Imagen del Puerto de Valencia. -EPDALa Comissió Ciutat-Port ha celebrado el "nuevo revés judicial" para la Autoridad Portuaria de València que supone, a su juicio, que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya desestimado el recurso de la AbogacÃa del Estado y confirmado que la APV no tiene capacidad de decidir si someter o no a evaluación ambiental la ampliación del Puerto.
En este sentido, han detallado que el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fechado el pasado miércoles, desestima el recurso de reposición interpuesto por la AbogacÃa del Estado contra otro auto, de fecha 5 de diciembre de 2022, de dicho tribunal.
En consecuencia se mantiene la decisión judicial que daba la razón a la Comissió Ciutat-Port y suspendÃa la resolución por la que la Autoridad Portuaria podÃa decidir por sà sola acerca de la necesidad o no de una nueva evaluación ambiental para la ampliación del Puerto.
"Este nuevo revés judicial para la APV deja en evidencia la falsedad de las palabras de su presidente, Aurelio MartÃnez, que, con infundada euforia, hace unos dÃas manifestaba a una cadena de radio: 'al Poder Judicial le cuesta un poquito, pero nos da la razón en todo'", han destacado.
Asimismo, han alertado de que la operación "pondrÃa en peligro el futuro ambiental y la calidad de vida del área metropolitana y la existencia misma de l'Albufera".
Desde la Comissió Ciutat-Port se han cuestionado "la legalidad del comportamiento abstencionista tanto del organismo estatal Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, como del propio Ministerio, al eludir ambos sus responsabilidades".
Además, han lamentado que este organismo haya "evitado pronunciarse sobre la cuestión clave de los perversos impactos en el medio ambiente y la salud que podrÃa ocasionar la macroampliación que promueve la Autoridad Portuaria de Valencia".
Según la Comissió Ciutat-Port, el Ministerio y Puertos del Estado "deberán ahora abandonar su polÃtica abstencionista y asumir sus obligaciones ambientales en lugar de derivar las responsabilidades en la APV".
Ahora, han añadido, el tribunal ha confirmado "la presunción de buen derecho y la existencia de peligro para la eficacia de la futura sentencia si esta es favorable y la resolución recurrida ya se ha ejecutado antes de dictarse dicha sentencia".
Unas consideraciones del tribunal que los portavoces de la Comissió Ciutat-Port ha interpretado como "un nÃtido respaldo" a sus argumentos y por tanto han confiado en "una decisión final que obligue a reconsiderar la macroampliación del Puerto de Valencia por sus efectos perversos sobre el medio ambiente, la calidad de vida y la salud de la población del área metropolitana".
"Creemos que el puerto de Valencia no necesita apostar por crecimientos arriesgados en tiempos de emergencia climática e incertidumbre económica, sino que puede optar por optimizar su gestión, racionalizando el uso del espacio actual infrautilizado y mejorando sus procesos de trabajo", han añadido.
En este sentido, desde la comisión han destacado que "la macroampliación del Puerto de València es cuestionada por casi doscientos colectivos ciudadanos, organizaciones de estibadores y numerosos informes técnicos y jurÃdicos emitidos por diversos expertos".
Con lo que han interpretado como un "nuevo espaldarazo judicial" a sus argumentos, desde la Comissió Ciutat-Port han hecho una llamada "al sentido común a los responsables polÃticos" y, en particular, al president de la Generalitat, Ximo Puig.
En concreto, le han reclamado "que se alinee con los intereses generales y abandone megaproyectos depredadores del territorio y la calidad de vida de la ciudadanÃa, impropios de un gobierno de progreso".
