Los vecinos de las viviendas cercanas a los 14 unifamiliares ocupados ilegalmente en la calle Pintor Sorolla de Museros han denunciado en la Guardia Civil y en el Ayuntamiento, alertando sobre la situación de "extrema gravedad" que se vive en la zona.
Según explican, la convivencia con los inquilinos no deseados se ha deteriorado significativamente durante años y ha llegado a un
punto crÃtico
este último fin de semana. Además, "implica serias amenazas para la seguridad pública, la salubridad y el bienestar de los menores y vecinos".
El pasado domingo 22 de junio de 2025, explican, se registró un
nuevo incendio
en una de las viviendas ocupadas, un incidente similar al ocurrido el año anterior. La presencia de varias bombonas de butano agrava la situación, poniendo en "riesgo la vida de los vecinos y de los propios okupas". Un vecino tuvo que intervenir para sofocar las llamas antes de la llegada de los bomberos y evitar una catástrofe mayor.
El sábado 21 de junio,
una okupa tuvo que ser reanimada por el SAMU debido a una sobredosis
. Se pide la intervención "con carácter de urgencia" del Ayuntamiento de Museros, en particular del departamento de Asuntos Sociales, y del juzgado de Massamagrell, para garantizar unas "condiciones mÃnimas de habitabilidad, seguridad y salubridad de los menores", en cumplimiento con el art. 39 de la Constitución Española y el art. 2 de la Ley Orgánica de Protección JurÃdica del Menor.
También se solicita la monitorización de posibles actividades de
tráfico de estupefacientes
y el refuerzo de la unidad de protección y lucha contra la Violencia de Género de la Guardia Civil de Massamagrell.
Agua y perros de raza peligrosa
Los vecinos alertan de que se están produciendo
"saqueos y manipulaciones del agua pública"
de la fuente pública ubicada del cercano Parque Oval, manipulándola con botellas y artefactos como mangueras, lo que "puede suponer una intoxicación para los usuarios directos de la fuente" por el riesgo de infecciones vÃricas, bacterianas y fúngicas (como E. coli o Salmonella). Por ello, exigen su "clausura inmediata por el grave peligro para la salud pública, especialmente la de los jóvenes".
Por otra parte, insisten en la tenencia de
animales de razas peligrosas
que deambulan sin correa por el parque, representando un peligro. Se denuncian, además, condiciones "insalubres y antihigiénicas" en la tenencia de estos animales. En este sentido, se pide que el Ayuntamiento que haga cumplir las ordenanzas municipales sobre este tema y la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, en coordinación con el Seprona.
Además, los okupas están realizando
modificaciones estructurales en las vivienda
s sin supervisión técnica ni licencias de obras, lo que "pueden originar derrumbes que comprometan las estructuras de las viviendas colindantes" y por ello, se pide la supervisión de estas obras para garantizar la seguridad de las estructuras.
Colaboración
Por otra parte, los vecinos afectados ofrecen su colaboración "para
recuperar unas condiciones mÃnimas de higiene, seguridad y salubridad
en las inmediaciones, viviendas y el parque cercano" y alertan de que la situación es de "extrema gravedad", instando a las autoridades a actuar "cuanto antes para proteger la vida de nuestros vecinos".
Los esfuerzos conjuntos del Ayuntamiento de Museros, el Juzgado de Massamagrell y los propietarios para desalojar y tapiar las viviendas han sido en vano. Los okupas derriban sistemáticamente las entradas y ventanas, repitiendo la pesadilla para el vecindario, advierten.
Informes de incidentes
Desde el Ayuntamiento, la alcaldesa, Cristina Civera, deja claro que el desalojo
no es competencia del Ayuntamiento
y explica que lo último que se ha hecho, a raÃz del incendio del domingo, ha sido "enviar todos los informes de los incidentes registrados al Sareb (propietario de las viviendas)". Además, ha solicitado que en la orden de desahucio, que se está tramitando,
se incluyan las 14 viviendas en bloque
y no una por una".
Civera explica que no se ha dejado de lado el problema, que comenzó en diciembre de 2023 con la llegada de los primeros okupas, y que se está trabajando con
refuerzo policial
, que hacen identificaciones constantes, y el área de asuntos sociales, tal y como reclaman los vecinos. "Sabemos que es un problema para el vecindario pero no podemos actuar como Ayuntamiento", matiza.
En este sentido, señala que tras la reunión mantenida con el Sareb y el juzgado de Massamagrell, la orden de desahucio tarda en llegar entre cuatro y cinco meses, "pero todavÃa no tenemos noticias, ni confirmación de que se haya emitido", advierte.