Audiencia Nacional. -EPDALa macroampliación norte del Puerto de Valencia llega a los tribunales al admitir a trámite la Sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional el recurso contencioso administrativo contra la Resolución, de 30 de marzo pasado, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (BOE de 12/04/21) que posibilitaba que la Autoridad Portuaria pueda decidir por sà sola acerca de si es necesaria o no una nueva evaluación ambiental para la ampliación que la misma APV promueve.
La Plataforma Ciutat-Port recurrió inicialmente en vÃa administrativa ante el propio Ministerio sin obtener respuesta, por lo que decidieron acudir a los tribunales frente a una Resolución que califican de "nula de pleno derecho" y "dictada en fraude de ley".
La Comissió Ciutat-Port califica de nula de pleno derecho esta Resolución ministerial por haberse dictado contraviniendo lo dispuesto en la legislación básica en materia de revisión de actos administrativos, establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, y suponer un fraude de la legislación ambiental.
"Pretender
operar un cambio de titularidad de competencias en materia de
evaluación ambiental con efectos retroactivos y con absoluto
desprecio de las normas que permiten a la administración volver
sobre sus propios actos, solo puede ser calificarse como una decisión
nula de pleno derecho", afirman portavoces de la plataforma que
integra a diversos colectivos ciudadanos.
Tanto el recurso en vÃa administrativa como en el proceso judicial que ahora se inicia estos colectivos llaman la atención sobre el hecho de que se pretenda,14 años después de su publicación, modificar la DIA de 2007 para dar cobertura a la pretensión de la entidad pública estatal Puertos del Estado y del propio MITECO de eludir sus responsabilidades de dirección, coordinación y control sobre la macroampliación del puerto de Valencia que impulsa la APV que pretende adjudicar la explotación de las nuevas instalaciones a favor de una empresa privada que serÃa la principal beneficiaria de unas obras que comprometen el futuro del litoral sur valenciano y amenazan la supervivencia de la misma Albufera según han denunciado repetidamente numeroso expertos y académicos.
La Comissió Ciutat-Port recuerda que las obras que pretende llevar a cabo la APV, y de las que Puertos del Estado y el MITECO pretenden desentenderse, vulneran las autorizadas en la DIA de 2007. No solo por el volumen de materiales de relleno que se proyecta emplear que supera en casi cuatro millones de metros cúbicos los contemplados en la solución autorizada en 2007 (de 19,05 millones de m3 a 23,3 m3), sino también por la demolición de un contradique y muelle de cruceros (terminados en 2012, dentro de la que fue aquella 1ª fase), incremento del consumo de recursos naturales y el incremento de dragados (de -18 a -18,5) y en zonas exteriores a la dársena actual con el consiguiente efecto negativo sobre las playas del sur ya detectados durante estos años.
Pero, además, denuncian que la APV ya está actuando de hecho al margen de la autorización contemplada en la DIA de 2007 al anticipar actuaciones con repercusión directa más allá del área de afección inicial y que no aparecÃan en el Estudio de Impacto Ambiental que sirvió de base a la DIA de 2007. Citan como más llamativa la "demolición de los muelles de cruceros" que ha dado lugar a la convocatoria de otro concurso público para el otorgamiento de una nueva "concesión para la construcción y explotación de una terminal pública de pasajeros en el puerto de Valencia" en un nuevo emplazamiento, fuera del ámbito incluido en la DIA originaria, sin que se haya procedido a una nueva evaluación ambiental.
Esta
actuación ha comportado además el dudoso
rescate de antiguas, y potencialmente caducadas, concesiones a una
mercantil que hacÃa años que nos las operaba, con el pacto de un
pago en especie consistente en un nueva concesión sobre otros
terrenos portuarios y la posibilidad de construir un edificio de
oficinas de trece alturas. Una operación que la propia APV ha tenido
que revocar por recomendación de la AbogacÃa del Estado y la la
denuncia de la Comissió Ciutat-Port ante la Sala de Enjuiciamiento
del Tribunal de Cuentas que mantiene abierta una investigación al
respecto.
En conjunto, concluyen, "Puertos del Estado no puede hacer dejación de sus responsabilidades como entidad pública a la que corresponde la dirección superior y coordinación general de actuaciones en materia de puertos de interés general del Estado, dejando en manos de la misma APV que promueve la macroampliación la decisión sobre si procede o no la evaluación ambiental de su propio proyecto. Estamos frente a un auténtico fraude de ley".
La
Comissió expresa su confianza en sus argumentos jurÃdicos que
permitirán a la Audiencia Nacional examinar la conformidad o no a
derecho de la resolución ministerial, asà como en la designación
de Doña Lourdes Sanz Calvo como Magistrada ponente para el examen
del recurso, dada su trayectoria y experiencia en el examen de
asuntos medioambientales.
Conforme a lo decretado por la Audiencia Nacional, el MITECO dispondrá ahora de un plazo de veinte dÃas para remitir el expediente administrativo que dio lugar a la aprobación la Resolución de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental publicada al objeto de ponérselo de manifiesto a la asociación Per l'Horta que suscribe el recurso en nombre de la Comissió Ciutat-Port con el fin de que puedan formalizar su demanda.
Portavoces
de la Comissió han avanzado que, abierto ya el proceso judicial,
estudiarán la posibilidad de solicitar de la Audiencia Nacional que
suspenda la eficacia de la resolución ministerial recurrida hasta
tanto recaiga sentencia definitiva.
Dentro de las actividades de la Comissió Ciutat-Port de oposición social y jurÃdica a la macroampliación norte proyectada por la APV, han convocado un Consejo Ciudadano, abierto a toda la ciudadanÃa el viernes 17, en la explanada del edificio del reloj a las 10 horas, en paralelo a la convocatoria del Consejo de Administración previsto para ese dÃa por la APV.
