Antifraude declara nulo el nombramiento del subdelegado del Gobierno en Valencia y ordena al Ayuntamiento de Canet revertir su plaza

La resolución de la Agencia Valenciana Antifraude considera que la designación de José Rodríguez Jurado como funcionario A1 fue un "procedimiento ad personam" y detecta fraude de ley y desviación de poder

PERE VALENCIANO

Actualizada el: 09/11/2025

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José Rodríguez Jurado, actual subdelegado del Gobierno en Valencia./EPDA

La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) ha emitido una resolución, fechada el 27 de octubre de 2025, en la que declara nulo de pleno derecho el nombramiento de José Rodríguez Jurado, actual subdelegado del Gobierno en Valencia -mano derecha de Pilar Bernabé- como funcionario de carrera del subgrupo A1 en el Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer.

El informe, de 38 páginas y 12 anexos, fue remitido al consistorio el 4 de noviembre y notificado oficialmente el día 5. Según el documento, la resolución de 23 de marzo de 2023 por la que se concedió la plaza a Rodríguez Jurado incurre en fraude de ley y elusión engañosa del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

La AVAF sostiene que se diseñó un procedimiento “ad personam” que permitió un ascenso irregular desde el grupo C1 al A1, sin pasar por el subgrupo A2, contraviniendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo (“prohibido el per saltum”, STS 883/2021).

Conclusiones del informe

Entre las principales conclusiones, el organismo destaca:

1. La nulidad de pleno derecho del nombramiento, amparada en el artículo 47.1.e de la Ley 39/2015.

2. La existencia de un fraude de ley en la configuración de las bases de la convocatoria, emitida solo nueve días después de que el funcionario obtuviera el título de Derecho.

3. La ausencia de fiscalización previa e informes jurídicos obligatorios.

4. La falta de concurrencia, ya que Rodríguez Jurado fue el único aspirante en la fase interna.

5. La invocación errónea de la Ley 4/2021 Valenciana para justificar la actuación.

6. El intento de archivo del caso por parte del alcalde en septiembre de 2025, rechazado por Antifraude, que ordenó reabrir la investigación.

Medidas y efectos inmediatos

La resolución de Antifraude incluye recomendaciones vinculantes que el Ayuntamiento deberá ejecutar en un plazo de 30 días:

• Anular la plaza otorgada y restituir al funcionario a su grupo original (C1).

• Incoar un expediente disciplinario por posible prevaricación (art. 404 del Código Penal).

• Comunicar al Ministerio competente la nulidad de la clasificación profesional y solicitar el cese del subdelegado.

• Publicar la resolución íntegra en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) y en la web municipal.

Hasta la fecha, el Ayuntamiento no ha recurrido la resolución, aunque dispone de plazo hasta el 5 de diciembre.

Fuentes del Ministerio confirman que se estudia la destitución cautelar de Rodríguez Jurado, mientras que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, mantiene silencio público sobre el asunto.

Valoración de la Plataforma de Afectados

La Plataforma de Afectados por las Actividades Ilícitas y Delictivas de Canet d’en Berenguer ha emitido un comunicado en el que denuncia la “grave corrupción y abuso de poder” que, a su juicio, se desprende de la actuación del Ayuntamiento.

La entidad sostiene que la resolución de Antifraude “no deja lugar a dudas” sobre la ilegalidad del proceso y acusa al alcalde, Pere Antoni Chordá, y a la corporación municipal de haber diseñado un “procedimiento a medida” para beneficiar a un solo funcionario.

En su comunicado, la Plataforma recuerda que la plaza se convocó nueve días después de la finalización de los estudios universitarios de Rodríguez Jurado, vulnerando el principio de concurrencia. Además, afirma que no existió informe jurídico ni fiscalización previa y que el secretario municipal “permitió el montaje fraudulento con un silencio cómplice”.

La organización ciudadana exige:

• La anulación inmediata de la designación,

• La restitución del funcionario a su plaza original,

• La apertura de un expediente disciplinario por presunta prevaricación,

• Y la dimisión o cese de todos los responsables políticos y administrativos implicados.

“El Ayuntamiento de Canet debe responder ante la ciudadanía y restaurar los principios de legalidad y transparencia”, concluye el comunicado, en el que la plataforma reclama el fin de lo que considera una “desviación de poder intolerable”.

Contexto institucional

El caso de Canet d’en Berenguer se suma a otros expedientes abiertos por la AVAF en materia de acceso a la función pública local. El organismo antifraude mantiene actualmente varias investigaciones relacionadas con procesos selectivos irregulares en administraciones municipales valencianas.

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