Toni Gaspar al comienzo del pleno de abril. EPDATodos los grupos políticos con representación en la Diputació de València han apoyado en el pleno de abril una moción que pretende aumentar la transparencia en la institución y la fiscalización de la gestión de sus representantes políticos. El texto, que propone facilitar a los ciudadanos las respuestas a las preguntas planteadas en cada sesión plenaria sobre el funcionamiento de la corporación, se suma al incremento del control interno que alcanza un máximo histórico al cierre de 2020 y del que se ha dado cuenta con los sucesivos informes y auditorías de todas las áreas y empresas de la Diputación.
En este sentido, el presidente de la Diputació, Toni Gaspar, se ha dirigido al servicio de Intervención y el resto de áreas de la corporación para trasladarles un agradecimiento al que se han sumado los portavoces de distintos grupos políticos. Gaspar tiene claro que las auditorías e informes "son puntos de partida y advertencias para mejorar las cosas", y ha destacado que la Diputació de València "es una de las pocas instituciones que tiene todos los controles hechos en 2020", incluido un plan de acción de Presidencia pionero que toma como base las sugerencias de los habilitados nacionales para tratar de mejorar la gestión.
La portavoz de Ciudadanos, Rocío Gil, ha reconocido también estos controles internos como la mejor vía para "adaptar la gestión a los principios de legalidad y transparencia", y ha instado a seguir las recomendaciones del interventor en materia de Personal y Subvenciones, materias para las cuales ya se han puesto en marcha sendos planes estratégicos impulsados desde Presidencia. En palabras del diputado de Hacienda, Vicent Mascarell, "los últimos informes de subvenciones y control interno son una fotografía de 2019 en la que las anomalías detectadas han servido para corregir determinados trámites". Mascarell considera que la institución ha emprendido el camino hacia la "excelencia administrativa" en los últimos seis años, y ha apuntado que el futuro pasa por "compatibilizar la fiscalización, la agilidad y la transparencia".
Igualmente unánime ha sido el respaldo de todos los grupos a la aportación de algo más de 42 millones de euros de la Diputació al Fondo de Cooperación Municipal, en el que la institución participa junto a la Generalitat con los municipios de la provincia como beneficiarios. Pese a su apoyo, desde las filas populares han pedido más dinero para este Fondo en el que la Diputación duplica la partida del Consell para los 266 municipios de la provincia.
El diputado Mascarell ha considerado que 42 millones de euros es "una cantidad elevadísima que llega a los municipios de una manera ágil y justa, sin condicionar y con total autonomía para los ayuntamientos por encima de directrices políticas". Por su parte, el presidente Gaspar ha recordado al PP y al diputado no adscrito que "ahora se erigen en fervientes defensores de este plan cuando en el origen nos decían que éramos el cajero automático de la Generalitat". El máximo responsable provincial tiene claro que "el instrumento es bueno por encima de cuestiones y posicionamientos políticos" y ha insistido en su compromiso con los alcaldes de que "cuando haya remanentes seguiremos transfiriendo ayudas a través de este Fondo, con la idea que siempre he tenido de que un vecino de Ademuz viva igual que uno de València".
Otro de los puntos incluidos en el orden del día del pleno de abril era la asunción de la gestión directa de las funciones de turismo por parte de la propia Diputación y la correspondiente disolución de un patronato creado hace 20 años y que "nunca ha funcionado como tal", según palabras del diputado de Turismo, Jordi Mayor, quien ha lamentado la "irresponsabilidad" del PP al "no secundar, sin plantear alternativas, una decisión que trata de mejorar la gestión del turismo provincial y aportar seguridad a los trabajadores".
El diputado popular Modesto Martínez cree que el Patronat "ha perdido el norte" y califica la decisión de disolverlo e integrar su gestión en la Diputación como "una patada adelante". Le ha respondido el presidente Gaspar, asegurando que "me gustaría hacer otras cosas que no fueran poner orden y disolver patronatos o empresas, pero es lo que hay y no podemos desentendernos de algo que no funciona". "Si una forma jurídica no es operativa se cambia, siempre de la mano de la ley y de la interpretación que hacen de la misma los técnicos de la casa".
La variante de Pedralba para desviar el tráfico de la travesía de este municipio de La Serranía ha sido otro asunto introducido en el debate, a raíz del reciente informe del Consell Jurídic Consultiu que recomienda a la Diputación desistir de la actuación o suspenderla temporalmente por "prudencia jurídica", como ha explicado el titular de Infraestructuras, Rafa García. El diputado de Carreteras ha dejado claro que la voluntad del área que dirige es "dar una solución urgente al problema de seguridad que demandan los vecinos de Pedralba", en respuesta a los diputados del PP que reivindican la ejecución del proyecto "en el plazo más breve posible".
En opinión del popular Ximo Segarra, "no existe actualmente sentencia u obstáculo legal para seguir paralizando la variante de Pedralba y condenar a unos vecinos que llevan once años esperando una respuesta". Rafa García admite que el proyecto de la Diputació "cumple los requisitos legales, como no podía ser de otra manera, pero tras las advertencias de la Conselleria sobre un nuevo PORN, que podría entrar en conflicto con la actuación, el presidente Gaspar consultó al Consell Jurídic y este ha emitido un informe unánime que dice literalmente que razones de prudencia aconsejan suspender o desistir de dicha actuación". La institución provincial debe decidir ahora si desiste del proyecto de Variante Sur de Pedralba o lo suspende cautelarmente en espera del nuevo PORN.
