Crónica de un desastre anunciado: el Tribunal Supremo sepulta décadas de opacidad en el agua de Canet con el ex secretario de nuevo en el punto de mira

La sentencia firme del 11 de marzo de 2026 confirma la nulidad radical del contrato con EGEVASA y deja al Ayuntamiento ante un abismo económico de más de cinco millones de euros, señalando además la gestión negligente de cuatro alcaldes a lo largo de seis legislaturas.

El castillo de naipes sobre el que se sostenía la gestión del agua en Canet d’En Berenguer ha terminado por derrumbarse. Lo que durante años fueron advertencias sobre irregularidades administrativas ha desembocado finalmente en un descalabro judicial sin precedentes.

La reciente resolución del Tribunal Supremo pone el sello definitivo a la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), confirmando que los contratos que adjudicaron durante décadas el servicio a EGEVASA son nulos de pleno derecho. La decisión no solo sitúa al municipio en una situación de extrema vulnerabilidad financiera, sino que retrata una forma de gobernar marcada por el silencio, la inacción y el presunto favoritismo.

El alto tribunal ha sido contundente: tanto el contrato original de 2004 como su prórroga de 2009 se aprobaron prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal establecido.

Durante años, el Ayuntamiento defendió un modelo de adjudicación por “negociación sin publicidad” que ya había sido cuestionado por el TSJCV, al considerarlo un mecanismo restrictivo de la competencia e impropio de un servicio esencial como el abastecimiento de agua.

La justicia desmonta ahora el argumento de la “seguridad jurídica” esgrimido por el Consistorio. La nulidad obliga a iniciar de inmediato una revisión de oficio y sitúa al municipio ante un impacto económico inicial, aún provisional, cercano a los cinco millones de euros.

Esta cifra responde principalmente a inversiones necesarias para garantizar la calidad del agua que nunca se ejecutaron correctamente bajo el contrato anulado, además de la repercusión que todo ello tendrá en las tarifas que deberán afrontar vecinos y vecinas de Canet.

La gestión política del caso aparece señalada con dureza. En el mejor de los escenarios, se califica de negligente; en el peor, de cómplice de un sistema corrupto.

La sentencia y diversas investigaciones periodísticas apuntan directamente a los responsables de las seis últimas legislaturas por acción u omisión. Los nombres de los exalcaldes Amparo Mañó, Octavio Herranz, Leandro Benito y Pere Antoni figuran entre quienes permitieron que el servicio de agua operara durante años bajo una opacidad absoluta.

Pese a la gravedad de la situación, la respuesta institucional ha sido descrita como un “silencio sepulcral”. Ni responsables actuales ni anteriores han ofrecido explicaciones sobre por qué se ignoraron las advertencias previas ni cómo se permitió que el entonces secretario municipal, José Antonio Sancho Sempere, concentrara el control de la contratación pública.

La justicia considera acreditado que Sancho, apodado “el zorro en el gallinero”, utilizó su cargo para favorecer intereses privados a través de su entramado de asesorías, entre ellas la Academia Valenciana de Juristas.

La nulidad del contrato con EGEVASA no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un entramado más amplio que habría drenado recursos municipales durante años.

Según las investigaciones, los pagos efectuados por EGEVASA a la empresa privada de Sancho Sempere habrían funcionado como contraprestación para asegurar la adjudicación y mantenimiento del contrato. El modus operandi consistía en simular procesos competitivos inexistentes mediante solicitudes de ofertas a empresas vinculadas entre sí, garantizando así que la adjudicataria estuviera decidida de antemano.

También se ha señalado la implicación de familiares directos. En concreto, Carmen Sancho González, funcionaria del departamento de contratación, habría facilitado estos procedimientos irregulares.

En la actualidad, un Juzgado de Instrucción de Valencia investiga a Sancho Sempere, a su esposa Carmen González Sanchis y a su hija —jefa de contratación del Ayuntamiento— por delitos relacionados con la corrupción en Canet.

De acuerdo con informes de la Unidad de Delitos Económicos y Urbanísticos de la Guardia Civil de Valencia y documentación aportada por la acusación particular, el exsecretario habría percibido 98.000 euros a través de su empresa Academia Valenciana de Juristas mediante facturas por servicios presuntamente falsos. Abogados vinculados a dichas facturas han denunciado que sus firmas fueron falsificadas y que desconocían completamente cualquier relación con EGEVASA.

Las consecuencias de la sentencia son de enorme alcance. El Ayuntamiento deberá asumir no solo los costes derivados de las inversiones no ejecutadas, sino también posibles indemnizaciones por responsabilidad patrimonial.

La estabilidad presupuestaria del municipio queda seriamente comprometida, con el consiguiente riesgo para la prestación de servicios públicos básicos.

Desde la Plataforma de Afectados se reclama una auditoría externa independiente y la depuración inmediata de responsabilidades. El sentimiento entre la ciudadanía es de traición: mientras los vecinos cumplían con sus obligaciones, se permitía —según denuncian— el “esquilme de las arcas municipales”.

La sentencia del Tribunal Supremo no aparece como un episodio aislado, sino como el desenlace de una larga serie de decisiones fallidas. Se suma a otros casos conocidos en el municipio, como Camarena, la Piscina del Cantó o Vitas de Amarre, que han contribuido a configurar un modelo de gestión descrito como un “castillo de naipes”.

La justicia ha sido inequívoca: los contratos con EGEVASA se aprobaron al margen de la legalidad. Durante años, las adjudicaciones a dedo limitaron la competencia y sostuvieron una “huida hacia adelante” que desemboca ahora en un impacto económico superior a los cinco millones de euros.

La responsabilidad política recae, según se denuncia, en quienes gobernaron durante las últimas seis legislaturas. Los exalcaldes Amparo Mañó, Octavio Herranz, Leandro Benito y Pere Antoni quedan señalados como máximos responsables de una cultura institucional basada en el silencio y el presunto favoritismo.

Las investigaciones judiciales y de la Guardia Civil apuntan a un sistema en el que se simulaban procesos competitivos mientras se abonaban facturas por servicios no prestados.

La indignación ciudadana crece ante la posibilidad de que familiares de los responsables facilitaran estos mecanismos, contribuyendo al deterioro económico del Ayuntamiento.

Ante esta situación, la Plataforma plantea tres demandas inmediatas:

El Ayuntamiento debe dejar de ampararse en una supuesta “seguridad jurídica” y proceder a revisar todos los actos nulos.

Se reclama una investigación exhaustiva de las cuentas y contratos de las últimas décadas.

Los responsables políticos, pasados y presentes, deben asumir las consecuencias de su gestión.

La sentencia del Tribunal Supremo marca, al menos de momento, el final de una etapa de impunidad en Canet d’En Berenguer. Sin embargo, el camino hacia la recuperación institucional y financiera no ha hecho más que comenzar.

La ciudadanía exige respuestas. Y el margen para el silencio, advierten, se ha agotado.