La zona a urbanizar. EPDAEl pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado la resolución de oficio de la adjudicación de la condición de agente urbanizador de la unidad de ejecución Vella 8 por los reiterados incumplimientos de la mercantil que deberÃa haberlos llevado a cabo.
La resolución municipal se ha aprobado con los votos a favor del equipo de gobierno del PSPV, además de CompromÃs y de Esquerra Unida-Podem y la abstención del Partido Popular y Vox.
También se han aprobado otras medidas como la imposición de una indemnización económica de 24.383 euros a la empresa adjudicataria de la actuación urbanÃstica en concepto de daños y perjuicios y ha acordado la ejecución del aval bancario que depositó en su dÃa la mercantil privada en virtud del convenio suscrito en su dÃa por un importe total de 60.764 euros.
El pleno ha dado luz verde, también, a la aprobación de una garantÃa complementaria de la unidad de ejecución por un montante global de 21.237 euros a la empresa mercantil porque en su dÃa realizó una retasación de las obras de actuación cuantificadas en un aumento de hasta el 26,65% sobre el valor inicial con el beneplácito del consistorio, pero, en cambio, no se amplió la correspondiente garantÃa.
Proceso
El programa de actuación integrada (PAI) Vella 8 fue adjudicado en diciembre de 2005 a través del correspondiente convenio urbanÃstico entre ambas partes y con el compromiso de la mercantil de ejecutar las obras en un plazo máximo de 3 años, tal y como consta en el acuerdo oficial.
Para el proyecto de urbanización se concedÃa un plazo de un mes a contar desde la adjudicación y para el proyecto de reparcelación se otorgaban seis meses como máximo.
Como consecuencia del convenio, la empresa formalizó en febrero de 2007 sendos avales bancarios por valor de 8.381 y 52.383 euros, respectivamente, de forma que se alcanzan los 60.764 euros en total, tal y como consta en el convenio suscrito. Sin embargo, la empresa solicitó en julio de 2008 una retasación automática de las obras que se debÃan llevar a cabo en la actuación con un incremento global del 26'65%, si bien no se constituye una garantÃa económica complementaria al respecto.
Pese a la concesión de las nuevas cargas urbanÃsticas que pasarÃa a percibir la empresa en concepto de las obras de urbanización del PAI Vella 8, no se han llevado a cabo a pesar de los plazos legal establecidos en el convenio suscrito en su momento.
Por ello, el Ayuntamiento requirió a la mercantil en junio de 2020 para que aportase un plan de trabajo en un plazo de un mes con el objetivo de garantizar la completa urbanización de la unidad de ejecución. La empresa nunca respondió al requerimiento municipal.
"Demora injustificada"
Los informes técnicos elaborados por el Ayuntamiento constatan que "una demora injustificada en el cumplimiento de los plazos fijados por parte del urbanizador" y, además, hallan "una inactividad injustificada del urbanizador pese a los requerimientos por parte del ayuntamiento para la finalización de las obras", además de haber sido declarado el concurso voluntario de acreedores del urbanizador.
También subrayan que no concurre "ninguna circunstancia ajena o causa de fuerza mayor que justifique los incumplimientos del urbanizador puesto de manifiesto, por lo que nos encontramos ante un incumplimiento culpable del urbanizador". Por ello, se recoge la incautación de las garantÃas económicas depositadas en su dÃa por el urbanizador, asà como las garantÃas prestadas.
El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha lamentado que actualmente "todavÃa estamos resolviendo todos los problemas heredados por la mala praxis del Partido Popular desarrollada durante la época del boom inmobiliario en el que proliferaron los pelotazos urbanÃsticos de determinadas empresas y que ahora nos obligan a destinar recursos económicos y humanos a resolver esta situación".
