Un vehículo sale de la Comandancia Provincial de Valencia. -EPDA
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil continúa este jueves tomando declaración en la Comandancia Provincial de Valencia a decenas de testigos vinculados con la última operación de registros en el marco de la macrocausa Azud, parte de cuyo sumario todavía sigue secreta.
Según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, la mayoría de las más de treinta personas citadas son testigos -al menos veinticinco, han señalado- y una vez concluyan los interrogatorios en Valencia continuarán el próximo lunes en Madrid, ya que también se investiga a empresas radicadas en esta comunidad.
Desde el pasado martes se han practicado más de una docena de registros en empresas que mayoritariamente pertenecen al sector de la construcción, tales como Acciona Construcción o el Grupo Gimeno, de Castellón, por operaciones urbanísticas o adjudicaciones de obra pública.
Una de estas operaciones fue la construcción de un tramo del trasvase Júcar-Vinalopó por más de 46 millones de euros, han confirmado las mismas fuentes.
Los abogados personados en la causa Azud no han recibido todavía notificación alguna tras los últimos registros e interrogatorios, si bien fuentes de la investigación apuntan a que el levantamiento del secreto que pesa todavía sobre esta parte del sumario se podría producir en los próximos días.
El caso Azud investiga el supuesto pago de comisiones a cargos públicos tanto del PP como del PSOE para favorecer la adjudicación de contratos, vinculados principalmente al urbanismo, entre 1999 y 2013, centrados principalmente en el Ayuntamiento de la capital valenciana.
No obstante, también se investigan estas prácticas en los ayuntamientos de Xixona (Alicante), Burjassot (Valencia) y Benicàssim (Castellón) o en las empresas públicas Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) y la Sociedad Anónima Municipal de Actuaciones Urbanas de València (Aumsa), según el sumario de la causa.
Los últimos registros se han producido a raíz de la documentación encontrada en casa del exresponsable de Finanzas del PSPV-PSOE Pepe Cataluña, que hacen referencia a supuestas comisiones pagadas por contratistas a cambio de adjudicaciones públicas y que podrían llegar al 6 %.
El objetivo principal de esos registros es averiguar si la totalidad de las comisiones ilegales o mordidas referidas a esas contrataciones podría haber ido a financiar al PSPV-PSOE o si parte se la quedaba la persona que mediaba, según las mismas fuentes.
