El ex secretario municipal de Canet trata de implicar a un subordinado y a un funcionario fallecido en la trama de contratos del Ayuntamiento

Nuevo episodio en la investigación sobre presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer. La estrategia procesal de José Antonio Sancho Sempere, ex secretario e interventor municipal, y su hija Carmen Sancho González, jefa de Contratación, ha incorporado un nuevo elemento: atribuir la responsabilidad de los expedientes bajo sospecha a un funcionario fallecido y a otro ya jubilado, pese a los informes policiales que sitúan a ambos como piezas clave en la tramitación.

Contratos bajo sospecha

Según la documentación incorporada a la causa judicial, Carmen Sancho habría impulsado en 2011 el expediente de contratación 14/2011/CON, valorado en 57.600 euros más IVA, adjudicado a la Academia Valenciana de Juristas (AVJ), una asociación creada en el año 2000. De acuerdo con los investigadores, la funcionaria emitió informes favorables y participó en la tramitación administrativa, mientras su padre, entonces secretario municipal, validó el procedimiento el 28 de marzo de ese año. Resulta que la AVJ era un chiringuito de José Antonio Sancho Sempere.

Un segundo contrato adjudicado en 2013 habría seguido un patrón similar. Informes de la Guardia Civil incorporados al procedimiento judicial estiman que la AVJ facturó más de 957.000 euros entre 2007 y 2011 al consistorio, con un volumen total que superaría los dos millones de euros en años posteriores.

La investigación analiza si estos contratos pudieron adjudicarse de forma irregular y si existió conflicto de intereses por la presunta vinculación directa de los investigados con la entidad beneficiaria.

La estrategia de defensa

En sus declaraciones ante el Juzgado de Instrucción y la Fiscalía, José Antonio Sancho y su hija han señalado como responsables de la tramitación a Salvador Vidal Tortosa, funcionario municipal fallecido en 2020, y a José Rajadell Ripoll, ya jubilado. La defensa sostiene que fueron ellos quienes gestionaron los expedientes cuestionados. Sin embargo, los investigadores sostienen que existen documentos administrativos y pruebas que apuntan a la intervención directa de los ahora investigados en la elaboración, supervisión y validación de los contratos.

Sancho Sempere fue condenado en 2022 por el Juzgado de lo Penal número 18 de Valencia por delitos de prevaricación administrativa continuada y negociaciones prohibidas a funcionarios, en una causa distinta, lo que ha incrementado el foco sobre su actuación en el ámbito municipal.

Antecedentes familiares y otras investigaciones

La investigación también analiza la posible participación de otros miembros del entorno familiar en diferentes actuaciones administrativas. Según fuentes del caso, varios procesos selectivos y adjudicaciones públicas están siendo revisados para determinar si se ajustaron a la legalidad.

Los tres miembros de la familia señalados en las diligencias han negado cualquier irregularidad y rechazan haber cometido delito alguno.

Inacción institucional bajo escrutinio

La actuación del actual gobierno municipal también ha sido objeto de críticas por parte de colectivos ciudadanos, que reclaman una revisión de los contratos investigados y la adopción de medidas para recuperar posibles fondos públicos.

Fuentes municipales sostienen que cualquier actuación debe ajustarse a los procedimientos legales y respetar el curso de las investigaciones judiciales en marcha.

Investigación en curso

El Juzgado de Instrucción, junto con la Fiscalía y la Guardia Civil, continúa recabando pruebas para esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades penales por posibles delitos relacionados con la contratación pública, como malversación, prevaricación o falsedad documental.

Mientras tanto, colectivos ciudadanos reclaman auditorías completas y mayor transparencia en la gestión municipal, en un caso que ha reavivado el debate sobre los controles en la contratación pública en municipios de menor tamaño.