El sinhogarismo: una realidad que se agrava en Valencia

El sinhogarismo se ha convertido en un grave problema en Valencia, la tercera ciudad más poblada de España. La creciente presencia de personas sin techo en el cauce del río Turia, el Parc Central y en otras zonas de la periferia evidencia que decenas de personas malviven en las calles. Esta preocupante situación ha sido abordada en una Junta de Portavoces convocada con carácter urgente, tras la cual se reconoció que la capital valenciana enfrenta ya una crisis humanitaria y social de primer orden.

En este contexto, la ciudad de Valencia se enfrenta a un desafío social que va en aumento: el incremento visible de personas sin hogar en sus calles, plazas y parques. Esta realidad ha desatado un intenso debate político entre el gobierno municipal del cap i casal, encabezado por el Partido Popular, y la oposición socialista. Aunque sus propuestas difieren sustancialmente, ambas partes coinciden en la necesidad de actuar con urgencia ante una situación que afecta a uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad.

La perspectiva del Ayuntamiento: expansión de recursos y defensa de la gestión

Desde el equipo de gobierno, la concejala de Bienestar Social, Marta Torrado, defiende la labor del consistorio, subrayando el "esfuerzo" que se ha hecho en coordinación con las entidades sociales para abrir nuevos recursos en la ciudad. Esta respuesta busca contrarrestar las críticas de la oposición, que denuncian recortes y falta de acción ante el crecimiento del número de personas sin hogar.

Uno de los pilares de la gestión actual es el Centro de Atención a las Emergencias Sociales, que según Torrado ahora está abierto “los 365 días del año”, mientras que en anteriores legislaturas sólo funcionaba durante los meses más fríos. Esta ampliación del servicio se presenta como una mejora relevante en la capacidad de respuesta del Ayuntamiento ante las situaciones de emergencia.

Además, la concejala desmiente las acusaciones sobre cierres de albergues. En el caso del albergue del Carmen, explica que “no se ha cerrado, sino reconvertido”. Según el Ayuntamiento, esta transformación responde a una reorientación de recursos para adaptarse mejor a las necesidades actuales.

Mejora de instalaciones y nuevas plazas de atención

En una línea similar, el consistorio valenciano niega que se haya cerrado el albergue Casal d’Esplai de Rocafort. En lugar de eso, asegura que el centro está siendo reformado para mejorar la atención y las condiciones de vida de sus usuarios. Sin embargo, al encontrarse fuera del término municipal de Valencia, su reapertura depende de un acuerdo con el Ayuntamiento de Rocafort para obtener la licencia necesaria.

Además, Marta Torrado también critica que el centro operara anteriormente sin licencia y sin las obras de mantenimiento requeridas, lo que, en su opinión, demuestra una gestión deficiente durante el mandato anterior. En contraste, el actual gobierno municipal afirma estar trabajando de forma conjunta con diversas entidades para ampliar el número de plazas disponibles, conscientes de que la demanda ha aumentado considerablemente en los últimos meses.

En este sentido, se estima que la ciudad dispone de entre 900 y 1.000 plazas, y se prevé la incorporación de nuevas plazas de acogida a través de convenios con hostales privados en situaciones de emergencia.

Reclamos al Gobierno central: falta de coordinación en materia de asilo

El Ayuntamiento de Valencia también dirige sus críticas hacia el Gobierno central, al que acusa de desatender sus competencias en materia de inmigración. Marta Torrado, concejala de Bienestar Social recuerda que, en julio de 2024, solicitó una reunión con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, para coordinar la atención a personas solicitantes de protección internacional. Sin embargo, lamenta que “nunca se respondió a la carta ni se ha convocado una reunión”.

La concejala advierte del riesgo de que se reproduzcan en Valencia situaciones como las vividas en los aeropuertos de Madrid o Barcelona, donde muchas personas migrantes se ven atrapadas en un limbo administrativo sin atención adecuada. La falta de colaboración, sostiene, está agravando un problema cuya gestión no corresponde exclusivamente a los ayuntamientos.

Visión de la oposición: recortes, desatención y una crisis sin precedentes

Por su parte, el PSOE, a través de Maite Ibáñez, concejala de Cooperación al Desarrollo y Migración del Ayuntamiento de Valencia, dibuja un panorama completamente opuesto. El partido socialista acusa al gobierno de María José Catalá de haber desmantelado los servicios sociales municipales, lo que habría provocado una “crisis sin precedentes”. Ibáñez señala que hay más de 300 personas en lista de espera en el Centro de Atención Social a Personas sin Techo (CAST) y el Centro de Atención a la Inmigración (CAI), dos centros clave para la atención a personas sin hogar e inmigrantes.

Para la edil socialista, la situación ha alcanzado un punto crítico por los recortes aplicados desde 2023, que han dejado al personal al límite y sin capacidad para atender dignamente a quienes más lo necesitan. Además, denuncia las redadas llevadas a cabo en el Jardín del Turia, destinadas a desalojar a personas sin hogar sin que se informe del destino o la atención que reciben posteriormente.

Cruz Roja: asistencia directa y compromiso humano

En medio del cruce de acusaciones políticas, la labor de entidades como Cruz Roja adquiere una relevancia aún mayor. El Periódico de Aquí ha contactado con Cruz Roja Española para conocer de primera mano el trabajo que realiza a diario con personas sin hogar en Valencia, donde gestiona el Centro de Atención a Emergencias Sociales (CAES), que dispone de 25 plazas asignadas por los servicios sociales municipales.

Desde Cruz Roja explican que “el centro permanece operativo cada noche, de 20:00 a 08:00 horas, y ofrece alojamiento, cena, desayuno, ropa limpia y servicios de higiene personal. Además, un equipo de entre nueve y diez voluntarios atiende a las personas usuarias con cercanía y respeto, garantizando no solo cobertura de necesidades básicas, sino también un trato digno y humano”.

Este tipo de recursos, subrayan, “son esenciales para ofrecer una respuesta inmediata y efectiva, especialmente en contextos donde los recursos municipales no alcanzan para cubrir toda la demanda”.

Casa Caridad: aumento de la demanda y presión sobre las entidades sociales

Otra organización clave en este ámbito es la Asociación Valenciana Casa Caridad, que ha detectado un notable aumento en la demanda de sus servicios durante el último año. En 2024, atendieron a más de 350 personas sin hogar en su comedor social, y repartieron más de 19.150 lotes de alimentos y productos de higiene.

La entidad gestiona actualmente dos Centros de Acogida Temporal, que están al 100 % de ocupación, así como tres Centros de Educación Infantil, el Programa Escuela-Familia, 10 viviendas supervisadas del Proyecto Fénix y diversos servicios sociales. El perfil mayoritario de los usuarios sigue siendo el de hombres españoles de entre 18 y 50 años, aunque se detectan también otros colectivos en situación de creciente vulnerabilidad.

Desde Casa Caridad destacan que uno de los servicios que más ha crecido es el de atención social y distribución de productos básicos, por el que ya han pasado más de 2.700 personas. Este dato refleja la presión creciente sobre las entidades del tercer sector, que a menudo suplen las carencias de las administraciones públicas en la atención a las personas sin hogar.