ManifestacionesEsta semana en València, hemos vivido una situación de enorme represión y violencia por parte de las fuerzas de seguridad en las movilizaciones que siguieron a la detención y entrada en prisión de Pablo Hasél y por las que Podem ha solicitado la comparecencia en Les Corts Valencianes de la Delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, para "dar explicaciones de lo ocurrido" y esta semana, la pregunta al President, Ximo Puig versará sobre este asunto.
Pilar Lima que además también fue hostigada durante la manifestación, ya ha solicitafo que "se identifique a todos los agentes actuantes, especificando grupos operativos y mandos policiales, medios y superiores, así como el máximo responsable del operativo en terreno, y se les tome declaración".
Desde un principio se ha empleado una fuerza represiva desproporcionada hacia los manifestantes, la intensidad de la intervención policial no tiene correspondencia con las acciones de los manifestantes. La desproporción y el sesgo ideológico de las intervenciones policiales en nuestra ciudad es realmente inquietante. No resiste la comparación la actuación del dispositivo policial en las movilizaciones de esta semana, cuando ningún derecho fundamental estaba en peligro, con la intervención que se despliega ante los ataques y amenazas al derecho de manifestación que por parte de la extrema derecha se realizan cada año el nueve de octubre.
Aunque actuaciones posteriores se aumentó la cifra de detenidos, los ataques a los manifestantes la tarde del 9 de octubre de 2017 por parte de grupos ultras y neonazis se saldaron con cuatro detenidos. Sin embargo, el 19 de febrero de 2021 las movilizaciones a favor de la liberación de Pablo Hasél se saldaron con ocho detenciones. Las cifras hablan solas.
Ante una escueta crítica en redes sociales por parte del alcalde Ribó a la actuación del dispositivo policial, se respondió por parte de un sindicato policial organizando una concentración en la plaza del Ayuntamiento. Las manifestaciones y movilizaciones por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad no pueden servir para excluir del examen público la actuación del poder público, sobre todo en el caso extremo que es el uso del monopolio de la fuerza.
Quienes creemos en que el poder público debe garantizar el ejercicio seguro de los derechos fundamentales, entre los que se hallan el de reunión y manifestación, no estamos dispuestos a dejar de fiscalizar y cuestionar las órdenes que las fuerzas de seguridad reciben de los cargos políticos, en este caso la Delegada del Gobierno del PSOE, Gloria Calero, responsable política en última instancia de estos hechos y en su caso, de la mala praxis individual que pueda darse en la aplicación de esas directrices.
Durante las últimas prórrogas del primer estado de alarma, en pleno mes de mayo, el Barrio de Salamanca, santuario madrileño de esas clases acomodadas, protegidas por el estado hasta el extremo de quedar libre de las bombas de la aviación franquista durante la Guerra Civil que destrozaron el resto de la ciudad, nos sorprendió con unas movilizaciones, bajo la forma de cortes de calles y manifestaciones, que fueron conocidas como la revuelta de los cayetanos.
Los motivos expresados por los manifestantes eran de lo más diverso; iban de la negación de la existencia o peligrosidad del SARS COV 2 a que el gobierno era responsable, de entre otras cosas ocultar la gravedad y la magnitud de los efectos de la pandemia de la COVID19 en el estado, pasando por reivindicaciones relativas a la economía o a aficiones como la práctica del golf. Estas movilizaciones tuvieron un tenue eco, sucursalista, como casi todo en la derecha en Valencia, en la forma de unas concentraciones en las proximidades del cuartel de caballería de la Alameda, edificio tristemente vinculado a nuestra memoria antidemocrática más reciente.
Vistas desde fuera, desde un afuera espacial y social, a distancia de Madrid y de la clase social que se visibilizaba, si despertaban algo era envidia. En primer lugar, desde la condición de militante de una de las fuerzas del gobierno de coalición, era inevitable sentir envidia por la capacidad de la esa clase social de percibir esos rasgos de extrema izquierda en unas políticas que, con tremendos esfuerzos de nuestras compañeras y compañeros con responsabilidades gubernamentales, apenas consiguen acercarse a las políticas de protección social que en otros estados de nuestro entorno forman parte de un suelo que ni la derecha se atreve a cuestionar.
El otro motivo de envidia tiene que ver con la forma de la movilización. La revuelta de los privilegiados del mayo madrileño adoptó la fórmula de una manifestación al menos doblemente irregular: por una parte, se había prescindido de la preceptiva comunicación a la Delegación del Gobierno y por otro, se incumplían las normas relativas a las actividades permitidas por el decreto del estado de alarma. Desde nuestros múltiples afueras, de clase, de ciudad, de barrio, veíamos con estupor y sorpresa la relajada actitud policial con los que se concentraban tarde tras tarde en el Barrio de Salamanca, después haber asistido durante meses a exhibiciones de rigor securitario que las fuerzas de seguridad empleaban para hacer cumplir las restricciones del estado alarma.
Sin embargo, más allá de la sorpresa y del cierto resquemor que provoca saber que una no va a ser medida por el mismo rasero, sólo se puede reconocer que desde una perspectiva democrática y de técnica policial, que la actuación que se siguió por parte de la policía y la Delegación del Gobierno con los manifestantes derechistas de los barrios altos de Madrid fue la acertada, a diferencia que lo que sucedió poco después en el barrio de Vallecas, con los manifestantes en defensa de la sanidad pública frente a la Asamblea Regional. Pese a tener que afrontar unas movilizaciones que eran de todo punto irregulares, se optó por una intervención protectora del derecho de reunión y manifestación, ponderando los riesgos de una escalada de violencia y la oportunidad del uso de la fuerza por las fuerzas policiales. La propia equipación de los efectivos policiales en esas intervenciones, sin cascos ni protecciones, cubiertos con gorra y a cara descubierta, ya transmitía un mensaje a los congregados.
La referencia a las movilizaciones en los barrios de clase alta de Madrid en mayo no es gratuita, sino que se propone como un ejemplo. Un ejemplo en el que la actuación policial prioriza la seguridad y la integridad de la ciudadanía, ejerciendo los derechos de reunión y manifestación, incumpliendo normas de protección del orden público.
Sin embargo, es muy preocupante que esa priorización de los derechos fundamentales tenga un sesgo de clase e ideológico tan evidente al que la dirección política de las fuerzas de seguridad y algunos de sus sindicatos parecen ciegos. No pedimos otra cosa que ante movilizaciones populares de izquierdas se apliquen los mismos protocolos y parámetros que ante las movilizaciones de clase alta o aquellas relacionadas con el hooliganismo futbolístico. Porque comparar unas actuaciones y otras lleva a la conclusión ineludible de que la represión ideológica está detrás de ciertas contundentes defensas del orden público.
No es posible ni el estado de derecho ni la normalidad democrática sin un escrutinio constante del uso de la fuerza por parte de los poderes públicos. Esto no es patrimonio de la izquierda, sino que es la base misma de los principios del liberalismo político, unos principios que desde la derecha, más autoritaria que liberal, se ignoran y que desde una parte de la izquierda, más interesada en constituir el partido del orden de la monarquía que en comprometerse con los avances sociales, se olvida con demasiada frecuencia.
