El Ayuntamiento de València sancionará con hasta 3.000 euros
a quien convoque botellones e impondrá multas de hasta 750 euros a las personas que
se agrupen en la calle para beber y causen molestias y problemas de
convivencia, según se articula en el borrador de la nueva ordenanza de
Convivencia y Civismo.
El concejal de Protección Ciudadana, Aarón Cano, ha presentado este jueves el
documento, que también contempla sanciones a quienes hagan grafitis y orinen en
la vÃa pública (hasta 750 euros) o acosen sexualmente a las mujeres por la
calle (3.000), y ha sostenido que pretende ser "preventiva y sancionadora
pero también educadora".
La nueva norma, que quiere "generar más espacios de seguridad que
garanticen derechos y libertades", ha sido "costosa" de
desarrollar, ha contado con aportaciones de diferentes asociaciones y entidades
y quiere "hacer frente a situaciones que no son delitos ni falta"
pero son su "antesala", ha indicado.
Quiere ser, ha añadido, "útil y no solo una declaración de
intenciones" y ha valorado que establece como mecanismo de resolución de
conflictos la mediación (capÃtulo 9), una herramienta eficaz durante la
pandemia, ya que ha solucionado entre un 70 y 80 % de los conflictos antes de
la fase judicial.
Cano ha explicado que se creará una mesa de convivencia en la que, además de la
Federación de HostelerÃa, la Unión de Consumidores y la Asociación de Vecinos
de Valencia, que han hecho sus aportaciones al texto, la integrarán otros
colectivos para "ayudar a detectar situaciones de riesgo en la convivencia
o problemas que ya existen".
La ordenanza incluye la creación de campañas informativas "que ayuden a
educar y sensibilizar" y de guÃas didácticas para los centros escolares y
poder crear "ciudadanÃa cercana, amigable y respetuosa con las diferencias"
entre la comunidad estudiantil.
"Queremos transitar de la coexistencia a la convivencia", ha
sentenciado, a la par que ha señalado que pasará el borrador a los grupos
polÃticos para tener el mayor "consenso" y, tras el trámite de
exposición pública, alegaciones y aprobación provisional, el texto final podrÃa
estar aprobado en "un par de meses".
Respecto al régimen sancionador, ha apuntado que las faltas leves tendrán hasta
750 euros de multa, las graves hasta 1.500 y las muy graves hasta 3.000, y ha
indicado que aunque en algunos casos puedan ser elevadas, "hay actuaciones
que no deben pasarse por alto".
Ha detallado que el primer capÃtulo hace referencia a la protección de la
dignidad de las personas y el segundo a la protección del patrimonio y contra
la degradación visual como son las pintadas y los grafitis, tanto en bienes
públicos como privados y que serán infracciones leves, sancionadas hasta con
750 euros.
El capÃtulo tres hace referencia a los usos impropios de los bienes públicos y
actos vandálicos, y ha puesto como ejemplo el uso de instalaciones deportivas
al aire libre fuera del horario estipulado que "provoquen problemas de
convivencia y molestias al vecindario".
También se actuará (capÃtulo 4) contra las formas invasivas de mendicidad que
"generan situaciones poco agradables" como son los limpiadores de
parabrisas y evitará (capÃtulo 5) el acoso callejero y el comportamiento sexual
indeseado "que sucede a las mujeres y no es aceptable", que será una
falta muy grave.
El capÃtulo 6 hace referencia a la prevención del botellón y según Cano, no
contempla la sanción por el consumo de bebidas alcohólicas en la vÃa pública de
un grupo de gente, algo que ya regula la ley autonómica, sino que apuesta
"por la vÃa de la convivencia" y actuará contra grupos que generen
molestias.
QuerÃan una "herramienta útil para la PolicÃa, no para atajarlo, pero sÃ
para minorarlo", ha dicho y ha añadido que "habÃa que afrontar con
viabilidad las sanciones", además de valorar que hasta ahora
"nunca" han tenido "una herramienta administrativa que evite el
botellón", "un clásico" en la ciudad.
Respecto a las necesidades fisiológicas (capÃtulo 7) en la vÃa pública serán
sancionadas con hasta 750 euros, igual que las deposiciones y micciones de
mascotas (capÃtulo 8).
"Se trata -ha concluido- de una herramienta para la gestión de la
convivencia dentro del ámbito competencial municipal".