Un cajetín para depositar las llaves de una vivienda turística en Valencia. EFE-Manuel Bruque-Archivo
Las áreas de Urbanismo y Policía Local del Ayuntamiento de Valencia han clausurado en el último año más de 1.000 apartamentos turísticos ilegales en el último año tras las tareas de inspección que se han llevado a cabo, aunque desde Compromís se advierte de que esa cifra "es mentira".
El concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, ha señalado en un comunicado que la actual corporación municipal impulsó una moratoria en la concesión de licencias de viviendas de uso turístico en todos los distritos de la ciudad mientras se aprueba una nueva normativa reguladora, (con cuatro controles/candados) "que será la más restrictiva de España", ha subrayado
Con el endurecimiento de las inspecciones y con las órdenes de cese de actividad, en poco más de año y medio, se han clausurado más de 1.000 apartamentos turísticos ilegales en Valencia.
Sin embargo desde Compromís han señalado que la alcaldesa "se niega" a decirle a este grupo municipal "qué apartamentos turísticos ha cerrado", porque "es mentira" ya que "han crecido en más de 1.200".
Robles ha explicado que Compromís reveló la semana pasada con datos oficiales de la Generalitat Valenciana que durante la moratoria en la que no se podían abrir apartamentos turísticos "se han abierto más de 1.200 en Valencia".
La portavoz ha señalado que los 1.000 apartamentos supuestamente cerrados por Catalá "son una auténtica farsa". "Hace más de dos meses que pedimos cuáles son esos 1.000 apartamentos y hemos tenido que acudir al Síndic de Greuges porque María José Catalá se niega a darnos la información", ha agregado.
Sin embargo, Juan Giner ha asegurado: "Frente a la parálisis de los gobierno de izquierda durante ocho años, hemos puesto en marcha cinco grupos de inspectores de Obras y Licencias de Urbanismo y siete grupos de Policía Local para que rastreen por toda la ciudad la actividad de apartamentos turísticos ilegales".
Para el edil, la clausura de apartamentos turísticos ilegales responde al "trabajo intenso" de los cinco grupos de inspectores de Obras y Licencias de Urbanismo y de los siete grupos de Policía Local, uno por cada distrito policial, que se encargan de rastrear la ciudad para detectar la actividad de apartamentos turísticos ilegales, ha añadido el concejal.
La División Territorial de la Policía Local, que coordina las siete comisarías de Proximidad de la ciudad, ha realizado más de 800 actas de denuncia de inspección a pisos turísticos. La mayoría de estas denuncias se interponen "por carecer del título habilitante para ejercer dicha actividad", según fuentes del Ayuntamiento.
Las mismas fuentes han indicado que en este último año y medio, los agentes han realizado más de 700 denuncias, frente a las 84 que se pusieron en el año 2023 o las 73 del año 2022.
Desde la División Territorial Operativa de la Policía Local, en coordinación con el Servicio de Licencias Urbanísticas del Ayuntamiento, se ha realizado un protocolo de actuación para todas las unidades policiales.
El concejal Juan Giner ha asegurado que "la proliferación de apartamentos turísticos se inició en el año 2015, con el gobierno municipal Compromís-PSPV".
"Desde entonces, y hasta 2023, se inscribieron más de 4.500 apartamentos, con la peculiaridad, además, -ha subrayado el concejal de Urbanismo- de que este mismo gobierno de izquierdas cambió el planeamiento urbanístico en el año 2018 para permitir que en los bajos comerciales se abrieran apartamentos turísticos, ya que hasta entonces estaba prohibido destinar a viviendas bajos comerciales de la ciudad".
Pero para Compromís "no solo no ha cerrado 1.000, sino que ha abierto 1.200 nuevos. Algunos de ellos, incluso, en edificios de vivienda pública, como en el caso del edificio adquirido por tanteo y retracto a Sociópolis".
Además, y como reveló Compromís, los barrios que más sufren la invasión de apartamentos turísticos son "aquellos de gente trabajadora, mientras que en los barrios con renta per cápita más elevada es donde menos se percibe el fenómeno".
