El ex secretario, ex interventor y ex jefe de los servicios jurídicos de Canet d'en Berenguer, José Antonio Sancho Sempere, su esposa Amparo González Sanchis y la hija de ambos Carmen Sancho González, tendrán que declarar en calidad de investigados ante un Juzgado de Instrucción de Valencia, al ser admitida una querella contra todos ellos por la presunta comisión de los delitos de apropiación indebida, estafa procesal, falsedad documental y falsedad contable

José Antonio Sancho. /EPDA

Un Juzgado de Instrucción de Valencia ha admitido a trámite una segunda querella interpuesta por el secretario y tesorero de la Academia Valenciana de Juristas (AVJ) contra José Antonio Sancho Sempere, su esposa Amparo González Sanchis y su hija Carmen Sancho González.

Esta acción judicial, que se suma a una serie de investigaciones en curso, reaviva el foco sobre la conocida como “trama de las asesorías”, un escándalo de corrupción que ha sacudido la administración pública valenciana durante más de una década. La nueva querella, que acusa a los implicados de presuntos delitos como apropiación indebida, falsedad documental, estafa procesal y delito contable, promete destapar nuevas ramificaciones de un caso que ha dejado una profunda huella en la confianza ciudadana hacia las instituciones locales.

Esta querella se añade a otra anterior que fue interpuesta por el Presidente de la Junta directiva de la Academia Valenciana de Juristas contra Sancho Sempere por los delitos de administración desleal, blanqueo de capitales, apropiación indebida y estafa procesal y que se está sustanciando también en un juzgado de Instrucción de la ciudad de Valencia.

El Epicentro de la Trama: José Antonio Sancho Sempere

José Antonio Sancho Sempere, ha sido durante años una figura central en uno de los casos de corrupción más notorios de la Comunitat Valenciana. Aprovechando su posición como habilitado nacional, con roles simultáneos en los cargos de secretario general, interventor municipal y jefe de los servicios jurídicos, Sancho Sempere tejió una compleja red de empresas y asociaciones pantalla para desviar fondos públicos. La joya de su corona fue la Academia Valenciana de Juristas, una entidad que, según las investigaciones, sirvió como vehículo principal para facturar servicios jurídicos mediante contratos amañados, lo que le sirvió al clan familiar de los Sanchi-Gonzalez para enriquecerse y obtener varios millones de euros.

Sancho Sempere, descrito en el libro El zorro en el gallinero como un “siniestro personaje”, acumuló un patrimonio desproporcionado que incluye 57 cuentas bancarias, 82 fincas rústicas, cuatro inmuebles urbanos, un yate privado bautizado como Millena y varios vehículos de alta gama.

Su modus operandi, según la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción, se basaba en la adjudicación directa de contratos menores, evitando licitaciones públicas y utilizando su influencia para garantizar que sus empresas, como la AVJ, fueran las beneficiarias.

La Segunda Querella: Nuevas Acusaciones

La nueva querella presentada por el secretario y tesorero de la AVJ, admitida a trámite por un juzgado de instrucción de Valencia, pone el foco en las actividades presuntamente ilícitas de Sancho Sempere, su esposa Amparo González Sanchis y su hija Carmen Sancho González.

Según los detalles de la querella, los acusados habrían incurrido en una serie de delitos graves relacionados con la gestión fraudulenta de la AVJ. Entre las acusaciones destacan:

Para ello se sirvió de varios profesionales del derecho que trabajaban para la Academia sin saber que los importes por los trabajos que realizaban iban a parar a una empresa privada de Sancho.

Pero también la trama afectó de lleno a muchas más personas físicas y jurídicas que se vieron envueltas por la corrupción perpetrada por Sancho y varios miembros de su familia.

Fuentes de este medio ha recibido una información según la cual el propio Sancho y/o su esposa y también querellada Amparo González Sanchis, presuntamente, falsificaban las firmas de los profesionales referidos, usaban si el permiso de estos sus sellos profesionales del Colegio de Abogados, hacían intervenir a dichos abogados como emisores de las facturas de la AVJ sin ningún permiso ni autorización de los letrados, los incluían en las Juntas directivas de las empresas del clan familiar sin que tuvieran ningún conocimiento de ello y el clan corrupto permitió con todo descaro que todas los citados letrados fueran investigados y acusados por la administración de justicia como cómplices o encubridores de delitos de la trama urdida por Sancho Sempere y su familia.

El Papel de la Familia Sancho-González

Un elemento clave de esta segunda querella es la implicación directa de la esposa de Sancho, Amparo González Sanchis, y su hija Carmen Sancho González.

Según las investigaciones, la familia operaba como un “clan” bien coordinado, con roles definidos para maximizar los beneficios de la trama.

Amparo González Sanchis: Abogada de profesión, habría participado activamente en la obtención de contratos para la AVJ. En un caso paradigmático, se descubrió que su hija Carmen, desde el departamento de contratación del Ayuntamiento de Canet, envió una invitación formal a su madre para licitar en un contrato de asesoramiento jurídico por un importe de 115.200 euros, que fue adjudicado a la AVJ. Este contrato, firmado entre 2011 y 2013, es considerado una pieza clave de la trama, ya que los servicios fueron adjudicados sin competencia real, asegurando que el dinero terminara en manos de la familia.

Carmen Sancho González: Como técnica de administración en el Ayuntamiento de Canet, esta querellada desempeñó un papel crucial al validar facturas y facilitar la adjudicación de contratos a la AVJ. Su posición en el departamento de contratación le permitió influir en los procesos administrativos, asegurando que las empresas de su padre fueran las beneficiarias. En 2022, Sancho Sempere se auto inculpó en una pieza judicial para evitar una condena a su hija, reconociendo que él controlaba la AVJ y que Carmen actuaba bajo sus instrucciones.

La Academia Valenciana de Juristas: Una Fachada para el Saqueo

La AVJ, fundada por Sancho Sempere en el año 2000, fue presentada como una entidad sin ánimo de lucro dedicada al asesoramiento jurídico. Sin embargo, las investigaciones han revelado que funcionaba como una “fachada” para desviar fondos públicos. Sancho ocultó su rol como director real de la entidad colocando a tres abogados como miembros de la junta directiva, quienes, según sus propias declaraciones judiciales, desconocían los manejos fraudulentos y actuaban bajo las órdenes de Sancho Sempere. Estos profesionales, que han expresado su indignación por haber sido utilizados, han sido clave para destapar las irregularidades.

Entre 2007 y 2011, la AVJ facturó más de 470.519 euros solo al Ayuntamiento de Canet, y se estima que el total obtenido por la familia Sancho-González a través de esta entidad supera los 957.815 euros. Además, la AVJ extendió sus actividades a otros municipios como La Pobla de Farnals, Cheste, San Antonio de Benagéber y Real de Gandía, así como a entidades públicas como Egevasa y el Consorcio de Museos de la Generalitat Valenciana.

Reacciones y Consecuencias

La admisión de esta segunda querella ha generado una oleada de reacciones en la sociedad valenciana.

La Plataforma de Afectados por las Actividades Ilícitas y Delictivas de José Antonio Sancho Sempere, constituida como un movimiento ciudadano en marzo de 2025, ha acogido la noticia como un paso hacia la justicia. Esta plataforma, formada por ciudadanos, abogados y funcionarios afectados, busca la recuperación del dinero público sustraído, el pago de indemnizaciones económicas a los afectados y la reparación del daño causado a la confianza en la administración pública.

Ante la reciente noticia de la admisión a trámite de una querella interpuesta por el secretario y tesorero de la Academia Valenciana de Juristas contra la familia Sancho por presuntos delitos de corrupción en la administración local, la Plataforma de Afectados ha reaccionado manifestando lo siguiente:

1. Apoyo al proceso judicial: Celebramos que la justicia haya dado un paso adelante al admitir esta querella, lo que refleja la gravedad de las acusaciones y la necesidad de esclarecer los hechos. Confiamos en que el proceso judicial se desarrolle con transparencia y rigor, permitiendo que se depuren responsabilidades.

2. Defensa de los afectados: Nuestra plataforma ya ha denunciado públicamente las prácticas ilícitas atribuidas a José Antonio Sancho Sempere, quien ya cuenta con antecedentes por corrupción, incluyendo una condena ratificada por el Tribunal Supremo por su implicación en una trama de asesorías fraudulentas. Esta querella refuerza nuestra lucha por la justicia y la reparación para las víctimas de estas actuaciones.

3. Exigencia de claridad: Instamos a las autoridades judiciales a investigar a fondo cualquier vínculo de la familia Sancho con actividades delictivas, garantizando que no haya impunidad. Los afectados merecemos conocer toda la verdad y que se tomen medidas ejemplares contra quienes hayan perjudicado a las administraciones públicas y a la ciudadanía.

4. Compromiso continuo: Desde la Plataforma, seguiremos apoyando a los afectados, recopilando pruebas y colaborando con la justicia para que casos como este no queden en el olvido. La corrupción en la administración local ha generado un daño inmenso, y trabajaremos incansablemente para que se haga justicia.

Por su parte, el Ayuntamiento de Canet, epicentro de la trama, nada ha referido aún sobre los fondos desviados, a pesar de las sentencias condenatorias contra Sancho Sempere por delitos como cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas. La falta de acción por parte de las autoridades locales y de organismos como la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude ha avivado la frustración ciudadana sobre este caso de la trama de las asesorías.

Un Caso que No Cesa

La “trama de las asesorías” no es solo un caso de corrupción local; es un reflejo de las vulnerabilidades de la administración pública ante el abuso de poder. La persistencia de Sancho Sempere en el centro del escándalo, a pesar de múltiples condenas y una investigación periodística exhaustiva liderada por El Periódico de Aquí, demuestra la complejidad de desmantelar redes corruptas profundamente arraigadas. El libro El zorro en el gallinero, escrito por el periodista Pere Valenciano, ha sido fundamental para documentar las actividades ilícitas de Sancho y su familia, enfrentándose incluso a amenazas y querellas por parte del ex secretario.

Con la admisión de esta segunda querella, el caso entra en una nueva fase que podría arrojar luz sobre aspectos aún no explorados de la trama. La ciudadanía de Canet y de la Comunitat Valenciana espera que esta vez se haga justicia y que los responsables rindan cuentas, no solo penalmente, sino también en la devolución de los fondos públicos saqueados y el pago de indemnizaciones a todos los perjudicados. Mientras tanto, la sombra de José Antonio Sancho Sempere sigue planeando sobre un sistema que lucha por recuperar la confianza perdida.

Esta segunda querella interpuesta ahora por el secretario-tesorero actual de la Academia Valenciana de Juristas y admitida a trámite por un Juzgado de Instrucción de Valencia, pone al descubierto los principios que ya la Unidad de Delitos Económicos y Urbanísticos de la Comandancia de la Guardia Civil refirió en los informes aportados a las distintas piezas de la trama de las asesorías

La corrupción en la administración local en España ha sido una constante en las últimas décadas, con casos que han sacudido la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Uno de los escándalos más recientes, conocido como la "trama de las asesorías", ha puesto de manifiesto cómo ciertas prácticas irregulares persisten en los ayuntamientos, a menudo vinculadas a la contratación pública y la influencia política.

Encontramos en el caso de la trama de las asesorías semejanzas con otros casos también escandalosos de corrupción en la administración local, como el caso Malaya, la operación Púnica y el caso Efial, para explorar patrones comunes, diferencias y las lecciones que aún no se han aprendido.

La "trama de las asesorías" se refiere a una serie de investigaciones judiciales que han destapado prácticas irregulares en varios ayuntamientos de la comunidad valenciana, centradas en la adjudicación de contratos de asesoramiento a empresas o individuos conectados entre sí. Según fuentes judiciales, estas adjudicaciones se realizaban a menudo sin respetar los procedimientos de concurrencia pública, fraccionando contratos para eludir controles o inflando los costes de servicios que, en algunos casos, nunca se prestaron.

Comparación con otros casos de corrupción municipal

Para comprender la relevancia de la trama de las asesorías, es útil compararla con otros casos emblemáticos de corrupción en la administración local española. A continuación, se analizan tres casos significativos: el caso Malaya, la operación Púnica y el caso Efial.

Caso Malaya: la corrupción urbanística como paradigma

El caso Malaya, destapado en 2006 en Marbella, es considerado uno de los mayores escándalos de corrupción urbanística en la historia de España. La trama, liderada por el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca y vinculada al partido GIL, implicó un fraude estimado de 2.400 millones de euros entre 1991 y 2006. Se basaba en la recalificación irregular de terrenos, el cobro de comisiones por licencias urbanísticas y el blanqueo de capitales a gran escala. Este caso llevó a la disolución del Ayuntamiento de Marbella, un hecho sin precedentes en la democracia. Española.

A diferencia de la trama de las asesorías, el caso Malaya se centró en el urbanismo, aprovechando el boom inmobiliario de los años 90 y 2000. Sin embargo, ambos casos comparten un elemento común: la explotación de la discrecionalidad en la toma de decisiones administrativas. En Marbella, los controles municipales eran prácticamente inexistentes, mientras que en la trama de las asesorías, la eliminación de fiscalización previa desempeñó un papel similar. Además, en ambos casos, las redes de influencia política fueron clave, con cargos públicos y empresarios colaborando para beneficiar a unos pocos a expensas del erario público.

Operación Púnica: una red de sobornos y contratos amañados

La operación Púnica, iniciada en 2014, destapó una red de corrupción que operaba en varios ayuntamientos de Madrid y Valencia, liderada por el ex dirigente del PP Francisco Granados. La trama se basaba en el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones fraudulentas de contratos públicos, afectando a servicios como la limpieza, la gestión de residuos y eventos culturales. Se estima que la red manejó unos 250 millones de euros en contratos irregulares. La sofisticación de Púnica radicaba en su estructura jerárquica, con empresarios y políticos coordinados para maximizar beneficios

La trama de las asesorías y Púnica comparten el uso de contratos públicos como herramienta para el enriquecimiento ilícito. En ambos casos, se eludieron los procedimientos de licitación transparente, ya fuera mediante el fraccionamiento de contratos (como en La Laguna) o a través de adjudicaciones directas a empresas cómplices (como en Púnica). Sin embargo, Púnica tuvo un alcance más amplio, afectando a múltiples municipios y comunidades autónomas, mientras que la trama de las asesorías parece más localizada. Además, Púnica destacó por su impacto mediático y político, con decenas de imputados, mientras que las investigaciones sobre las asesorías aún están en una fase inicial.

Caso Efial: la externalización fraudulenta

El caso Efial, que afecta a varios municipios como Chinchón, Velilla de San Antonio y Torredembarra, entre otros, se centra en la externalización irregular de servicios municipales a la empresa Efial (posteriormente Consultoría en Gestión Innovadora S.L.). Los investigados, incluyendo alcaldes y funcionarios, permitieron que esta empresa asumiera tareas reservadas a funcionarios públicos, como la elaboración de bases para concursos de oposición, facturando por servicios que violaban la normativa de contratación pública. El Juzgado Central de Instrucción número 4 de Madrid ha señalado indicios de prevaricación administrativa en estas prácticas

El caso Efial es particularmente similar a la trama de las asesorías, ya que ambos implican la contratación irregular de servicios de consultoría o asesoramiento. En ambos casos, las empresas beneficiadas carecían de la legitimidad o capacidad técnica para realizar las tareas encomendadas, y los contratos se adjudicaban para beneficiar a personas o entidades cercanas a los responsables políticos. Sin embargo, mientras que Efial se centró en la manipulación de procesos de selección de personal, la trama de las asesorías abarca una gama más amplia de servicios, desde la gestión de agua hasta la consultoría administrativa.

Los tres casos analizados revelan varios patrones recurrentes en la corrupción municipal en España:

1. Falta de controles efectivos: La debilidad de los mecanismos de fiscalización, como la dependencia de los interventores municipales de los alcaldes o la eliminación de auditorías previas, es un factor común. Esto permite a los responsables políticos actuar con impunidad

2. Explotación de la contratación pública: Ya sea a través de contratos fraccionados, adjudicaciones directas o licitaciones amañadas, los casos muestran cómo los procedimientos de contratación son manipulados para beneficiar  redes clientelares.

3. Redes de influencia política: En todos los casos, existe una connivencia entre políticos, empresarios y, en ocasiones, funcionarios, que forman redes de corrupción que trascienden los límites de un solo municipio.

4. Impacto en la confianza ciudadana: La percepción de la corrupción como un problema endémico, alimentada por casos como estos, ha erosionado la confianza en las instituciones, con el 77% de los españoles considerando que los partidos políticos están acostumbrados al soborno

Sin embargo, también hay diferencias significativas. El caso Malaya se destacó por su magnitud económica y su enfoque en el urbanismo, aprovechando un contexto de burbuja inmobiliaria. Púnica, por su parte, fue notable por su estructura organizada y su impacto político, afectando a figuras de alto perfil del PP. La trama de las asesorías y el caso Efial, en cambio, son más recientes y reflejan una adaptación de las prácticas corruptas a nuevos contextos, como la externalización de servicios administrativos o la gestión de recursos durante la pandemia.

Lecciones no aprendidas y el camino hacia la transparencia

A pesar de los avances en la legislación anticorrupción, como la transposición de la directiva europea sobre protección de denunciantes en 2023, los casos recientes demuestran que las reformas no han sido suficientes. La administración local sigue siendo el ámbito más vulnerable, con el 85% de los 3.743 casos de corrupción registrados entre 2000 y 2020 ocurriendo en municipios. Esto se debe a varios factores: la cercanía entre los cargos políticos y los contratistas, la falta de recursos para auditorías rigurosas y la dependencia de los interventores de los alcaldes, que limita su autonomía

Para combatir estas prácticas, expertos proponen despolitizar la cúpula de las administraciones locales, reduciendo la influencia de los partidos en los nombramientos y fortaleciendo los controles independientes. Otros sugieren la creación de oficinas anticorrupción en cada municipio, lideradas por expertos que supervisen el gasto público y publiquen informes periódicos de transparencia. Sin embargo, la implementación de estas medidas enfrenta resistencias políticas, ya que implicaría ceder poder y recursos.

La trama de las asesorías, aunque menos mediática que casos como Malaya o Púnica, es un recordatorio de que la corrupción en la administración local sigue siendo una lacra persistente en España. Comparada con otros escándalos, comparte elementos como la manipulación de contratos públicos y la falta de controles, pero también refleja una evolución hacia formas más discretas y adaptadas de corrupción. La lucha contra este problema requiere no solo reformas legales, sino un cambio cultural que priorice la transparencia y la rendición de cuentas. Hasta que estas medidas se implementen de manera efectiva, casos como el de las asesorías seguirán siendo la norma, y no la excepción, en el panorama político español.

La trama de las asesorías ha afectado hasta el momento a 15 municipios valencianos, 3 empresas públicas, implicó como investigados a mas de 50 personas, pasaron por los Juzgados casi 100 testigos y peritos dentro de las 15 piezas judiciales que se incoaron. Ha durado hasta el momento 12 años de investigaciones. El informe de la Unidad de Delitos Económicos y Urbanísticos de la Comandancia de la Guardia Civil tiene 2 tomos y 2.480 páginas. Afectó a 3 Juzgados de Instrucción, 5 Juzgados de lo Penal, 3 Salas de la Audiencia Provincial de Valencia y a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Estuvieron investigando la causa 4 fiscales adscritos a la Fiscalía Provincial de Valencia. Se han dictado al menos 3 sentencias condenatorias contra Sancho Sempere por 3 delitos diferentes: delito continuado de prevaricación administrativa, delito continuado de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función y delito de cohecho.