legal.
La sentencia, obliga al Ayuntamiento de Canet a revisar de oficio dicho contrato, de abril de 2004, y su posterior renovación, de febrero de 2009, por "haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".
Ahora,el alto tribunal valenciano desestima los recursos de apelación del Ayuntamiento de Canet y Egevasa, revoca la sentencia de lo Contencioso 6 eimpone las costas generadas por las apelaciones y las costas procesales al Ayuntamiento de Canet y a Egevasa.
El contrato original, de 2004, es "llamativo" a juicio del tribunal", porque "optó por un procedimiento tan especial, limitado y restrictivo de la competencia como es el negociado sin publicidad".
"Para la prestación de un servicio tan importantecomo es la gestión del servicio de agua potable y alcantarillado en un municipio con una población actual que supera los 7.000 habitantes.Y siendo, además, un destino de atracción turísticapor sus playaslas consecuencias de esa opción son muy peyorativas para las piedras angulares que rigen la contratación pública: transparencia; libre concurrencia y mejor gestión de los recursos económicos", añaden los magistrados.
Aunque el consistorio pidió tres ofertas a empresas diferentes -vinculadas entre sí, según la parte recurrente-el tribunal considera probado que"el contrato se adjudicó a una de ellas sin contar el municipio con la previa tenencia de las tres ofertas que le reclama el ordenamiento jurídico aplicable".
Respecto a la prórroga del contrato original, suscrita en febrero de 2009, considera el TSJCV que "se ve afectada por un motivo de nulidad de pleno derecho. Que es el de desvirtuar, de modo pleno, el sentido de acudir a un inicial procedimiento de contratación negociado sin publicidad".
El reproche de los magistrados consiste en que se debió acudir "a la vía de contratación requerida para un vínculo que se alargaba 25 años y que presentaba un notable alcance económico",puesen dicha renovación contractual se plasmó la necesidad de acometer varias inversiones por un monto total superior a los 5 millones de euros.
Sobre este asunto un portavoz de la Plataforma ha manifestado que "se trata de una asunto que afecta de nuevo al ex secretario municipal Sancho Sempere pero también a todos los alcaldes que han ido desfilando durante todos estos años por la alcaldía como Amparo Mañó Canet, Octavio Herranz López, Leandro Benito Antoni y el actual Pere Antoni Chorda que algún habrán tenido que ver en ese asunto"
Desde el punto de vista de la Plataforma todos los citados alcaldes son presuntamente responsables por acción y/o por omisión de los desmanes y abusos perpetradas por el clan Sancho.
Impacto y Proyecciones Futuras
La P.A.S.S. ha logrado posicionarse como un actor clave en la lucha contra la corrupción en Canet inspirando a otros colectivos a organizarse contra casos similares. Su enfoque en la participación ciudadana, la recopilación de pruebas y el apoyo a acciones judiciales ha generado una ventana de esperanza para los afectados, que durante años se sintieron ignorados por las instituciones.
"Se siguen recibimiento informaciones relevantes sobre todo este gran escándalo de corrupción en el Ayuntamiento de Canet y miembros de la Plataforma estudian y analizan cada una de las informaciones que van llegando" – ha señalado el portavoz que agrega que en el futuro, la plataforma planea:
• Ampliar su alcance: Buscará incorporar a más afectados de otros municipios y entidades perjudicadas por la trama, como Egevasa y el Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana.
• Presionar por reformas estructurales: Abogará por cambios legislativos que fortalezcan la transparencia y los controles en la administración pública local.
• Fomentar la colaboración ciudadana: Con la apertura de canales de comunicación, la P.A.S.S. espera recibir más testimonios y pruebas que refuercen las investigaciones en curso.
Todo lo cual induce a pensar que el mayor escándalo de corrupción en la comunidad valenciana referida a la administración local lejos de concluir parece que se inicia a la espera de que las investigaciones judiciales avancen y de una vez por todas sepamos toda la verdad.
