Junta General Divalterra.La Junta General de Divalterra ha aprobado este martes la renovación del consejo de administración de la empresa de la Diputació de València. Con los votos a favor de todos los grupos y la abstención de los diputados de Vox, Joaquín Alés, La Vall ens Uneix, Joan Sanchis, y el no adscrito, Carlos Gil, ha salido adelante la propuesta de la corporación provincial por la que se nombra a José Luis Aragón, José Morgan, Ignacio Sánchez, Pau Martínez y Luis Felipe Martínez nuevos consejeros de Divalterra.
En cuanto al perfil de los nuevos consejeros, tanto José Luis Aragón, jefe de gabinete del área de Administración General de la Diputación, como Pau Martínez, coordinador del área económica de la corporación provincial, son los funcionarios de mayor rango en sus departamentos. Además, José Morgan es abogado colegiado del ICAV y miembro de la Asociación de Juristas Valencianos; Ignacio Sánchez es graduado en Derecho y Criminología; y Luis Felipe Martínez, funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, ha desempeñado entre otros cargos el de director general de la Función Pública y subdelegado del Gobierno en Valencia.
Todos ellos sustituyen a Javier Cuenca, Carlos Gil, Jorge Ochando, Beatriz Moreno y Emili Altur, quienes presentaron su renuncia entre el 16 y el 25 de febrero. Con los nuevos nombramientos, "se mantiene el mismo criterio de que el consejo tenga representación técnica y de los trabajadores y de que no haya una mayoría ni política ni del equipo de gobierno de la Diputación, que es a la que representa el Consejo de Divalterra", ha explicado el presidente de la institución, Toni Gaspar.
El presidente Gaspar ha agradecido los servicios prestados a los ya ex consejeros y ha instado al presidente del Consejo, Ramiro Rivera, a reunir cuanto antes a los nuevos miembros para continuar trabajando en el día a día de la empresa en paralelo al proceso de transformación que Gaspar espera abordar lo antes posible.
El presidente del Consejo de Administración de Divalterra, Ramiro Rivera, ha dado la bienvenida a los nuevos integrantes del órgano y ha asegurado que se pondrán a trabajar de inmediato para "garantizar el futuro de los trabajadores y que la empresa sea referente", al tiempo que ha señalado que la información "seguirá estando a disposición de todos".
Rivera ha puesto punto y final a las intervenciones de otros diputados que, si bien no estaban contempladas en una Junta con un único punto sobre el cese y nombramiento de consejeros, han sido permitidas por el presidente Gaspar. La primera en pedir la palabra ha sido la diputada de Ciudadanos Rocío Gil, quien ha lamentado el "espectáculo que está dando la empresa pública en prensa" y ha propuesto votar por separado el nombramiento de los nuevos consejeros.
Tras ella ha participado Vicent Mompó, del grupo popular, quien ha celebrado que "no se vuelva a pensar en el control político de la empresa que hoy nos deja 15 procesados y una mala imagen". Mompó ha pedido definir con claridad "en qué dirección se quiere ir" y ha tendido la mano para "alcanzar acuerdos en favor de los trabajadores y la viabilidad de la empresa". Por su parte, el PSPV, Vox y Compromís se han ceñido a las reglas y no han hecho ruegos ni preguntas, mientras que Joan Sanchis, diputado de La Vall, ha afeado a Mompó que introduzca en el debate la referencia judicial cuando "los tribunales se están pronunciando negativamente sobre la gestión realizada durante años por el Partido Popular en esta institución".
El presidente de la Diputación ha cerrado la sesión agradeciendo al responsable popular su colaboración y recordando tanto a Vicent Mompó como a Rocío Gil que "tienen toda la información sobre Divalterra a su disposición, y si en algún caso no es así aquí estoy para facilitársela". Gaspar ha afirmado que es el primer interesado en que "se haga la luz", ha avanzado que "las decisiones del Consejo se explicarán cuando se tomen y se valorarán en su momento" y ha pedido "el menor ruido posible por respeto a los trabajadores". La propuesta de nuevos consejeros se ha votado de forma conjunta tras consultar a los grupos y al no existir precedentes de hacerlo de otro modo, según ha expuesto el secretario.
Previamente a la celebración de la Junta General de Divalterra, los miembros de la corporación provincial han participado en un pleno extraordinario con dos únicos puntos. De una parte, la propuesta de Presidencia sobre la modificación de representantes de la corporación en sus distintas entidades y organismos, aprobada por todos con la abstención de La Vall y el diputado no adscrito. El otro punto, que ha requerido la explicación del secretario, la modificación de las comisiones permanentes, a consecuencia del cambio de la situación en el grupo popular.
En este sentido, la Diputación tiene previsto llevar al pleno de marzo la adhesión al Pacto Antitransfuguismo aprobado a finales de febrero por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), un documento avalado por todos los grupos que despeja incógnitas como el número de asesores de un grupo si uno de sus miembros pasa a no adscritos, que en este caso quedaría inalterable.
La divergencia surge en la participación de este diputado no adscrito en las comisiones informativas, ya que el pacto antitransfuguismo de la FVMP manifiesta la voluntad de modificar los reglamentos para dejar sin representación a los tránsfugas, mientras que la legislación vigente que fija el Tribunal Constitucional dice que un no adscrito tiene plenos derechos como diputado electo a participar y votar en las comisiones. Tras la oportuna explicación del secretario basándose en la norma jurídica del Constitucional, todos los grupos salvo el PP y Vox, que se han abstenido, han votado a favor de la propuesta de cambiar la estructura de las comisiones para integrar en las mismas a Carlos Gil como diputado no adscrito.
