Vista general de la desaladora de Sagunt. EFE-Manuel Bruque
El alcalde de Sagunto, Darío Moreno, ha defendido este lunes la solidaridad no entre territorios, sino entre personas, y está de acuerdo con que la ciudad pueda ser parte de la solución transitoria a la situación de sequía, de la misma manera que esperaría lo mismo en caso de necesidad.
La desaladora de Sagunto podría enviar a agua potable en barco a Cataluña para asegurar el agua de boca en Barcelona y el área metropolitana "si fuera necesario" y como "medida excepcional", una solución que podría estar operativa desde el 1 de junio, según ha explicado este lunes la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tras reunirse con el conseller de Acción Climática de la Generalitat, David Mascort.
La planta, de propiedad estatal y que funciona al 10 % de su capacidad, tiene una capacidad de producción diaria de 22.900 metros cúbicos (8 hectómetros/año) y varios ramales de distribución, uno de ellos al Puerto de Sagunto con capacidad para sacar un tercio (7.500 m3), según ha explicado este lunes la directora de la desaladora de Sagunto, de Acuamed, Mariola Durà, en una visita de los medios de comunicación a las instalaciones.
Según ha apuntado, la planta de Sagunto está "muy accesible" a un puerto que "no está lejos" de Cataluña, aunque tiene menor capacidad que otras que se ubican a mayor distancia o poseen un acceso a barco más complicado.
En la Comunitat hay otras desaladoras en Oropesa y Moncofa (Castellón) y Mutxamel (Alicante), y la de Torrevieja -que depende de la cuenca del Segura-.
En la parte exterior de la valla de la planta de Sagunto se ha colocado una pancarta con el lema "No al agua para Cataluña", sin ningún distintivo que identifique la procedencia del rechazo.
Sagunto y el convenio con Acuamed
El alcalde socialista ha señalado que el Ayuntamiento ya defendía que la desaladora no es una infraestructura local o municipal, y es una instalación "esencial" para la estrategia nacional hídrica. Ahora, la situación que se ha planteado "da la razón" al consistorio, según indica.
Asimismo, el Ayuntamiento reclama la resolución del conflicto jurídico que existe con Acuamed sobre qué institución debe asumir los costes de la infraestructura, y Moreno pide un acuerdo que reformule el convenio, que inicialmente atribuía el pago del 50 % del coste de la instalación al consistorio, de los 45 millones de inversión.
Desde el consistorio recuerdan que del convenio se desprende que es una infraestructura municipal, pero el Ministerio puede disponer de la desaladora con acuerdo municipal, y ahora "se pone de relieve que no es municipal sino estratégica a nivel de cuenca y nacional", ha señalado el alcalde.
Además, recuerda que cualquier aporte de agua potable a Cataluña está sometido a las necesidades propias del entorno de la desaladora.
