Fotografía de la acampada de manifestantes en la plaza de Ayuntamiento en Valencia para reclamar el derecho a la vivienda y contra la turistificación. Archivo-EFE- Kai FörsterlingLa ciudad de Valencia ha llegado a un punto de no retorno en el problema de la vivienda y ha entrado en una emergencia habitacional estructural tras una década de decisiones erróneas, inacción prolongada y la sustitución del análisis técnico por un relato político desconectado de la realidad.
Así lo asegura el informe del cuatro trimestre de 2025 de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV), que habla de cronificación de un problema que no es resultado de una crisis súbita.
El precio medio de la obra nueva plurifamiliar ha superado "el tope psicológico" de los 4.000 €/m2, mientras la oferta disponible se ha reducido a solo 137 viviendas nuevas en toda la ciudad.
El director de la Cátedra, Fernando Cos-Gayón López, ha manifestado que cuando una ciudad deja de poder alojar a quienes la sostienen, el problema deja de ser económico y se convierte en social, "y eso es exactamente lo que está ocurriendo en València".
Desde 2016, y con especial intensidad desde 2019, los datos han sido claros y reiterados: encarecimiento sostenido, desaparición de vivienda protegida efectiva, contracción de la oferta y aumento del esfuerzo de los hogares.
Y, según Cos-Gayón López, nada de esto era imprevisible sino que es "resultado directo de haber ignorado durante años un diagnóstico perfectamente conocido".
En este sentido apunta a uno de los elementos "más dañinos" en la última década, la construcción de un relato político que "ha suplantado" al conocimiento pues, frente a los datos, se han difundido mensajes tranquilizadores, anuncios sin base técnica y medidas diseñadas para el ciclo mediático.
"El relato crea una falsa sensación de acción, pero no construye viviendas", y ha servido "para justificar políticas que han agravado exactamente aquello que decían combatir", ha criticado.
En el caso del alquiler, la no protección efectiva a los propietarios frente a la ocupación ilegal y la inseguridad jurídica ha provocado la retirada masiva de vivienda del mercado tradicional, con un resultado de escasez extrema, precios disparados y expulsión acelerada de los hogares más vulnerables.
En palabras del director de la Cátedra, "legislar desde el miedo al propietario no protege al inquilino, lo expulsa del sistema".
Hoy el alquiler en València es un mercado residual, frágil y excluyente, pero no por exceso de demanda, sino por destrucción deliberada de la oferta, y la emergencia ya no afecta solo a colectivos tradicionalmente vulnerables pues se ha convertido en una fractura generacional que expulsa a jóvenes, trabajadores esenciales y familias de rentas medias fuera de la ciudad.
Y advierte: cada año sin actuar con rigor no solo agrava el problema, sino que encarece de forma irreversible su solución.
A este escenario se suma un crecimiento demográfico acelerado, sin que el parque residencial ni las políticas públicas hayan sido dimensionadas para absorberlo.
Sobre el Plan VIVE de la Generalitat, cuyo objetivo es promover la construcción de 10.000 viviendas de protección pública, la Cátedra considera que es una oportunidad para iniciar durante este año una nueva generación de Vivienda de Protección Pública mediante colaboración público-privada.
Sin embargo, señala, esas viviendas no estarán disponibles antes de dos años desde su inicio, por lo que "no puede utilizarse como coartada para negar la emergencia actual ni para seguir retrasando decisiones estructurales".
Entre ellas, pide abandonar el relato y volver a la evidencia: movilizar suelo, producir vivienda asequible de forma sostenida, proteger jurídicamente al propietario para recuperar oferta de alquiler, revisar una fiscalidad que hoy representa en torno al 31 % del precio final de la vivienda y gobernar con indicadores públicos y verificables.
Además, considera necesaria una estrategia nacional, un pacto de Estado, que garantice el acceso a la vivienda porque València "no ha llegado hasta aquí por mala suerte, sino por haber confundido política de vivienda con política de comunicación", concluye.
