Imagen de la reunión. /EPDA El Partido Popular en la provincia de Valencia ha remarcado la importancia de trabajar la sensibilización en materia de seguridad vial. Sobre este asunto, el diputado provincial y coordinador de programa electoral provincial, Carlos Gil, ha recordado, durante una reunión promovida por la Secretaria de Seguridad Vial del PP, a la que han asistido un nutrido grupo de expertos en la materia, que “los valencianos necesitan mucha más implicación de las instituciones cuando hablamos de seguridad vial, ya que hay municipios que no tienen manera de ofrecer una formación, por ejemplo, a los escolares”.
“Instituciones como la Diputación de Valencia, deben ser el eje vertebrador para apoyar a los municipios que lo necesiten”, ha declarado Gil durante la reunión, a la que también ha asistido el senador Fernando de Rosa y Vicent Huet, adjunto al presidente provincial popular, Vicent Mompó, además de numerosos expertos, como Sandra Aparicio de la editorial AEOL Service, Juan Carlos Muñoz, Presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas, Mario Valero, colaborador de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, Nacho Santos, speaker del Circuito Ricardo Tormo, Yolanda Tomás del Chapter Valencia y Juan Barberá, profesor de Formación Vial.
Durante la reunión, María José Alonso, a cargo del área de Seguridad Vial del PP Provincial, ha puesto de manifiesto que “la salud vial de los ciudadanos, puede afectar negativamente a todo un municipio en su conjunto, desde un menor rendimiento en el trabajo y la productividad hasta el fracaso de las funciones cotidianas”.
Las propuestas del partido popular en materia de seguridad vial se articulan en cuatro ejes: Formación, infraestructuras, equipos de protección y campañas de concienciación e información.
En esta línea, desde el Partido Popular se están impulsando iniciativas legislativas para la mejora de la seguridad vial y los equipamientos.
Así, a principios del mes de febrero el Senador por la provincia de Valencia, Fernando de Rosa, presentó una moción en el Senado instando al Gobierno de España a que las prendas utilizadas por los motoristas tengan el mismo tratamiento fiscal que las utilizadas como accesorio o vestimenta profesional, en la medida en que son de uso obligatorio para preservar la vida y la salud de sus usuarios.
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