El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuán.Los ayuntamientos de València y de Barcelona trabajan, en el marco de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la elaboración de un documento que permita la modificación de la Ley de Mecenazgo para cobrar impuestos a la iglesia católica.
Dicha modificación afectaría exclusivamente a las actividades económicas que se realizan directamente por confesiones religiosas o en inmuebles de su propiedad y que, por tanto, colisionarían con la libre competencia al estar exentas actualmente de cualquier tipo de tributación en contra de los dictámenes de la Justicia Europea, informa el consistorio valenciano.
Todas las actividades sociales o vinculadas con el culto, por su parte, mantendrían todos los beneficios fiscales que les otorga la Ley de Mecenazgo, añaden las fuentes.
El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de València, Borja Sanjuán, y la concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Barcelona, Montserrat Ballarín, han mantenido esta mañana una reunión telemática, para coordinar los trabajos, junto a diputados del Congreso.
En el encuentro, Sanjuán ha explicado el trabajo desarrollado por el Ayuntamiento de València desde 2015 para poder cobrar impuestos a las confesiones religiosas por todas aquellas actividades por las que obtienen un beneficio económico, tal y como ha avalado la Justicia Europea y ya han reconocido algunos tribunales españoles.
El objetivo de la reunión de hoy, ha explicado el concejal, "es coordinarnos para acabar con los beneficios fiscales injustos que en España está recibiendo a día de hoy la Iglesia Católica, que está dejando de tributar por unas actividades económicas por las que sí que paga cualquier autónomo o empresario".
Sanjuán ha subrayado que las administraciones están haciendo ahora un esfuerzo para "intentar adaptar esta normativa a lo que ya dice el derecho de la Unión Europea y defendemos desde estos ayuntamientos, para que a igual actividad económica, la tributación sea la misma".
"Hasta la fecha esos beneficios son del todo ilegales y lo que necesitamos es clarificar la norma para dar cobertura a lo que ya están diciendo los tribunales dando la razón a nuestros ayuntamientos", ha precisado.
