Sancho Sempere. EPDACanet d'En Berenguer, esa joya costera del Camp de Morvedre que se extiende como un paraÃso playero a las puertas de Valencia, ha sido durante las últimas dos décadas y media un caldo de cultivo para escándalos que han empañado su imagen idÃlica. Con apenas 7.000 habitantes, este municipio ha protagonizado una sucesión de casos de corrupción que van desde el amaño de oposiciones y contratos falsos, hasta el desvÃo de fondos públicos a bolsillos privados. En el centro de esta vorágine se encuentra José Antonio Sancho Sempere, el ex secretario municipal apodado ''el zorro en el gallinero'', no sólo por el tÃtulo de la obra de investigación publicada por NPQ Editores, sino porque era el que debÃa velar por la legalidad, quien precisamente la pervertÃa. Pero no todo se reduce a él: alcaldes y funcionarios y rabajadores del municipio y empresas privadas fueron tejiendo un tapiz de irregularidades que ha costado millones a las arcas públicas y ha minado la confianza de los vecinos.
La Plataforma de Afectados por las Actividades IlÃcitas y Delictivas de José Antonio Sancho, movimiento cÃvico nacido para esclarecer todas las citadas corruptelas la mayor partes delictivas, instó a expertos juristas y economistas de reconocido prestigio la elaboración de informes jurÃdicos para la interposición de acciones judiciales. En dichos dictámenes los especialistas repasan cronológicamente los principales casos de corrupción de los que se tiene constancia en Canet d´En Berenguer, desde el año 2000 hasta la actualidad, basándose en sentencias judiciales firmes, informes periciales elaborados por la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, investigaciones periodÃsticas y denuncias que siguen interponiéndose ante los tribunales de justicia, además de ante otros organismos de control de las actividades del municipio de Canet, como la Agencia Valenciana Antifraude, la Sindicatura de Cuentas, la FiscalÃa Anticorrupción de Valencia y el Tribunal de Cuentas, entre otros.
Los albores del siglo: El boom urbanÃstico y los primeros pelotazos (2000-2005)
El nuevo milenio trajo a Canet un auge urbanÃstico desbocado, apodado por algunos como "la Marbella valenciana". En esos años, el municipio se transformó a golpe de recalificaciones y licencias exprés, pero bajo la superficie bullÃa en Canet d´En Berenguer un sistema de favoritismos que beneficiaba a promotores y polÃticos afines. Aunque no hay condenas firmes de esa época, las investigaciones posteriores han destapado cómo se sentaron las bases de la corrupción estructural. Aquà hay que anotar al empresario Enrique Bañuelos, saguntino de fama internacional.
Todo comienza en 2000, cuando se detectan las primeras conexiones opacas entre el Ayuntamiento de Canet y el de La Pobla de Farnals. Sancho Sempere, ya consolidado como secretario en Canet desde finales de los 80, inicia una red de "asesorÃas" que le permite facturar servicios ficticios o simplemente falsos a varios consistorios de la provincia de Valencia.
Según investigaciones judiciales, Sancho Sempere y su entorno -incluyendo a su familia en concreto su hija y también funcionaria Carmen Sancho y su esposa Amparo González Sanchis, - empezaron a infiltrarse en procesos administrativos clave, como la de los contratos de consultorÃa. Esta "trama de las asesorÃas" serÃa el eje de múltiples condenas posteriores, pero en aquellos años se tradujo en pelotazos urbanÃsticos que engañaron a agricultores locales, recalificando terrenos sin control y generando plusvalÃas millonarias para unos pocos.
Un caso emblemático de esta etapa es el contrato de gestión del servicio de agua potable y alcantarillado adjudicado en 2004 a Egevasa, una empresa vinculada a intereses locales. El procedimiento de licitación estuvo plagado de irregularidades: informes manipulados, facturas presuntamente falsificadas y una "organización criminal" dentro del ayuntamiento.
Personas como Amparo Mañó Canet (ex alcaldesa), Octavio Herranz López (ex alcalde), Leandro Benito Antoni (ex alcalde), VÃctor Almor Marzal (concejal), Carlos Julián Zahera (concejal) y el propio Sancho Sempere -junto a su hija Carmen- están presuntamente implicados por acción o por omisión en este caso cuya investigación está en curso en este momento ante la FiscalÃa Provincial de Valencia y los Juzgados de Instrucción. Una situación que se arrasta hasta el 2025 y que supone un nubarrón en la gestión del actual primer munÃcipe, Pere Antoni.
La década de las detenciones: La trama de las asesorÃas estalla (2006-2015)
La burbuja inmobiliaria reventó en 2008, pero en Canet las ramificaciones corruptas solo empezaron a salir a la luz años después. Entre 2006 y 2010, Sempere amplió su influencia a una veintena de ayuntamientos de la provincia, incluyendo San Antonio de Benagéber y La Pobla de Farnals, especialmente. Su modus operandi era simple pero efectivo: facturar "asesorÃas jurÃdicas" amañadas a los consistorios a cambio de quedarse con el dinero facturado. La alcaldesa de La Pobla, la tránsfuga del PP Natividad GarcÃa, acabó en la cárcel por aceptar soborno de Sancho Sempere, quien también terminarÃa en el talego.
En La Pobla, por ejemplo, Sempere justificó su intervención alegando un "desastre contable", pero en realidad usó el caos para desviar fondos a sus empresas privadas.
El punto de inflexión llegó en abril de 2015 con la intervención primero de la Unidad de Delitos Económicos y UrbanÃsticos de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia se realiza una redada en el domicilio profesional de Sancho Sempere y varios Ayuntamientos y empresas públicas que dejó varios detenidos entre ellos el propio Sancho Sempere, secretario de Canet. La investigación reveló una trama de cohechos, prevaricación continuada y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos que salpicaba a ex alcaldes como Natividad GarcÃa Castellar condenada por aceptar sobornos para mantener contratos con las firmas de Sempere. El juez de instrucción envió a prisión provisional a Sancho Sempere, desmontando una red que habÃa esquilmado arcas públicas durante al menos una década. Aunque se jactaba de que se jubilarÃa cuando le diera la gana, acabó por hacerlo en la prisión de Picassent.
Esta operación no fue aislada. En paralelo, la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) inició pesquisas sobre procesos de provisión de plazas en Canet, detectando amaños en oposiciones internas. Tres hijos de Sempere lograron puestos de funcionario gracias a tribunales sesgados, donde miembros afines -posteriormente condenados- alteraron puntuaciones. Una de sus hijas, Carmen Sancho, funcionaria en el área de Contratación, fue señalada como "clave" en la intersección entre la trama de asesorÃas. Sin embargo, sigue en su puesto de trabajo.
Juicios, condenas y contraataques: La justicia responde (2016-2020)
Los años siguientes fueron un carrusel de juicios y apelaciones. En enero de 2016, la Audiencia Provincial de Valencia condenó a Sempere a dos años de prisión por cohecho. La sentencia, ratificada en instancias superiores, lo inhabilitó para cargo público. Sin embargo, Sempere no se rindió: en 2017, interpuso querellas contra el fiscal que destapó la trama, Pablo Ponce, acusándolo de prevaricación. El TSJCV archivó las denuncias en abril de ese año, frenando el "acoso judicial" del corrupto funcionario.
La FiscalÃa Anticorrupción no cejó en su empeño. En abril de 2018, solicitó siete años más de cárcel para Sempere por diversos delitos relacionados con la corrupción en la administración pública local. El juicio, que se prolongó hasta 2020, unió cabos con la "trama de las oposiciones": plazas amañadas no solo para su familia, sino también para la mujer del ex alcalde de Canet, con tribunales compartidos entre casos.
En 2020, la AVAF investigó dos denuncias especÃficas en Canet: la contratación irregular de dos agentes de policÃa y una adjudicación de obras públicas. Aunque el Ayuntamiento superó el escrutinio -las irregularidades no alcanzaron umbral penal-, estos casos evidenciaron un patrón de favoritismos en la bolsa de empleo, que afectaba a alcaldes, concejales y funcionarios del Ayuntamiento de Canet.
La resaca post-pandemia: Nuevas sentencias y ramificaciones (2021-2025)
La pandemia no detuvo las investigaciones. En abril de 2021, el Tribunal Supremo confirmó la condena por prevaricación contra Sancho Sempere en otras de las piezas judiciales de la trama de las asesorÃas, la referida al Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana, cuyo interventor era Rafa Parra Mateu, que también pasó por la prisión.
En el mes de marzo de 2025 se ha dictado una sentencia por el TSJCV que tumba el contrato de Egevasa de 2004, abriendo la puerta a nuevos procedimientos judiciales contra todos los alcaldes, concejales y funcionarios implicados en el citado contrato actualmente vigente entre el Ayuntamiento de Canet y la empresa Egevesa que según refiere la sentencia estará vigente hasta el año 2.036.
El Ayuntamiento ha interpuesto en el mes de mayo de 2025 un recurso de casación frente a dicha sentencia ante el Tribunal Supremo. El alcalde, Pere Antoni, en declaraciones a LÃderes de Aquà y El Periódico de Aquà se mostró muy tranquilo al considerar que quedará en nada.
Un legado tóxico: ¿Lecciones aprendidas?
Veinticinco años de corrupción han dejado a Canet en una situación gravÃsima debido principalmente a la corrupción instalada en la localidad. Los datos son alarmantes ,ya que según los informes encargados por la Plataforma de Afectados por Sancho Sempere, con representantes con gran solvencia jurÃdica, la situación es la siguiente:
La población a fecha 31 de marzo de 2025 tiene por habitante (per cápita) una deuda de aproximadamente 11.108 euros, según datos oficiales de la Generalitat Valenciana y el Banco de España.
Mientras el clan de los Sancho Sempere ha esquilmado al Ayuntamiento decenas de miles de euros de los caneteros, hasta el momento nadie ha decidido reclamar por lo robado.
El Ayuntamiento debido a esa nefasta gestión municipal de los años 2011 a 2019 ha tenido que claudicar antes sentencias condenatorias como al del caso Mas Camarena debiendo afrontar todos los cañetanos un pago superior a los 2.200.000 euros. El caso Mas Camarena en Canet d'En Berenguer está relacionado con la polémica y los recursos legales sobre la adjudicación del proyecto educativo Mas Camarena en el municipio, que fue anulada por la justicia por irregularidades en la concesión. Esta situación ha puesto en duda la continuidad del centro privado autorizado para impartir Bachillerato.
El urbanismo caótico permitidos y tolerado por todos los alcaldes y miembros de las corporaciones locales desde el año 2000 hasta la actualidad ha devorado 600.000 metros cuadrados de suelo rústico y una desconfianza crónica hacia las instituciones sin que al parecer este asunto haya despertado el interés de los regidores municipales.
La posible desestimación del recurso de casación interpuesto por el Alcalde ante el Tribunal Supremo en el caso del contrato anulado de Egevasa, puede representar un pago por daños y perjuicios, gastos y costes superior a los diez millones de euros según un reciente dictamen encargado por el movimiento cÃvico.
La Plataforma de Afectados calcula en varios millones de euros los daños y perjuicios ocasionados a los caneteros por todos los referidos casos de corrupción que han lastrado y siguen lastrando las arcas públicas de la Corporación municipal. Mientras Sancho Sempere, ya jubilado, se enfrenta a procesos pendientes que podrÃan sumar 20 años de cárcel la corrupción sigue presente en el municipio gobernado ahora por Antoni. Desde su toma de posesión en el año 2019 como alcalde, Pere Antoni ha tratado por todos los medios de desmarcarse de la corrupción instalada en Canet en los años anteriores, pero según el nuevo portavoz de la Plataforma, no solo no ha conseguido esquivar los casos de corrupción anteriores al año 2019, ''sino que se ha sumergido en otros casos iguales o peores que los producidos en legislaturas anteriores''. Una opinión de la Plataforma que no se comparte en absoluto desde el Ayuntamiento, fuentes del cual muestran su total tranquilidad respecto a la gestión del gobierno municipal encabezado por Pere Antoni. ''Los problemas vienen del pasado y nosotros haremos frente a lo que venga con la tranquilidad de que cualquier desastre viene del pasado'', explican.
Según un informe jurÃdico encargado por la Plataforma la cronologÃa de los casos presuntamente corruptos en la gestión pública del actual alcalde de Canet d´En Berenguer son los siguientes:
1.- Caso del contrato con Egevasa
El dÃa 6 de mayo de 2004, el Ayuntamiento de Canet d'en Berenguer adjudicó el contrato para la gestión y explotación del servicio municipal de agua potable y alcantarillado a la mercantil
El 10 de febrero de 2009, el Ayuntamiento suscribió una prórroga del contrato por 25 años adicionales hasta el 10 de febrero de 2036; dicha extensión contractual carecÃa de la motivación y justificación legalmente exigida, no fue objeto de contratación conforme a derecho y excedió el plazo máximo admisible para este tipo de contratos negociados.
El expediente administrativo relativo a la adjudicación y a la prórroga del contrato no incluyó la prueba suficiente ni acreditación auténtica de ofertas formales de las empresas invitadas a participar, resultando factible una simulación en la tramitación de las ofertas y la negociación, con la particularidad de que las mercantiles invitadas (Sociedad Española de Abastecimientos S.A., Omnium Ibérico S.A. y Empresa General Valenciana del Agua S.A.) pertenecen a un mismo grupo empresarial -Aguas de Valencia S.A.-, evidenciando una posible colusión y falta de competencia efectiva.
En el año 2022 la empresa AQLARA solicitó revisión de oficio por nulidad de pleno derecho (art. 47.1.e de la Ley 39/2015: "falta total y absoluta del procedimiento legalmente establecido").
En fecha 31 de marzo de 2025 el TSJCV ha dictado una sentencia contra el Ayuntamiento en los siguientes términos
Estimar el recurso de AQLARA.
Desestimar los recursos de apelación del Ayuntamiento y de EGEVASA.
Anular la resolución municipal de 02/03/2023.
Ordenar al Ayuntamiento de Canet que, en 3 meses, tramite la revisión de oficio de los contratos de 2004 y 2009 por nulidad de pleno derecho.
Imposición de costas a Ayuntamiento y EGEVASA (2.500 € cada uno a favor de AQLARA).
En sÃntesis:
La sentencia refuerza la doctrina de que los contratos públicos celebrados con infracciones graves de los principios de transparencia y concurrencia pueden ser revisados incluso muchos años después.
Limita la protección de la "confianza legÃtima" cuando se trata de nulidad radical.
Da protagonismo al control judicial de la contratación municipal y a la competencia en el sector del agua.
La Sentencia número 188/2025, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, ha declarado la nulidad de pleno derecho tanto del contrato original de 2004 como de la prórroga de 2009, por infringir gravemente el procedimiento legalmente establecido para la contratación pública, afectando la legalidad y los principios básicos de la contratación administrativa.
La decisión del pleno del Ayuntamiento consistió en aprobar actos administrativos con conocimiento o, al menos, con negligencia grave respecto de las irregularidades, infringiendo los deberes constitucionales y legales en materia de buena administración pública.
La prórroga aprobada ha supuesto un grave perjuicio para el interés público y el erario municipal, al mantener la concesión en condiciones manifiestamente ilegales, dificultando la libre concurrencia y la posibilidad de mejorar las condiciones del servicio para los ciudadanos.
La Plataforma, a la vista de dicha sentencia, encargó a expertos juristas y auditores dos informes independientes. Según el primero de dichos informes, los daños y perjuicios, gastos y costes que va a tener que afrontar el Ayuntamiento ante una eventual desestimación del recurso presentado asciende según el informe más favorable para la corporación en más de cinco millones de euros mientras que el segundo informe indica que el importe de tales daños y perjuicios costes y gastos puede superar los diez millones de euros.
Lo inaudito del caso, según indica la Plataforma es que se ha tenido acceso a una información pública y publicada en varios medios de comunicación según la cual el Ayuntamientod e Canet de Berenguer ha iniciado unas obras para la sustitución de la canalización de agua potable en la céntrica calle Calvario de Canet d'en Berenguer por importe de 121.581,23 euros.
''Según dichas noticias, el contrato para dichas obras se ha suscrito con la empresa Egevasa desoyendo el municipio todos los pronunciamientos establecidos por el TSJCV antes referidos, lo que presuntamente agrava la situación de responsabilidad del alcalde, de los concejales del equipo de gobierno y de todos los demás regidores de la corporación municipal de Canet'', critican.
2.- Caso del funcionario municipal de Canet, José RodrÃguez Jurado, actualmente subdelegado de gobierno en Valencia
Consta probado que el dÃa 6 de abril de 2022, el Ayuntamiento de Canet, aprobó mediante resolución n. º 2022-1376 las bases del proceso de selección para cubrir una plaza de Técnico de Administración General (subgrupo A1) mediante concurso-oposición.
Dicha convocatoria incluyó un sistema de promoción interna que permite la promoción directa del subgrupo C1 al subgrupo A1, contraviniendo expresamente la jurisprudencia del Tribunal Supremo fijada en la Sentencia 883/2021, de 21 de junio de 2021, que exige el paso previo al subgrupo A2 para acceder a A1.
El dÃa 4 de octubre de 2022 se admitió al aspirante, José RodrÃguez Jurado, funcionario perteneciente al subgrupo C1, para participar en dicho proceso, en clara vulneración de los requisitos y del ordenamiento jurÃdico.
''Todos los citados actos conlleva la nulidad de pleno derecho de los actos administrativos señalados, conforme a lo dispuesto en el artÃculo 47.1.f de la Ley 39/2015, por ser contrarios al ordenamiento jurÃdico y haberse otorgado derechos sin reunir los requisitos esenciales. Además la aprobación de las bases y la admisión del aspirante se realizaron de forma consciente y deliberada, con pleno conocimiento de su ilegalidad, lo que configura una conducta arbitraria y dolosa'', explican desde la Plataforma.
El alcalde Pere Antoni con respecto a este caso ha manifestado que no existe ninguna ilegalidad en el nombramiento de RodrÃguez Jurado y que si se quiere poner en duda dicho nombramiento se acuda a los tribunales. Lo ha señalado en declaraciones a El Periódico de AquÃ, el programa de la 99.9 Valencia Radio 'LÃderes de AquÃ' y otros medios del Camp de Morvedre.
3.- Caso de pasividad por parte del alcalde sobre la reclamación de todo el dinero que se apropió el secretario general, interventor municipal y jefe de los servicios jurÃdicos, José Antonio Sancho Sempere desde el año 2007 hasta el año 2015
La Plataforma critica expresamente que ''el alcalde ha demostrado una absoluta pasividad en este gravÃsimo caso que afecta a los intereses de todos los caneteros. La Plataforma le ha urgido a aportar los actos que ha realizado para recuperar todo ese dinero apropiado por el ex secretario Sancho Sempere pero según las últimas declaraciones efectuados por el alcalde sobres este asunto, el caso se está estudiando por los servicios jurÃdicos municipales. Llama poderosamente la atención que el alcalde haga dicha manifestación cuando el asunto ya fue juzgado y hubo condena firma contra Sancho Sempere en el mes de julio de 2022, es decir hasta más de tres años sin que conste acción alguna por parte del señor alcalde''.
4.- Caso de pasividad ante la investigación de un Juzgado de Valencia contra la funcionaria Carmen Sancho González
Desde la Plataforma señalan también que ''es público y notorio que la citada funcionaria del Ayuntamiento de Canet y que ocupa nada menos que la Jefatura de Contratación Pública está siendo investigada por una Juzgado de Valencia en relación con la corrupción en relación con unos contratos suscrito entre el Ayuntamiento e Canet y una empresa privada de José Antonio Sancho Sempere de la que hasta el momento y según informes de la Guardia Civil se han esquilmado decenas de miles de euros a la corporación municipal. Pues bien el alcalde sigue mirando para otro lado y ni siquiera ha abierto un expediente informativo a la citada funcionaria''.
Según ha remitido a este periódico la propia Plataforma, han enviado varios burofaxes a la Corporación municipal trasladando las siguientes preguntas:
¿Qué acciones ha tomado el Ayuntamiento para revisar de oficio los procesos selectivos anulados o declarados irregulares por la Agencia Valenciana Antifraude, especialmente el ascenso de José RodrÃguez Jurado?
¿Se ha cumplido con la obligación de iniciar la revisión de oficio tras el dictamen de nulidad de pleno derecho, conforme exige la AVAF y el artÃculo 47.1 de la Ley 39/2015?
¿Se ha remitido a la AVAF la documentación que acredite el inicio del expediente de revisión y se ha dado la transparencia exigida, incluyendo la publicación de la resolución en el portal de transparencia municipal?
¿Qué medidas especÃficas se han implementado para evitar la repetición de estas irregularidades en futuros procedimientos selectivos?
¿Por qué motivo no se ha procedido a la revisión de oficio del resto de oposiciones y procesos internos puestos en duda en informes de la AVAF, prensa y escritos ciudadanos?
¿Qué acciones administrativas, civiles y/o penales se han ejercido para reclamar la responsabilidad patrimonial derivada de las sentencias firmes condenatorias contra el ex secretario José Antonio Sancho Sempere?
¿Se han incoado expedientes y reclamado daños al Ayuntamiento ante el Tribunal de Cuentas u otros órganos?
¿Qué medidas ha tomado el Ayuntamiento para impedir nuevas contrataciones o relaciones contractuales con personas fÃsicas o jurÃdicas condenadas o inhabilitadas, como la Academia Valenciana de Juristas?
¿Se ha revisado y auditado en profundidad la contratación y los pagos realizados a la Academia Valenciana de Juristas y otras relacionadas, para detectar irregularidades, siguiendo las obligaciones derivadas de la sentencia penal y los informes de la Guardia Civil?
¿Existe una polÃtica clara de información pública y rendición de cuentas tras sentencias condenatorias que afectan a empleados públicos o responsables polÃticos municipales?
¿Por qué no se informó de forma transparente en Pleno y a la ciudadanÃa?
Ante la existencia de querellas y procedimientos judiciales contra personal municipal (como Carmen Sancho González), ¿por qué no se han iniciado expedientes disciplinarios o actualizado el estado de los mismos públicamente?
¿En qué fundamenta la AlcaldÃa su inactividad, a pesar de los informes policiales y judiciales?
¿Por qué no se han aplicado inmediatamente las medidas cautelares de suspensión provisional de funciones, establecidas en el artÃculo 98.3 del EBEP, cuando concurren investigaciones penales graves sobre funcionarios o empleados públicos municipales?
¿Se ha valorado y documentado formalmente la conveniencia de abrir expedientes disciplinarios en paralelo a las investigaciones penales, en cumplimiento de la Ley 39/2015 y el EBEP?
¿Se encuentra suspendido el procedimiento disciplinario hasta sentencia penal firme, si se llegó a incoar?
¿Qué controles internos y auditorÃas se han instaurado en los departamentos señalados por riesgo de irregularidades o corrupción, especialmente en la contratación pública?
¿De qué modo informa la AlcaldÃa al Pleno de todas las medidas adoptadas respecto a expedientes sancionadores, acciones civiles o penales, auditorÃas y cumplimiento de sentencias?
¿Ha impulsado la AlcaldÃa la actualización e integración de mecanismos preventivos para frenar futuras prácticas irregulares?
¿En qué consisten estos mecanismos y se supervisan externamente?
¿Se ha dado cumplimiento a las resoluciones de la AVAF y se han adoptado nuevas polÃticas de prevención de la corrupción en la contratación, promoción y validación de facturas?
Respecto al acuerdo de prórroga del contrato con EGEVASA, ¿cuál es el fundamento jurÃdico que justifica la inadmisión de la solicitud de revisión de oficio presentada por la competencia (AQLARA)?
¿Cómo explica e interpreta la Comisión el equilibrio entre la legalidad de los actos administrativos y el principio de seguridad jurÃdica y confianza legÃtima de los terceros, invocados en el acuerdo plenario?
¿Se han valorado los riesgos de indemnización derivados de la nulidad potencial de la prórroga y la repercusión sobre el coste del servicio público?
¿Ha consultado el Ayuntamiento al Consejo JurÃdico Consultivo o al jurÃdico autonómico en relación a la revisión de estos contratos y prórrogas?
¿Qué iniciativas se han lanzado para que el Ayuntamiento se persone como perjudicado en los procedimientos penales que puedan haber causado daño patrimonial, conforme al artÃculo 78.3 de la LBRL?
¿Hay documento público que justifique la no apertura de expedientes ante la existencia de indicios documentados de delitos económicos, falsedad documental o blanqueo de capitales?
¿Cuáles son los plazos y criterios objetivos que se siguen para dar respuesta a los requerimientos y solicitudes de la ciudadanÃa que afectan a la legalidad y transparencia municipal?
¿Qué garantÃas ofrece el Ayuntamiento para que no se vulneren los principios de buena administración, equidad, buena fe y confianza legÃtima, especialmente en casos de conflictividad interna o denuncias ciudadanas?
¿Se ha valorado por el Ayuntamiento el coste de todos los importes que puede tener que abonar a los perjudicados por acciones ilegales tales como daños y perjuicios materiales y morales, honorarios de profesionales, intereses, indemnizaciones, peritaciones y restitución de importes indebidamente satisfechos con dinero del Ayuntamiento?
El nuevo portavoz de la Plataforma ha manifestado que "lo que más nos duele en realidad es que se esté ensuciando de esa manera el nombre de Canet d'En Berenguer y la imagen de la localidad y de sus vecinos. Afortunadamente la FiscalÃa de Valencia, los juzgados de Instrucción y la Agencia Valenciana Antifraude, entre otros organismos públicos, siguen investigando todos estos casos de corrupción y aunque lentamente esperaremos a que la justicia se pronuncie'', señala el portavoz de la Plataforma.
