Vista general del barranco del Poyo a su paso por Paiporta, una de las localidades más afectadas por la dana del 29 de octubre - Foto: EFE-Biel Aliño
La dana de Valencia en cuyas inundaciones murieron 228 personas cumple diez meses este viernes, jornada en la que habrá otra movilización para reclamar la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón, en la misma semana en la que el Gobierno de España ha nombrado a la nueva comisionada para la reconstrucción.
En el ámbito judicial, el Consejo General del Poder Judicial ha abierto diligencias informativas a la jueza instructora tras una queja de la exconsellera Salomé Pradas, investigada en esta causa penal, mientras que en el ámbito de las infraestructuras prosigue la reapertura de puentes y la reparación de cauces dañados por las riadas.
El Consejo de ministros nombró oficialmente este martes a Zulima Pérez comisionada para la reconstrucción, en sustitución de José María Ángel, quien dimitió el 31 de julio tras un informe de la Agencia Valenciana Antifraude que afirma que usó un título "presumiblemente falso" para promocionar como funcionario hace 43 años y quien el 8 de agosto intentó suicidarse.
Pérez, una alicantina que pasa de coordinar el Comité de personas expertas impulsado por el Gobierno para la reconstrucción a ser la titular del órgano que se creó en noviembre para la recuperación tras las riadas, ya se ha reunido este mes con alcaldes de las zonas afectadas, que le van a trasladar sus necesidades ante las lluvias de otoño.
Sobre la causa penal de la dana del 29 de octubre, a principios de agosto el juzgado de Catarroja que la instruye se trasladó desde la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde ha estado estos meses, a este municipio de L'Horta Sud, una vez finalizada la rehabilitación de la sede judicial ubicada junto al barranco del Poyo y que se inundó en la riada.
La principal novedad judicial este mes ha sido la apertura de diligencias informativas por el CGPJ a la magistrada Nuria Ruiz Tobarra tras las quejas de la exconsellera Pradas, a las que se sumó el otro investigado, el ex secretario autonómico Emilio Argüeso, por cómo lleva a cabo una instrucción hasta ahora avalada por la Audiencia de Valencia.
El último auto de la jueza antes de las vacaciones de agosto calificó de "erróneo" y "claramente incompleto" el informe de la Guardia Civil sobre lo que ocurrió el 29-O. Otro órgano jurisdiccional, el Tribunal Supremo, ha archivado las querellas y denuncias contra el presidente del Gobierno y seis ministros por supuesta inactividad ante la dana.
Las movilizaciones de entidades sociales y sindicales y asociaciones de víctimas contra Mazón por su gestión de la dana, que empezaron días después de la tragedia, continúan y este viernes se celebrará la décima, consistente en una concentración con el lema 'Mazón dimisión' en la plaza de la Virgen de Valencia, junto al Palau de la Generalitat.
Dos asociaciones de afectados se han reunido en Madrid con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, mientras que sigue sin producirse el encuentro de las principales asociaciones con el president del Consell, quien insiste en que está centrado en la reconstrucción y ha criticado las "quinielas" sobre su salida del Ejecutivo valenciano.
La Generalitat ha presentado un plan ante catástrofes que plantea incorporar un nivel de alerta negro por encima del rojo ante situaciones excepcionales de riesgo extremo, sobre el que la oposición ha dicho que lo que hace falta es ejecutar los protocolos existentes y reaccionar ante la alerta roja.
El Ayuntamiento de Torrent ha iniciado la demolición urgente de 45 viviendas gravemente afectadas en una zona de familias humildes y la Generalitat ha comenzado a derribar los cinco colegios que hay que construir de nuevo este agosto, mes en el que el mar ha seguido sacando a las playas del sur de Valencia restos de la dana y municipios como Paiporta, la "zona cero de la zona cero", han celebrado sus fiestas tras estos duros meses.
