Un Tribunal Popular juzga a una mujer (en la imagen) acusada de matar a su marido, que tenía una enfermedad degenerativa y no podría valerse por sí mismo, y enterrarlo en una finca de Godelleta que había alquilado poco antes de los hechos. EFE- Biel AliñoEl Ministerio Fiscal y la acusación particular han pedido este lunes la prisión permanente revisable para una mujer acusada de matar a su marido, que padecía una enfermedad degenerativa y no podía valerse por sí mismo, enterrarlo en un terreno en Godelleta y fingir su desaparición voluntaria, lo que le permitió seguir percibiendo su pensión durante meses.
Un tribunal popular ha iniciado este lunes el juicio contra esta mujer, que está acusada de tratar de asesinar a su marido intentando ahogarlo con gas butano en su coche y, al ver que seguía vivo, estrangulándolo con los cordones de los zapatos de su hijo menor de edad, que fue condenado a dos años de internamiento y que aseguró haber sido coaccionado por su madre.
La Fiscalía y la acusación particular, que representa a los hijos menores de edad del fallecido, de una relación anterior, solicitan que se abone a ambos menores 165.000 euros y 175.000 respectivamente en concepto de daños morales, mientras que la defensa solicita la libre absolución de la acusada, ya que sostiene que ayudó a morir a su marido porque éste se lo solicitó.
El fallecido, que presuntamente fue asesinado el 1 de diciembre de 2019, se había casado con la acusada en 2017 y, en el momento de su fallecimiento tenía reconocida una discapacidad del 79 %, y una enfermedad, ataxia cerebelosa, que estaba en estado "muy avanzado".
Tal y como han coincidido las acusaciones y la defensa, "dependía de terceras personas, carecía de movilidad en las extremidades inferiores y no podía tenerse en pie".
Ambas partes han admitido que el hombre "había manifestado su deseo de morir" y había recabado información sobre la eutanasia, sin embargo, según las acusaciones, había decidido esperar a la aprobación de la Ley de Muerte Digna para tomar una decisión.
A pesar de las "disputas frecuentes" de la pareja, según la Fiscalía, la acusada dependía económicamente del marido" y de su pensión de invalidez, y por ello "armó un plan para matarlo y fingir que seguía con vida".
Según el relato de las acusaciones, la mujer alquiló una parcela en Godelleta, donde llevó a su marido, al que había dormido tras darle un somnífero asegurándole que era una pastilla para el dolor, el 1 de diciembre de 2019.
Asimismo, mandó excavar una fosa en el terreno y, el día de los hechos, hizo que le acompañara su hijo, entonces menor de edad, a quien hizo creer que estaba cumpliendo la voluntad del marido y ayudándole a morir sin dolor.
Una vez en la parcela, dejó al hombre dormido dentro del coche y abrió la espita de una bombona de butano, pero "al comprobar que seguía con vida, cogió un cordón de las zapatillas del menor y lo estranguló con ellas", mientras el fallecido "se revolvía".
Una vez fallecido, siempre según el relato de las acusaciones, "sacó el cadáver del vehículo y, ayudada por su hijo, lo metió en la fosa, en la que introdujo productos químicos para disolverlo", lugar donde permaneció el cuerpo hasta el hallazgo del cadáver en junio de 2020.
Pocos días después, el 5 de diciembre, denunció la desaparición de su marido, al que aseguró haber llevado a una fiesta, y afirmó que cuando había ido a recogerlo ya no estaba.
Asimismo, enseñó un mensaje enviado desde el teléfono de él en el que decía "lo siento mucho, no voy a volver a casa", al que siguieron varias comunicaciones más que, según la Fiscalía y la Policía, enviaba ella misma desde el teléfono del fallecido, también a sus familiares y amigos, en las que reclamaba que no se le buscara.
La responsabilidad del hijo de la acusada, que presuntamente también llamó al banco haciéndose pasar por su padre para obtener las claves de la banca en línea de la cuenta del matrimonio, fue enjuiciada en 2021.
Se determinó que el entonces menor "actuaba en la creencia errónea de que su madre cumplía la voluntad del marido" y que la participación "fue guiada por ella".
Por ello, se le consideró cooperador de un delito de auxilio al suicidio y se le condenó a 24 meses de internamiento en régimen semiabierto y a la prohibición de la comunicación con los dos hijos menores de edad del fallecido.
Según ha relatado la inspectora jefa del grupo de Homicidios de la Policía Nacional de València, encargada de la investigación, durante el interrogatorio, el chico dijo que "la madre había pedido que le ayudara, que su marido quería morirse".
Ha asegurado asimismo que, en el momento del estrangulamiento, pidió a su madre "que parara, que no tenía que sufrir", pero ella le dijo "que no podía parar, que ya tenía marcas en el cuello y que si paraba los denunciaría". Además, la inspectora ha asegurado que la acusada amenazó a su hijo con "abandonarlo" si no le ayudaba y le
manifestó "que le echaría las culpas a él e iba a salir perdiendo".
El representante de la defensa, por su parte, no ha negado los hechos cuando se ha dirigido al jurado, pero ha asegurado que la acusada estaba "ejecutando la voluntad de una persona que estaba en fase terminal de una enfermedad grave, con graves padecimientos".
"O se maquilla y se adorna este asunto con un móvil económico o no hay motivo para hablar de asesinato", ha defendido, y ha insistido en que "en ningún momento desde la Fiscalía se ha hablado de delitos de apropiación indebida y estafa, y podrían haberlo hecho".
Ahora el jurado deberá determinar, ha dicho, "si se estaba matando por avaricia y codicia" y ha limitado las cantidades percibidas por la acusada tras la muerte de su marido a "7.000 euros en 7 meses" en transferencias desde la cuenta común.
En su escrito, la defensa afirma que la víctima "plasmó en su escrito de últimas voluntades que era su deseo que su vida no se prolongara cuando la situación fuera irreversible" y que fue él mismo quien "convenció a su mujer de que le ayudara a cumplir su voluntad sin sufrimiento".
Sin embargo, desde la Fiscalía han recordado que la eutanasia exige "de un consentimiento expreso por escrito" y han defendido que las últimas voluntades de la víctima incluían "morir en su domicilio, con sus familiares queridos y asistencia religiosa".
