Una tractorada y una manifestación convocada por varias organizaciones agrarias recorrerán la ciudad de Valencia el próximo jueves contra los acuerdos comerciales de la UE firmados sin reciprocidad (Mercosur), los recortes de la PolÃtica AgrÃcola Común (PAC), el exceso de burocracia y las polÃticas que amenazan el futuro del campo y de la alimentación europea.
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), La Unió Llauradora i Ramadera, la Coordinadora Campesina del PaÃs Valenciano (CCPV-COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-PV), con el apoyo de Cooperatives Agro-alimentà ries organizan la jornada de protesta "del 'superjueves' del campo español", según informan en un comunicado conjunto.
Los representantes del sector agrario invitan a productores, empresas auxiliares, entidades de la sociedad civil y consumidores a participar en esta movilización contra los acuerdos y polÃticas que, según defienden, amenazan el futuro del campo.
"No es un acto solo de agricultores. Está en juego la competitividad y viabilidad de quienes producen los alimentos que comemos todos los dÃas, que generan un motor económico tan importante como es el agroalimentario en términos de empleo y riqueza, y que mantienen un manto verde que no se quema", aseguran los dirigentes agrarios.
La manifestación empezará a las 10 horas frente a la sede de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) con el objeto de reivindicar una solución justa y digna a los agricultores cuyas parcelas fueron arrasadas por la dana y van a pasar a Dominio Público Hidráulico (DPH), además de defender los regadÃos y las infraestructuras hidráulicas.
El recorrido discurrirá por las Torres de Serranos y concluirá a las puertas de la Delegación del Gobierno, donde los dirigentes pronunciarán sendos discursos a las personas asistentes.
Reclamarán el rechazo de la propuesta actual del acuerdo comercial de la UE con Mercosur, exigiendo un estudio de impacto sobre el sector agrario "objetivo y creÃble", reciprocidad, cláusulas de salvaguardia eficaces y complementariedad con la producción europea. En la misma lÃnea, exigirán revisar todos los acuerdos vigentes y futuros con terceros paÃses, especialmente con Egipto, TurquÃa, Marruecos y Sudáfrica.
El sector también se opondrá a la propuesta de la Comisión Europea sobre el Marco Financiero Plurianual (MFP) y la PAC post2027, que contempla la integración de la PAC en un fondo único, desmantelando su especificidad histórica; un recorte del 22 % del presupuesto; la eliminación de los dos pilares tradicionales de la PAC; un aumento de la complejidad administrativa; y la tendencia a una renacionalización de los fondos.
Otra reivindicación será la simplificación, seguridad jurÃdica y la puesta en marcha de regulaciones más adaptadas a la realidad agraria que no impliquen una pérdida de competitividad; la voluntariedad indefinida del cuaderno digital de explotación; y reorientar las polÃticas del Gobierno español priorizando la agricultura sobre las normativas medioambientales, siempre basadas en criterios cientÃficos. Al respecto, pedirán reemplazar la Ley de Restauración de la Naturaleza, que establece más limitaciones a la actividad, por una Ley de Restauración de la Agricultura.
Las organizaciones piden intensificar y armonizar los controles fitosanitarios de plagas y enfermedades en los puertos de entrada, inspecciones en origen, extensión y rigurosidad del tratamiento en frÃo y, en caso de excesivos incumplimientos, la suspensión de las exportaciones a la UE; una nueva polÃtica hidrológica que contemple la construcción de infraestructuras para almacenar y distribuir agua, y un redimensionamiento de los caudales ecológicos y una apuesta por la reutilización de las aguas depuradas.
También reclaman mejorar los seguros agrarios para cubrir todos los riesgos de clima y fauna salvaje; e impulsar las autorizaciones excepcionales de fitosanitarios que no cuentan con alternativas eficaces en la lucha contra plagas y enfermedades vegetales.
Finalmente, pedirán un cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria con prohibición expresa de venta a pérdidas y publicación oficial de los costes medios de producción; aprobar una Ley de Emergencia por daños de fauna salvaje; adaptar la reforma laboral a las necesidades de las campañas agrarias; actualizar los módulos del IRPF agrario; y revisar el Código Penal y aumentar los recursos para mejorar la lucha contra los robos.