Choque frontal entre el alcalde de Canet y la plataforma ciudadana contra la corrupción

El alcalde de Canet d’en Berenguer, Pere Antoni Chordà, y la Plataforma de Afectados por la Corrupción, mantienen un enfrentamiento abierto de relatos sobre el pasado y el presente del municipio. Mientras el primer edil define la movilización vecinal como una “maniobra de desprestigio” y una campaña personal contra él y su equipo de gobierno, la plataforma sostiene que ejerce un derecho democrático básico: denunciar, documentar y visibilizar más de dos décadas de presuntas irregularidades y corrupción en el Ayuntamiento. La sombra de la corrupción, el enchufismo y el nepotismo es alargada y comenzó con la llegada del que fuera secretario municipal durante 3 décadas, José Antonio Sancho Sempere, quien acabó en la cárcel por sobornar a la alcaldesa de La Pobla de Farnals.

Un municipio bajo sospecha permanente

Desde los años noventa, Canet d’en Berenguer arrastra un prolongado historial de escándalos vinculados a la gestión municipal, con un nombre recurrente: el exsecretario José Antonio Sancho Sempere. Condenado por un delito continuado de prevaricación administrativa, diversas resoluciones lo sitúan como pieza central de un “saqueo sistemático” de las arcas públicas, tras concentrar poder como secretario, jefe de servicios jurídicos e interventor. En el Consistorio de Canet trabajaron como funcionarios tres de sus hijos y una en el de La Pobla de Farnals, donde una moción de censura de la tránsfuga sobornada por Sancho, descabalgó al alcalde popular José Manuel Peralta.

La reciente resolución judicial que obliga al consistorio a abonar alrededor de 300.000 euros se suma a una cadena de reveses económicos derivados de decisiones adoptadas en ese contexto de opacidad. A ello se añaden episodios de contratos presuntamente amañados, facturas infladas y procedimientos administrativos cuestionados por distintos organismos, entre ellos la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF), que ha intervenido en varios expedientes.

Ese pasado sigue proyectándose sobre el presente. En Canet, las sospechas de irregularidad no se perciben como hechos aislados, sino como la continuidad de un patrón que se extendería ya durante más de veinte años.

La Plataforma de Afectados toma la iniciativa

En marzo de 2025 se constituyó formalmente la Plataforma de Afectados por las Actividades Ilícitas y Delictivas de José Antonio Sancho Sempere, integrada por vecinos, abogados y funcionarios que se consideran víctimas directas o indirectas de decisiones municipales. El colectivo fija tres objetivos: recuperar los fondos públicos presuntamente desviados —que cifra en unos siete millones de euros—, promover una investigación exhaustiva sobre responsables y posibles cómplices, y exigir reformas legales que eviten la repetición de estos casos.

Lejos de limitarse a declaraciones, la plataforma actúa en distintos frentes: asiste a plenos municipales, elabora informes y realiza un seguimiento sistemático de procedimientos judiciales, administrativos y contables. Según afirma, de ese trabajo han derivado resoluciones y sentencias que incrementan la factura económica de decisiones adoptadas por distintas corporaciones, así como actuaciones que podrían acarrear responsabilidades penales para cargos y excargos públicos.

Sus integrantes insisten en que no se trata de una cruzada personal, sino de una respuesta organizada de quienes llevan años soportando las consecuencias de una gestión que, a su juicio, se traduce en deudas, recortes y pérdida de confianza institucional. “No queremos venganza, queremos un sistema que funcione para los ciudadanos, no para los corruptos”, resumió uno de sus portavoces durante la presentación del colectivo.

Chordà, en el punto de mira institucional

 La Agencia Valenciana Antifraude advirtió de irregularidades en el ascenso de categoría —de C1 a A1— del actual subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, nombrado en su día técnico municipal en un proceso que el organismo calificó como contrario a la legalidad.

Pese a esas advertencias, el Ayuntamiento no aplicó todas las medidas correctoras, lo que ha derivado en una denuncia ante el Tribunal de Cuentas en la que se apuntan posibles responsabilidades económicas y penales del propio alcalde por no rectificar el procedimiento. Paralelamente, la Fiscalía Provincial de Valencia ha abierto diligencias preliminares para revisar el expediente completo de ese ascenso funcionarial, al considerar que podrían existir indicios de fraude en el acceso y la promoción de Rodríguez Jurado.

Pere Antoni defiende de forma reiterada la legalidad de sus decisiones, asegura que todas se ajustan a Derecho y subraya que su equipo ha impulsado acuerdos para mitigar el impacto económico de irregularidades heredadas. Sin embargo, esta línea de defensa choca con las resoluciones de Antifraude y con las actuaciones abiertas por la Fiscalía y los juzgados de Instrucción de Valencia, lo que evidencia que las dudas no se limitan al pasado, sino que alcanzan también decisiones adoptadas durante su mandato.

Del pleno extraordinario al relato de la “maniobra de desprestigio”

El pulso entre el Ayuntamiento y la plataforma dio un salto cualitativo con la convocatoria de un pleno extraordinario para abordar “la corrupción, el enchufismo y los frentes judiciales” que rodean al municipio. Lejos de interpretarlo como un ejercicio de transparencia, los afectados calificaron la sesión de “burla” y la describieron como un gesto formal para cubrir el expediente sin asumir responsabilidades ni ofrecer explicaciones de fondo.

En ese contexto, el gobierno municipal optó por una estrategia ofensiva. Durante el pleno, el consistorio calificó las acciones de la plataforma como una “campaña de hostigamiento” y una “maniobra de desprestigio” vinculada, según sostuvo, a intereses personales relacionados con antiguos conflictos legales en torno a Sancho Sempere. El alcalde llegó a describir la situación como “insólita y rocambolesca”, sugiriendo que detrás del colectivo se encuentra un abogado que en el pasado fue socio y defensor del exsecretario condenado.

El concejal Eduardo Almor reforzó ese argumento con datos de gestión: entre 2019 y 2026, el Ayuntamiento habría tramitado cerca de 57.000 expedientes, de los que solo 12 habrían llegado a la Agencia Valenciana Antifraude, cifra que presentó como prueba de la normalidad administrativa. Al mismo tiempo, rechazó que Canet sea una “Sicilia” dominada por la mafia, en un intento de rebajar la carga simbólica de los casos abiertos, en respuesta a un titular del diario Las Provincias.

Derecho a denunciar frente al victimismo institucional

Mientras el consistorio trata de encuadrar la movilización ciudadana como una vendetta personal o una disputa entre antiguos socios de Sancho Sempere, la plataforma reivindica su actuación en el marco de los derechos fundamentales de participación y control democrático de la gestión pública. Sus portavoces recuerdan que sus principales herramientas son las denuncias documentadas ante la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas y Antifraude, además de la asistencia a plenos y la difusión de información sobre resoluciones y expedientes que afectan a las arcas municipales.

El choque entre ambos relatos se resume en una cuestión clave: para el alcalde, las solicitudes de información y las denuncias públicas forman parte de una ofensiva política destinada a desgastar a su gobierno; para la plataforma, constituyen un intento de recuperar dinero público, depurar responsabilidades y romper un ciclo de impunidad que, a su juicio, se prolonga desde hace más de veinte años.

Las decisiones recientes de organismos externos —desde la apertura de diligencias penales por parte de la Fiscalía hasta el interés del Tribunal de Cuentas en determinadas actuaciones— refuerzan el discurso ciudadano que reclama que las denuncias no sean trivializadas ni desacreditadas como una simple campaña interesada.

En un municipio marcado por la desconfianza y la fatiga social, el enfrentamiento entre lo que algunos interpretan como victimismo institucional y el activismo ciudadano se ha convertido en el eje de una disputa que trasciende los nombres propios. Para muchos vecinos, lo que está en juego no es solo el futuro político inmediato de Pere Antoni Chordà y su equipo, sino la posibilidad de que, por primera vez en décadas, Canet d’en Berenguer afronte su pasado y garantice que la denuncia de la corrupción no se confunda —ni se criminalice— como un ataque contra quienes hoy ostentan el poder.